Categoría: Medio ambiente y salud pública

En anteriores ediciones, se han constatado afectaciones a la seguridad vial, a la movilidad en la ciudad, al uso del espacio público, y se han incumplido instrucciones de la Guardia Urbana.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que el Ayuntamiento debe tomar medidas cautelares para evitar que se lleve a cabo la Papanoelada Motera el domingo 18 de diciembre, con el objetivo de salvaguardar los diversos derechos afectados por esta marcha de motocicletas.

Además, hay que tener en cuenta que las personas organizadoras de esta marcha no han comunicado la concentración a la autoridad competente, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS). Por lo tanto, si se lleva a cabo, estarían actuando con manifiesto incumplimiento de la normativa de aplicación.

La falta de comunicación de la marcha impide a los responsables municipales organizar los recursos disponibles, y diseñar las medidas a aplicar para minimizar el impacto de la actividad sobre el espacio público y la ciudadanía. La improvisación obliga a utilizar dispositivos de servicios públicos no programados, que pueden afectar la atención de emergencias y las necesidades de la ciudadanía.

Si finalmente tuviera lugar la concentración a pesar de no haberla comunicado a la autoridad competente, será necesario que la Guardia Urbana actúe de manera eficaz, sancionando todas aquellas conductas infractoras que se detecten, y que la DGAS tome las medidas adecuadas ante el incumplimiento de la organización de informar la concentración.

Finalmente, y también en el caso de producirse el evento, la Sindicatura considera necesario que el Ayuntamiento tome mediciones de la contaminación para identificar si se superan los límites legalmente previstos, y pueda sancionar a las personas organizadoras del acontecimiento.

¿En qué consiste esta marcha?

Se trata de una ruta donde participan centenares/miles de personas, vestidas de Papá Noel y en motocicleta, que cruza la ciudad de Barcelona. Este año, el encuentro iniciará en l’Hospitalet de Llobregat y tiene un recorrido previsto por Gran Vía, paseo de Gracia, calle Aragó, paseo de Sant Joan, litoral marítimo, o avenida de Paralel, entre otras.

Esta actividad empezó años atrás. Inicialmente, el consistorio la permitió, pero en 2019 la Guardia Urbana ya emitió un informe desfavorable. El año 2020 no se produjo esta marcha y en 2021 lo hizo sin la preceptiva comunicación.

El informe desfavorable de la Guardia Urbana en 2019 y la explicación de la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica

En el informe de Guardia Urbana de 18 de diciembre de 2019 se detallan los incumplimientos que llevaron a cabo las personas participantes de esta marcha: incumplimientos en materia de seguridad viaria y movilidad; ocupación de la vía pública (carpas y lavabos) sin autorización municipal; servicio de orden insuficiente para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de la ciudadanía; mantener el motor encendido en zonas de estacionamiento, e incluso forzarlo generando más contaminación atmosférica y acústica; y paradas de los centenares de motos en determinados lugares cuando se había acordado que la marcha no se detenía en ningún momento.

Para esta edición de 2022, la Guardia Urbana ha trasladado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que hará la correspondiente acta de denuncia por infracción de los deberes de comunicación, así como el resto de infracciones en las que puedan incurrir.

La Sindicatura también ha contactado con la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona. La Concejalía explica que no se ha recibido ninguna petición para esta la actividad y, por lo tanto, no puede resolver sobre este tema.Sin embargo, sí que detalla que el paso de esta gran concentración de motocicletas puede provocar un incremento de más de 3 dB sobre el ruido de fondo, incremento que provoca importantes molestias acústicas, puesto que se trata de un ruido puntual pero de elevado nivel sonoro.

El impacto de la contaminación en Barcelona

El informe añade las siguientes consideraciones en relación con los aspectos de salud pública, de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

En la ciudad de Barcelona, la contaminación del aire provoca, anualmente, alrededor de 1.900 muertes, 1.100 casos nuevos de asma infantil y 170 casos nuevos de cáncer de pulmón. En el caso del ruido ambiental del tráfico de la ciudad, se estima que más de 210.000 personas sufren una molestia intensa a causa del ruido y que más de 60.000 personas de Barcelona sufren un trastorno grave del sueño debido al ruido. La exposición continuada al ruido ambiental proveniente del tráfico también es responsable de unos 300 casos nuevos de enfermedad isquémica del corazón cada año y de 30 muertos por esta causa.

En este contexto, una actividad de concentración del tráfico rodado con motocicletas supondrá un exceso en las emisiones de contaminantes atmosféricos y del ruido asociado, e implicará una agravación de la situación de contaminación del aire y acústica de la ciudad, que ya de por sí es complicada.

Necesidad de comunicar la concentración a lea autoridades competentes

Teniendo en cuenta las características de la concentración denominada Papanoelada Motera, la Sindicatura considera que es susceptible de intervención administrativa.

La comunicación del acontecimiento como un acto sujeto al derecho de reunión. En este sentido, el derecho de reunión y manifestación desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (LODR), previene que la celebración de reuniones en lugares de tráfico público tendrá que ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por parte de los organizadores o promotoras de aquellas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo (art.8). En fecha de 12 de diciembre, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) ha informado a la Sindicatura que no ha recibido ninguna petición para la marcha convocada para domingo.

Afectación en la seguridad vial, el derecho a la movilidad y el derecho al espacio público

Tal como apunta el informe de la Guardia Urbana de diciembre de 2019, en anteriores ediciones de la marcha se impusieron una serie de medidas que los organizadores y los participantes de la actividad no cumplieron.

Estos incumplimientos dificultaron la movilidad y el uso del espacio público por parte del resto de la ciudadanía, afectaron la seguridad vial, y pusieron en riesgo la seguridad de los concentrados y de los peatones. Considerando estos antecedentes, es probable que, en la edición convocada este año, se produzcan los mismos tipos de alteraciones en el tráfico ordinario y en el funcionamiento de la ciudad.

La Sindicatura quiere hacer inciso en el hecho de que el derecho de reunión, a pesar de ser un derecho fundamental, no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, igual que el resto de derechos fundamentales, tiene sus límites. Concretamente, la limitación del derecho de reunión se puede producir cuando este colisiona con otros derechos reconocidos también por el ordenamiento jurídico español.

Afectación sobre el derecho a un medio ambiente adecuado 

Cómo indica el informe de la Guardia Urbana, la marcha del año 2019 incrementó los niveles de contaminación atmosférica y acústica habitual de la ciudad, a consecuencia de la concentración de miles de motos.

La Sindicatura no puede anticiparse a saber cuál será el seguimiento de la convocatoria de este año. Aun así, el análisis de los datos facilitados por la Guardia Urbana respecto a ediciones anteriores, pone de manifiesto que el seguimiento de esta marcha es habitualmente masivo, puesto que se sitúa entre los 400 y los 5.000 participantes.

De forma que, con toda probabilidad, se producirá un incremento de la contaminación acústica y atmosférica en la ciudad de Barcelona si se celebra el día previsto la concentración de motos que ha sido convocada.

Consecuentemente, la Sindicatura considera pertinente que el Ayuntamiento adopte medidas cautelares en este asunto e impida la celebración de esta concentración para salvaguardar los diversos derechos afectados.

Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.

A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.

La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.

Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.

El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano

El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.

La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.

En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.

Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.

“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.

También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.

Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona

A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.

También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.

Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.

Personas atendidas	2019	2020	2021 (enero-septiembre)
Mujeres	8.037	8.942	12.549
Hombres	4.034	4.407	6.662
Personas con otras identidades de género	8	2	11
Total de personas atendidas	12.079	13.351	19.222

Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico

El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.

También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.

Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local

A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:

• Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.

• Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.

• Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.

• Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.

• Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.

• Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.

• Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.

• Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.

Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento

• Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.

• Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).

• Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.

• Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.

• Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.

• Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.

• Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.

• Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.

• Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.

• Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.

• Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.

• Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.

• Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.

• Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.

• Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.

• Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.

• Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.

• Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.

• Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.

• Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciado la apertura de una actuación de oficio para identificar el impacto económico que el incremento del precio de las tarifas eléctricas está teniendo en la ciudadanía de Barcelona, y en el consistorio y sus entidades municipales.

Aumento del precio de la luz sin precedentes

El coste de la electricidad es una variable económica que afecta directamente a las familias, empresas, personas autónomas y, también, al conjunto de la Administración. Desde el mes de febrero de este año se ha producido un aumento sostenido del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Durante septiembre de 2021, este precio marcó un máximo histórico y casi triplicó los precios del año anterior. Además, no parece que esta exorbitante escalada de precios tenga una mejor perspectiva en los próximos meses.

La electricidad, un suministro básico

Los elevados precios derivados del consumo eléctrico generan un alto grado de preocupación e incertidumbre en la ciudadanía. Hablamos de un consumo básico de primera necesidad con una importancia muy destacada en las economías domésticas de nuestra ciudad, en la que impacta de manera negativa, con especial incidencia en los colectivos más vulnerabilizados.

Los principios de universalidad, igualdad de oportunidades y cohesión social exigen que los servicios básicos sean accesibles y asequibles para toda la ciudadanía. La privación de algunos de estos servicios esenciales para un sector de la población podría vulnerar la dignidad de las personas y su legítimo derecho al desarrollo social. Por estos motivos, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha iniciado un expediente de oficio que permita evaluar la situación actual y conocer qué acciones municipales se están llevando a cabo para paliar los efectos de este aumento del precio de la electricidad.

La intervención de la Sindicatura

El nuevo síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anticipado que el expediente de oficio pretende analizar si este aumento del importe de la tarifa eléctrica ha supuesto un incremento de ayudas económicas y si se están planteando medidas gubernamentales desde el consistorio para afrontar esta realidad. Bondia ha añadido que “es necesario saber cómo se está coordinando esta situación en el ámbito municipal y también investigar cuál ha sido el impacto para el Ayuntamiento y sus entidades municipales”.

La acción municipal no corresponde con el principio de la buena Administración que recoge la carta Europea de los Derechos fundamentales en el artículo 41, como principio rector de la actuación de las administraciones públicas.

Nota de prensa

Ya se han ejecutado medidas sonométricas de comprobación de los niveles acústicos, que han constatado que se superan los niveles máximos establecidos por la normativa.

Nota de prensa

La síndica de greuges de Barcelona desarrolla el Programa de visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona, que tiene el objetivo de conocer de primera mano la realidad de los barrios.

Nota de premsa

La defensora ha remarcado que “siempre hemos demostrado que somos una institución independiente y objetiva que atiende cualquier persona, colectivo o entidad jurídica que se sienta agravada por el Ayuntamiento”.

Nota de prensa

La defensora desarrolla el Programa de visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona desde el año 2013, con el fin de conocer de primera mano la realidad de los barrios para contextualizar las quejas que afectan directamente la calidad de vida del vecindario.

Nota de prensa

El próximo lunes 7 de octubre a las 18.30 horas la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentará la misión de la institución y recogerá quejas del vecindario en el Espai 210 (c/Padilla, 210).

Nota de prensa

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se reunió con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Sant Andreu Sud para escuchar sus reclamos y las principales peticiones que demandan a los órganos municipales.

Nota de prensa