Categoría: Medio ambiente y salud pública

La Sindicatura visita el Centro de Acogida de Animales de Barcelona y traslada diversas recomendaciones a la Dirección de Servicios de los Derechos de los Animales

Centro de Acogida de Animales

Con el objetivo de conocer su funcionamiento, la Sindicatura de Greuges ha visitado el Centro de Acogida de Animales (CAACB) para conocer de primera mano la organización del servicio y el estado de las instalaciones.

Tuvo lugar el 15 de diciembre de 2022, con la persona responsable del Departamento de Protección de los Animales y la persona coordinadora de la empresa adjudicataria de la licitación para el servicio de adiestramiento de animales y el servicio de paseadores.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la actuación de la Dirección de Servicios de Derecho de los Animales es adecuada, a pesar de que tiene cierto margen de mejora. La defensoría destaca que hay que garantizar que los perros acogidos en el CAACB puedan salir diariamente de las jaulas, y mantener informado al voluntariado de todas las cuestiones que puedan interesarlos, especialmente en cuanto a las eutanasias practicadas.

El voluntariado, una herramienta fundamental del CAACB

El CAACB es un servicio de la ciudad en el que el voluntariado acontece una estructura de apoyo necesario para el centro. El número de persones voluntarias supera el número de personas trabajadoras asalariadas.

El voluntariado del CAACB es fundamental para prestar el servicio. Por este motivo, la Sindicatura considera que hay que informarle proactivamente de los asuntos que lo afecten, así como recoger sus propuestas de mejora, evaluarlas y dar respuesta.

Las limitaciones de la actual instalación del CAACB

La construcción de la actual instalación es de 1972. Desde entonces, se han hecho varias intervenciones para dignificar las condiciones, pero la limitación de espacio del equipamiento no permite introducir todas las mejoras necesarias.

Solo dispone de un patio de dimensiones reducidas, donde los perros tienen su lugar de recreo fuera de las jaulas. Está destinado a los perros que no pueden salir a pasear con la frecuencia necesaria. A pesar de que la dimensión de las jaulas es bastante adecuada, no es un lugar indicado para permanecer muchas horas o días, puesto que no se puede llevar a cabo la actividad física requerida por los animales. Hay que tener en cuenta que buena parte de los perros acogidos son de talla grande y es imprescindible el ejercicio físico.

En 2022, el Ayuntamiento ha anunciado la construcción de un nuevo CAACB en unos terrenos municipales de 22.000 m² ubicados en Montcada i Reixac. Están previstos espacios interiores donde los perros podrán pasear, situación que implicará permanecer menos tiempos enjaulados y que no tengan que compartir espacios transitados por otras personas, como sucede actualmente. La Sindicatura insiste en la necesidad de agilizar el proceso de construcción, con el objetivo de garantizar el máximo bienestar físico y psicológico de los animales en el menor tiempo posible.

Los paseos de los perros acogidos en el centro

Según se informó durante la visita de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, todos los perros deberían salir una o dos veces al día, con una duración de unos 20-30 minutos por paseo. El resto del día permanecen cerrados en las jaulas.

El CAACB también acoge perros potencialmente peligrosos y perros difíciles de tratar. Estos animales requieren conocimientos específicos para sacarlos de las jaulas y pasearlos. Estas habilidades no se pueden exigir a las personas voluntarias, sino que es necesario personal especializado. Por este motivo, el CAACB ha contratado un servicio especializado formado por un equipo humano de siete personas.

Durante la visita, la Sindicatura observó el cuadro de paseos y comprobó que había animales que llevaban 2-3 días enjaulados. En uno de los documentos que el Ayuntamiento ha enviado a la Sindicatura, el consistorio se ha mostrado conocedor de este hecho.

Atendiendo la incidencia que tiene esta situación en el bienestar físico y psicológico de los animales, la Sindicatura considera insuficiente el número de personas profesionales paseadoras. Esta conclusión se arrecia en el informe de seguimiento del servicio de educadores y paseadores, en el que consta que el personal hizo 81 horas extraordinarias en un mes. En esta línea, el informe también muestra que la media de horas ordinarias supera con creces las exigencias del contrato (69 horas de educación canina y 110 horas de paseo).

Otra consecuencia relevante, y asociada a este hecho, es la dificultad de limpiar las jaulas si los animales no salen, puesto que se lleva a cabo durante el tiempo de paseo.

Por todos estos motivos, la Sindicatura recomienda estudiar la posibilidad de modificar el contrato para la gestión del servicio y ajustarlo a las necesidades reales del servicio.

La información relativa a las eutanasias

El protocolo de atención veterinaria, facilitado por los responsables municipales, establece tres supuestos de eutanasia de animales que coinciden con los previstos en el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de protección de los animales (art. 11.2): supuesto de conductas agresivas, supuesto de estados patológicos que impliquen sufrimiento, y supuesto de enfermedades transmisibles graves.

Con el objetivo de cumplir con lo que prevé la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Sindicatura ha recordado al CAACB que debe tener un registro de todos los animales que se sacrifican. La ciudadanía, y especialmente las personas que prestan algún servicio en el centro, deben tener la posibilidad de acceder a la información.

La Sindicatura pide medidas cautelares al Ayuntamiento para evitar la Papanoelada Motera

En anteriores ediciones, se han constatado afectaciones a la seguridad vial, a la movilidad en la ciudad, al uso del espacio público, y se han incumplido instrucciones de la Guardia Urbana.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que el Ayuntamiento debe tomar medidas cautelares para evitar que se lleve a cabo la Papanoelada Motera el domingo 18 de diciembre, con el objetivo de salvaguardar los diversos derechos afectados por esta marcha de motocicletas.

Además, hay que tener en cuenta que las personas organizadoras de esta marcha no han comunicado la concentración a la autoridad competente, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS). Por lo tanto, si se lleva a cabo, estarían actuando con manifiesto incumplimiento de la normativa de aplicación.

La falta de comunicación de la marcha impide a los responsables municipales organizar los recursos disponibles, y diseñar las medidas a aplicar para minimizar el impacto de la actividad sobre el espacio público y la ciudadanía. La improvisación obliga a utilizar dispositivos de servicios públicos no programados, que pueden afectar la atención de emergencias y las necesidades de la ciudadanía.

Si finalmente tuviera lugar la concentración a pesar de no haberla comunicado a la autoridad competente, será necesario que la Guardia Urbana actúe de manera eficaz, sancionando todas aquellas conductas infractoras que se detecten, y que la DGAS tome las medidas adecuadas ante el incumplimiento de la organización de informar la concentración.

Finalmente, y también en el caso de producirse el evento, la Sindicatura considera necesario que el Ayuntamiento tome mediciones de la contaminación para identificar si se superan los límites legalmente previstos, y pueda sancionar a las personas organizadoras del acontecimiento.

¿En qué consiste esta marcha?

Se trata de una ruta donde participan centenares/miles de personas, vestidas de Papá Noel y en motocicleta, que cruza la ciudad de Barcelona. Este año, el encuentro iniciará en l’Hospitalet de Llobregat y tiene un recorrido previsto por Gran Vía, paseo de Gracia, calle Aragó, paseo de Sant Joan, litoral marítimo, o avenida de Paralel, entre otras.

Esta actividad empezó años atrás. Inicialmente, el consistorio la permitió, pero en 2019 la Guardia Urbana ya emitió un informe desfavorable. El año 2020 no se produjo esta marcha y en 2021 lo hizo sin la preceptiva comunicación.

El informe desfavorable de la Guardia Urbana en 2019 y la explicación de la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica

En el informe de Guardia Urbana de 18 de diciembre de 2019 se detallan los incumplimientos que llevaron a cabo las personas participantes de esta marcha: incumplimientos en materia de seguridad viaria y movilidad; ocupación de la vía pública (carpas y lavabos) sin autorización municipal; servicio de orden insuficiente para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de la ciudadanía; mantener el motor encendido en zonas de estacionamiento, e incluso forzarlo generando más contaminación atmosférica y acústica; y paradas de los centenares de motos en determinados lugares cuando se había acordado que la marcha no se detenía en ningún momento.

Para esta edición de 2022, la Guardia Urbana ha trasladado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que hará la correspondiente acta de denuncia por infracción de los deberes de comunicación, así como el resto de infracciones en las que puedan incurrir.

La Sindicatura también ha contactado con la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona. La Concejalía explica que no se ha recibido ninguna petición para esta la actividad y, por lo tanto, no puede resolver sobre este tema.Sin embargo, sí que detalla que el paso de esta gran concentración de motocicletas puede provocar un incremento de más de 3 dB sobre el ruido de fondo, incremento que provoca importantes molestias acústicas, puesto que se trata de un ruido puntual pero de elevado nivel sonoro.

El impacto de la contaminación en Barcelona

El informe añade las siguientes consideraciones en relación con los aspectos de salud pública, de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

En la ciudad de Barcelona, la contaminación del aire provoca, anualmente, alrededor de 1.900 muertes, 1.100 casos nuevos de asma infantil y 170 casos nuevos de cáncer de pulmón. En el caso del ruido ambiental del tráfico de la ciudad, se estima que más de 210.000 personas sufren una molestia intensa a causa del ruido y que más de 60.000 personas de Barcelona sufren un trastorno grave del sueño debido al ruido. La exposición continuada al ruido ambiental proveniente del tráfico también es responsable de unos 300 casos nuevos de enfermedad isquémica del corazón cada año y de 30 muertos por esta causa.

En este contexto, una actividad de concentración del tráfico rodado con motocicletas supondrá un exceso en las emisiones de contaminantes atmosféricos y del ruido asociado, e implicará una agravación de la situación de contaminación del aire y acústica de la ciudad, que ya de por sí es complicada.

Necesidad de comunicar la concentración a lea autoridades competentes

Teniendo en cuenta las características de la concentración denominada Papanoelada Motera, la Sindicatura considera que es susceptible de intervención administrativa.

La comunicación del acontecimiento como un acto sujeto al derecho de reunión. En este sentido, el derecho de reunión y manifestación desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (LODR), previene que la celebración de reuniones en lugares de tráfico público tendrá que ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por parte de los organizadores o promotoras de aquellas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo (art.8). En fecha de 12 de diciembre, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) ha informado a la Sindicatura que no ha recibido ninguna petición para la marcha convocada para domingo.

Afectación en la seguridad vial, el derecho a la movilidad y el derecho al espacio público

Tal como apunta el informe de la Guardia Urbana de diciembre de 2019, en anteriores ediciones de la marcha se impusieron una serie de medidas que los organizadores y los participantes de la actividad no cumplieron.

Estos incumplimientos dificultaron la movilidad y el uso del espacio público por parte del resto de la ciudadanía, afectaron la seguridad vial, y pusieron en riesgo la seguridad de los concentrados y de los peatones. Considerando estos antecedentes, es probable que, en la edición convocada este año, se produzcan los mismos tipos de alteraciones en el tráfico ordinario y en el funcionamiento de la ciudad.

La Sindicatura quiere hacer inciso en el hecho de que el derecho de reunión, a pesar de ser un derecho fundamental, no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, igual que el resto de derechos fundamentales, tiene sus límites. Concretamente, la limitación del derecho de reunión se puede producir cuando este colisiona con otros derechos reconocidos también por el ordenamiento jurídico español.

Afectación sobre el derecho a un medio ambiente adecuado 

Cómo indica el informe de la Guardia Urbana, la marcha del año 2019 incrementó los niveles de contaminación atmosférica y acústica habitual de la ciudad, a consecuencia de la concentración de miles de motos.

La Sindicatura no puede anticiparse a saber cuál será el seguimiento de la convocatoria de este año. Aun así, el análisis de los datos facilitados por la Guardia Urbana respecto a ediciones anteriores, pone de manifiesto que el seguimiento de esta marcha es habitualmente masivo, puesto que se sitúa entre los 400 y los 5.000 participantes.

De forma que, con toda probabilidad, se producirá un incremento de la contaminación acústica y atmosférica en la ciudad de Barcelona si se celebra el día previsto la concentración de motos que ha sido convocada.

Consecuentemente, la Sindicatura considera pertinente que el Ayuntamiento adopte medidas cautelares en este asunto e impida la celebración de esta concentración para salvaguardar los diversos derechos afectados.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama que el acceso a la energía sea considerado un derecho humano

Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.

A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.

La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.

Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.

El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano

El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.

La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.

En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.

Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.

“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.

También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.

Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona

A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.

También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.

Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.

Personas atendidas201920202021 (enero-septiembre)
Mujeres8.0378.94212.549
Hombres4.0344.4076.662
Personas con otras identidades de género8211
Total de personas atendidas12.07913.35119.222
Datos facilitados por el Servicio PAE

Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico

El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.

También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.

Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local

A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:

  • Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.
  • Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.
  • Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.
  • Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.
  • Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.
  • Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.
  • Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.
  • Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.

Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento

  • Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.
  • Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).
  • Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.
  • Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.
  • Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.
  • Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.
  • Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.
  • Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.
  • Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.
  • Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.
  • Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.
  • Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.
  • Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.
  • Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.
  • Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.
  • Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.
  • Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.
  • Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.
  • Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.
  • Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.

La Sindicatura traslada a la Agencia de Salud Pública de Barcelona la necesidad de continuar con la tarea de control y erradicación de múridos en la ciudad

Plaga murids ASPB

Después de recibir una queja por una plaga de ratas en la Barceloneta y pedir información municipal, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que es necesario continuar con la tarea de control y erradicación que lleva a cabo la Agencia de Salud Pública de Barcelona en relación con los múridos de la ciudad.

Para perseverar en esta tarea de control y erradicación de los múridos, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa considera que se deben aumentar las medidas de control mediante inspecciones periódicas mensuales sin necesidad de evidencias, indicios o denuncias vecinales, y también hacer controles todavía más exhaustivos a las zonas con más peligro de proliferación de roedores.

Los datos en Barcelona

El Servicio de Vigilancia y Control de Plagas Urbanas (SVIPLA) es el responsable de controlar las plagas de múridos en la vía pública y en la red de alcantarillado de Barcelona mediante protocolos y mecanismos que se utilicen para la desratización. Este servicio desestima las actuaciones preventivas de desratización, y basa las actuaciones de control en las evidencias o indicios de la presencia de múridos.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) mantiene actualmente 2.400 puntos de vigilancia para limitar las poblaciones de roedores en la ciudad y por primera vez ha incrementado el número de personas profesionales del SVIPLA. Además de estos puntos de vigilancia, la ciudad tiene 1.500 puntos de control activos. Estos puntos de control se establecen cuando la ciudadanía comunica una incidencia y se hace un seguimiento periódico.

La ASPB también indica que desde enero a mayo de 2020 se comunicaron 800 incidencias y se hicieron 6.093 intervenciones; el 2021 se comunicaron 708 incidencias y se hicieron 6.133 intervenciones; y el 2022 se comunicaron 755 incidencias y se hicieron 10.102 intervenciones. Por este motivo, el presupuesto ha incrementado un 44% respecto del año 2021.

Por lo tanto, atendiendo la cantidad de puntos de vigilancia existentes, de puntos de control activos en la ciudad y el incremento de intervenciones, la Sindicatura considera que se deben continuar potenciando las medidas que se están llevando a cabo para controlar y erradicar las plagas de múridos, un problema que persiste en Barcelona.

La plaga de ratadas solucionada en una ubicación de la Barceloneta

La Sindicatura de Greuges de Barcelona recibió, a finales del año 2021, un formulario de reclamación firmado por 38 personas que denunciaba la presencia de ratas entre la calle Pinzón y la plaza del Gas (Distrito de Ciutat Vella). Manifestaban que el Ayuntamiento había tratado el asunto hacía unos meses, pero el problema todavía persistía.

Para tratar esta plaga, se hizo un tratamiento de choque durante dos meses (marzo y abril de 2022) con un control químico directo mediante cebos rodenticidas. Por otro lado, también se llevó a cabo la desratización mediante una máquina ecológica de captura de roedores, con capacidad de captura de más de 80 múridos, durante todo el año 2022, con actuaciones mensuales.

En agosto del 2022, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha contactado con la persona promotora de la queja, que ha informado que no se han vuelto a ver ratas en la plaza. Por lo tanto, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa entiende que se ha controlado la plaga y que el plan de actuación llevado a cabo por las empresas encargadas ha estado satisfactorio.

La Sindicatura recomienda al Ayuntamiento que priorice el uso de parques y jardines para la ciudadanía mediante la ampliación del horario

Parcs i jardins

Históricamente, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas ciudadanas sobre los horarios de los parques y jardines de la ciudad, básicamente por no ser coincidentes con los horarios establecidos que constan en la página web municipal, y para trasladar la demanda de aprovechar más las horas de luz solar en las épocas primaverales y veraniegas del año.

Teniendo en cuenta la necesidad de más áreas verdes en la ciudad, situación que se ha hecho más evidente con la aparición de la pandemia de la COVID-19, y para contrarrestar los efectos del cambio climático, la Sindicatura quiere insistir en la recomendación de ampliar los horarios de los parques y jardines de Barcelona. De este modo, la ciudadanía podrá disfrutar de estos espacios durante las horas de luz natural que tenemos.

Es extraño que en una ciudad de clima mediterráneo, en la que las temperaturas permitan la estancia al aire libre casi en cualquier hora del día, las personas no puedan acceder a los parques y jardines municipales antes de las 10 horas, porque estos no abren hasta entonces. Hay que tener en cuenta que el sol, como tarde, sale a las 8:30 horas en horario de invierno, y es bastante más tempranero durante los meses de verano.

Años anteriores, el consistorio había respondido a esta recomendación asegurando que muchos espacios verdes no se abrían antes de las 10 horas porque los operarios encargados de abrir las puertas iniciaban las rutas y tareas de mantenimiento asignadas a las 8 horas, pero que no se podía comprometer a establecer un horario de apertura anterior, puesto que no disponía de efectivos suficientes para llevarla a cabo.

Para concluir este asunto, y con el objetivo de conseguir una ciudad más habitable en cuanto a la salud, el bienestar y la calidad de vida, desde la Sindicatura de Greuges se considera imprescindible que el consistorio dedique los esfuerzos y recursos necesarios para poder garantizar un horario de uso adecuado de aquellos espacios verdes de titularidad municipal con los que ya cuenta Barcelona actualmente. De poco sirve la ampliación de superficie de verde si no se puede disfrutar de aquello que se dispone.

El síndic de Barcelona celebra la eliminación de los envases de plástico de un único uso en las carreras deportivas de la ciudad

Eliminacion plastico carreras

En el marco de la Semana Europea de la prevención de residuos, la Sindicatura de Greuges de Barcelona hace referencia a la actuación de oficio sobre el impacto medioambiental del uso de envases de plástico desechable en las carreras urbanas con varias recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona: la elaboración de un código de buenas prácticas, el establecimiento de un cuadro de indicadores para medir el impacto ambiental, y la creación de un Plan de Gestión Ambiental para las carreras.

En un contexto general, es necesario decir que la actuación del Ayuntamiento ha sido acertada con el compromiso de reducir el plástico en la ciudad, pero puede ser mejorable en términos de eficacia en la gestión de las carreras urbanas. De este estudio también se percibe que el consistorio actúa más firmemente en aquellas carreras donde es organizador o colaborador, mientras que en todas aquellas que se celebran en la ciudad pero no tiene ningún vínculo directo, hay una carencia generalizada de datos para valorar como se está llevando a cabo la gestión ambiental.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha constatado de primera mano cómo en las dos últimas carreras de este año en la ciudad (Bombers y Jean Bouin) se han eliminado totalmente los envases de plástico de un suelo uso.

El origen de la actuación de oficio

En las calles de la ciudad de Barcelona cada año se desarrollan un gran número de carreras. Se trata de acontecimientos autorizados que impulsan la práctica deportiva, a pesar de que a su vez generan bastantes agentes contaminantes en el medio ambiente por la gran cantidad de botellas de plástico que tradicionalmente se han repartido entre las personas participantes. Por este motivo, la Sindicatura de Greuges de Barcelona inició un estudio de oficio que permitiera valorar el impacto medioambiental del uso de envases de plástico desechable en las carreras urbanas.

Las responsabilidades y actuaciones del consistorio en las carreras deportivas celebradas en la ciudad

El Institut Barcelona Esports (IBE) ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que en la ciudad se llevan a cabo unas sesenta carreras cada año y que, de estas, en una decena el IBE es titular o colabora.

Concretamente, el IBE es titular en seis pruebas deportivas, cinco de las cuales organizadas mediante la concurrencia de los interesados en concurso público. La carrera de la Mercè es la única que el organismo organiza de manera directa. El IBE insiste que en los requisitos de autorización de las carreras que coordina siempre se piden cláusulas medioambientales, pero vinculadas al ruido y su limitación.

Desde la administración municipal también se explica que ponen a disposición de todos los organizadores los recursos materiales y humanos necesarios para recoger los residuos generados, y es la Dirección de los Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos quien hace el dimensionado de los recursos necesarios.

El IBE manifiesta que desde el año 2017 constan iniciativas destinadas a la reducción del plástico en estos acontecimientos deportivos mediante la eliminación de las botellas de plástico, que mayoritariamente han sido sustituidas por vasos compostables en todas las actividades que requieren concesión municipal. Por último, el consistorio hace mención al hecho de no disponer de los datos de la cantidad de residuos que se recogen en cada una de las carreras. Sin embargo, también resalta que se está trabajando para poder disponer de estos datos.

Las valoraciones de la Sindicatura

Si bien es necesario valorar la sustitución del plástico por vasos compostables en las carreras autorizadas por el Ayuntamiento, la Sindicatura destaca negativamente que no se haga ninguna referencia al resto de carreras que también se llevan a cabo en la ciudad y de las cuales el IBE no dispone de ningún tipo de datos. Atendiendo el volumen de carreras que se desarrollan en la ciudad, debería considerarse la opción de contar con un órgano o departamento que centralice datos de todas las carreras y permita evaluar el impacto.

El estudio de oficio de la Sindicatura ha hecho seguimiento del desarrollo de algunas carreras durante los últimos dos años y ha podido observar diferentes formas de llevar a cabo los avituallamientos para garantizar la hidratación de los corredores: vasos compostables; fuentes públicas portátiles; reparto de bidones reutilizables para uso individual, aunque hasta este año aún se daba botellas de plástico en las carreras.

En coherencia con el Compromiso Plástico Cero, se debe valorar la conveniencia de disponer de un código de buenas prácticas, entendido como el conjunto de recomendaciones y compromisos en referencia al uso y la gestión de los residuos plásticos. Los códigos de buenas prácticas, más allá de un instrumento de sensibilización, permiten definir acciones e indicadores para rediseñar estrategias efectivas que impulsen la protección del medio ambiente.

En este informe se ha detectado la dificultad para cuantificar el impacto del plástico de un único uso en las carreras. Cómo se ha informado a la Sindicatura, los residuos generados durante las carreras se juntan y se mezclan con los otros residuos municipales, hecho que imposibilita su medición, tal como dispone la Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico. Cuantificar residuos y establecer indicadores que faciliten la valoración es un primer paso para conocer el impacto medioambiental real que suponen las carreras urbanas, y concienciar a la ciudadanía sobre la necesaria reducción de residuos.

Por último, también se propone la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para las carreras que se desarrollen en la ciudad, con el objetivo de prevenir la reducción de residuos y mejorar la gestión estableciendo un seguimiento de las fracciones que se generen hasta las plantas de tratamiento.

El síndic de Barcelona abre una actuación de oficio para evaluar el impacto del incremento del precio de la luz

Incremento precio luz

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciado la apertura de una actuación de oficio para identificar el impacto económico que el incremento del precio de las tarifas eléctricas está teniendo en la ciudadanía de Barcelona, y en el consistorio y sus entidades municipales.

Aumento del precio de la luz sin precedentes

El coste de la electricidad es una variable económica que afecta directamente a las familias, empresas, personas autónomas y, también, al conjunto de la Administración. Desde el mes de febrero de este año se ha producido un aumento sostenido del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Durante septiembre de 2021, este precio marcó un máximo histórico y casi triplicó los precios del año anterior. Además, no parece que esta exorbitante escalada de precios tenga una mejor perspectiva en los próximos meses.

La electricidad, un suministro básico

Los elevados precios derivados del consumo eléctrico generan un alto grado de preocupación e incertidumbre en la ciudadanía. Hablamos de un consumo básico de primera necesidad con una importancia muy destacada en las economías domésticas de nuestra ciudad, en la que impacta de manera negativa, con especial incidencia en los colectivos más vulnerabilizados.

Los principios de universalidad, igualdad de oportunidades y cohesión social exigen que los servicios básicos sean accesibles y asequibles para toda la ciudadanía. La privación de algunos de estos servicios esenciales para un sector de la población podría vulnerar la dignidad de las personas y su legítimo derecho al desarrollo social. Por estos motivos, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha iniciado un expediente de oficio que permita evaluar la situación actual y conocer qué acciones municipales se están llevando a cabo para paliar los efectos de este aumento del precio de la electricidad.

La intervención de la Sindicatura

El nuevo síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anticipado que el expediente de oficio pretende analizar si este aumento del importe de la tarifa eléctrica ha supuesto un incremento de ayudas económicas y si se están planteando medidas gubernamentales desde el consistorio para afrontar esta realidad. Bondia ha añadido que “es necesario saber cómo se está coordinando esta situación en el ámbito municipal y también investigar cuál ha sido el impacto para el Ayuntamiento y sus entidades municipales”.

La síndica pide el replanteamiento futuro de una potencial zona verde en un espacio de les Corts que actualmente cumple la función de aparcamiento

Espacio verde Les Corts

Después de la denuncia del vecindario de les Corts, la síndica de greuges de Barcelona ha recomendado que se adecúe la planificación de un espacio del Distrito que actualmente cumple la función de aparcamiento, para convertirlo en verde y dotarlo de coherencia con el objetivo de tener una ciudad más sostenible y verde.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido el malestar ciudadano en el que se expone la disconformidad con el Ayuntamiento por el no desarrollo de un espacio calificado de zona verde en la isla formada por las calles Benavent, Felipe de Paz, Comandant Benítez y travessera de les Corts, donde hay un parking provisional de coches, con deficiencias de conservación. El ciudadano explica que el Distrito lo informó que no se encontraba previsto desarrollar la zona verde que el planeamiento hace años que prevé, situación que considera un grave perjuicio para el vecindario de la zona, que en lugar de disfrutar de la zona verde prevista tienen que sufrir un parking con las molestias que comporta y un espacio que no se encuentra debidamente mantenido.

Actuaciones previstas en les Corts

Es necesario citar que todos los distritos de Barcelona están adoptando medidas de Gobierno de declaración de emergencia climática, en las que la ciudad plantea siete grandes cambios de modelo. Dentro de estos cambios se destaca, como retos más relevantes, incrementar el verde urbano y conseguir que se distribuya de manera equilibrada en todo el territorio, a la vez que transformar el espacio público para mejorar las condiciones ambientales y de salud. También se manifiesta en este cambio de modelo que se debe recuperar el espacio destinado al vehículo privado para el uso social, como ha sido por ejemplo la implementación de las superilles y el incremento de verde urbano.

En les Corts, dentro de las actuaciones clave de verde urbano, destaca: mejorar el mantenimiento de los parques del Distrito, sus condiciones y sus usos, como es el parque Cervantes, los jardines de Bacardí y los jardines de Clara Campoamor; redactar el nuevo espacio verde público en la calle de John M. Keynes, y urbanizar la nueva zona verde de la avenida de la Mare de Déu de Lorda y el nuevo espacio verde de Europa-Anglesola.

La isla de calles protagonista de la queja

Dentro de la isla formada por las calles Benavent, Felipe de Paz, Comandant Benítez y travessera de las Cortes, falta por urbanizar un solar destinado a zona verde. Este espacio tiene una calificación de 6b Parcs i Jardins de nueva creación de carácter local desde hace muchos años, que se mantuvo en la última Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del sector Bacardí del año 1999.

Esta provisionalidad como parking, según ha informado el Ayuntamiento, no tiene fecha de finalización, puesto que no hay ninguna previsión y no se encuentra entre las actuaciones a priorizar para crear zona verde, de acuerdo con el Plan de Actuación del Distrito para el periodo 2020-2024.
Sin embargo, a pesar de que, como se ha comentado en el punto anterior, el espacio objeto de análisis está calificado de espacio verde en el planeamiento especial, nada se dice de este espacio en las medidas municipales. Por lo tanto, parece que se renuncie a su implementación como zona verde en un futuro, a pesar de que hacerlo reforzaría todas las líneas estratégicas y objetivos que ha marcado el Ayuntamiento. Además, se daría cumplimiento al planeamiento previsto desde hace muchos años.


Finalmente, se tiene que remarcar también la mejora en el paisaje urbano que supondría para el vecindario de la zona, puesto que no solo se trata de posibles deficiencias en el mantenimiento del espacio (que el Ayuntamiento informa que han sido corregidas), sino del derecho de la ciudadanía a disfrutar de un paisaje urbano armónico, y a la mejora, protección y mantenimiento de este y de la imagen de la ciudad, que queda desvirtuado actualmente con el uso que se hace del espacio como aparcamiento de coches.

Finaliza la fase de apoyo ciudadano a las candidaturas a la Sindicatura de Greuges con la participación de 3.034 personas y 189 entidades

Fase de apoyo ciudadano

Este 19 de mayo ha finalizado la fase de apoyo ciudadano del proceso de elección del futuro síndico o síndica de greuges de Barcelona, con la participación de 3.034 personas y la adhesión de 189 entidades a las diferentes candidaturas. Ciudadanía y entidades han podido mostrar su apoyo a alguna de las ocho personas que diferentes entidades de la ciudad habían presentado como candidatas, en la primera fase del proceso que se hizo entre enero y marzo. Ha sido la segunda ocasión en que el proceso de elección del cargo se ha abierto al tejido asociativo y a la ciudadanía en general, que hace cinco años concluyó con la reelección de Maria Assumpció Vilà en el cargo. Para este 2021, y a diferencia del 2016, el proceso se ha llevado a cabo íntegramente a la plataforma de participación municipal Decidim.Barcelona, a través de un sistema de verificación integrado con el padrón municipal, donde han podido participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Barcelona.

Con la apertura a la ciudadanía del proceso de elección se perseguía un doble objetivo. Por un lado, acercar el órgano de defensa de derechos a la ciudadanía, y por el otro, condicionar el debate y la negociación de los grupos políticos que componen la Corporación Municipal y que, en última instancia, y de acuerdo con la normativa, tendrán que escoger entre todas las candidaturas.

El proceso de recogida de apoyo ciudadano ha ido acompañado de una campaña de comunicación en toda la ciudad, así como de diferentes debates públicos de presentación y confrontación de las propuestas de las ocho candidaturas. Así, los medios de comunicación betevé y Onda Cero organizaron y emitieron debates, el 3 y el 11 de mayo respectivamente, y el Consell de Ciutat sometió también todas las candidaturas a una audiencia en la que tuvieron que responder a diferentes cuestiones planteadas por miembros del Consejo.

Si bien el mecanismo para apoyar a una de las ocho candidaturas se ha hecho exclusivamente por internet a través de la plataforma Decidim.Barcelona, se han habilitado también cinco puntos de acompañamiento presenciales para aquellas personas sin recursos informáticos o conocimiento para participar y salvar así la brecha digital. Estos puntos han sido repartidos a diferentes puntos de la ciudad, en Sant Andreu, Gracia, Sant Martí, les Corts y Horta-Guinardó.

Además de los apoyos a títulos individuales, el proceso de recogida de apoyos también preveía que las entidades pudieran adherirse a una de las candidaturas, acción que se ha llevado a cabo por un total de 189 asociaciones (entre las que presentaron las candidaturas y las que se han adherido en la segunda fase), todas ellas inscritas en Fichero de Entidades municipal. La lista de candidaturas según el número de apoyos ha sido lo siguiente:

  • David Bondia: 1.414 apoyos ciudadanos y 57 adhesiones de entidades.
  • Ramon Nicolau: 410 apoyos ciudadanos y 73 adhesiones de entidades.
  • Jordi Giró: 288 apoyos ciudadanos y 23 adhesiones de entidades.
  • Zaida Muxí: 270 apoyos ciudadanos y 10 adhesiones de entidades.
  • Isabel Alonso: 215 apoyos ciudadanos y 6 adhesiones de entidades.
  • Ricard de la Rosa: 186 apoyos ciudadanos y 9 adhesiones de entidades.
  • Rosa Cañadell: 167 apoyos ciudadanos y 3 adhesiones de entidades.
  • Rafel López: 84 apoyos ciudadanos y 8 adhesiones de entidades.

La contaminación acústica en Barcelona: datos y recomendaciones

Contaminación acústica BCN

En el marco de la Semana sin Ruido 2021, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hace un repaso de los principales motivos de queja de la ciudadanía relacionados con la contaminación acústica en Barcelona, los datos, las actuaciones del ayuntamiento y la valoración que lleva a cabo la Sindicatura.

Cifras de quejas de contaminación acústica y principales motivos

20172018201920202021(1r cuatrimestre)
82 quejas63 quejas100 quejas58 quejas26 quejas

Básicamente, los motivos de queja más recurrentes vinculados a la contaminación acústica son los siguientes:

  • Contaminación acústica derivada de la recogida de basura, especialmente la recogida selectiva de muebles y trastos viejos (voluminosos) que se lleva a cabo en horario nocturno.
  • Contaminación acústica generada por maquinaria: equipos de climatización o sistemas de extracción de humos por ejemplo.
  • Contaminación acústica derivada de locales de ocio y restauración (música, comportamientos).
  • Contaminación acústica derivada de la convivencia de vecinos (gritos, ladridos de perro, movimiento de muebles).

Los efectos de la contaminación acústica

El informe recientemente presentado “Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona”, elaborado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) constata que el 57% de la población está expuesta a niveles de ruido superiores a los que la OMS ya considera negativos para la salud, y un 27% de la población lo está a niveles mucho por encima de este umbral. El informe de la ASPB concluye que el ruido tiene efectos en la salud emocional y psicológica y puede producir trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares.

El estudio añade que 210.000 personas sufren una molestia intensa por ruido, más de 60.000 tienen trastorno del sueño y que alrededor del 3% de las muertes por enfermedad cardiovascular serían atribuibles a esta causa. Del informe también se concluye que este impacto tiene lugar de forma más concentrada en los barrios del centro de la ciudad y que coincide con los distritos de los cuales se reciben más quejas en esta Sindicatura.

Las molestias acústicas que genera la recogida de muebles y trastos viejos

En los últimos años, la ciudadanía se ha dirigido a la Sindicatura de Greuges de Barcelona para exponer las molestias de ruido que genera la recogida de muebles y trastos viejos en la ciudad, tanto por la manera en la que se depositan los diferentes enseres en los camiones de recogida como por el fuerte volumen de las conversaciones de los trabajadores que las ejecutan. Las personas promotoras de las quejas, que en estos casos son vecinos y vecinas de los Distritos de Sants-Montjuic, Gracia, Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí, mayoritariamente, manifiestan que no pueden descansar las noches que se lleva a cabo la recogida selectiva de voluminosos en su calle.

Qué hace el Ayuntamiento para solucionarlo?

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona de las medidas tomadas para minimizar las molestias acústicas, centradas en dos ejes: medidas técnicas implementadas en la flota de vehículos para reducir el ruido y cumplir las directivas europeas, y medidas orientadas a la formación y sensibilización medioambiental de los trabajadores.

Los operarios que llevan a cabo los servicios de limpieza y recogida tienen la obligación de minimizar las molestias a la ciudadanía cuando ejecutan las tareas encomendadas y reciben una formación específica al respeto. Para minimizar los ruidos durante la recogida de voluminosos el personal trabajador tiene la obligación de acompañar el voluminoso y no depositarlo de golpe en el vehículo. Como norma general, no se tienen que tirar los residuos voluminosos directamente a la caja del vehículo, sino que se debe utilizar la plataforma elevadora para minimizar el ruido y colocar los residuos de forma ordenada y evitando los golpes.


También tienen la instrucción de no levantar la voz: la formación en materia de sensibilización ambiental que se realiza hace un especial énfasis en la necesidad de comunicarse entre las personas operarias de la forma más silenciosa posible. El estilo de conducción es una potencial fuente de ruido y en este sentido se ejecutan esfuerzos educativos dirigidos a los conductores para disminuir el ruido relacionado con la conducción de los vehículos adscritos al servicio.

La valoración de la síndica

En este sentido, es notorio que el consistorio ha destinado esfuerzos para intentar minorar las molestias que genera la recogida selectiva de residuos voluminosos, y ha implementado una serie de medidas para hacer frente, entre otras las que determina el artículo 44-5 de la Ordenanza del medio ambiente urbano, con relación al uso de vehículos de los servicios públicos municipales, sobre fomentar las tareas de formación adecuadas para que el personal que utiliza los vehículos municipales tome conciencia que tiene que realizar sus tareas con el menor impacto sonoro posible. Igualmente se prevé que los pliegues de cláusulas económicas administrativas y de prescripciones técnicas de estos servicios deban introducir todas aquellas medidas y mejoras técnicas que permitan disminuir el impacto acústico. Se debe tener en cuenta que estos servicios se tienen que prestar con el mínimo impacto sonoro, tanto en cuanto a los mismos vehículos como en cuanto a las tareas de recogida.

Aunque valoramos las medidas municipales emprendidas para reducir el ruido que genera este tipo de recogida de residuos, las molestias continúan en muchas calles de la ciudad y afectan las personas que habitan. Por este motivo, y teniendo en cuenta el artículo 15.3 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, que fija el horario de funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos a la vía pública de 8 a 20 horas, salvo los que se hacen por razones de necesidad no se pueden hacer durante el día, la síndica vuelve a reclamar (como ya lo hace desde el 2017) un adelanto en el horario de realización de los servicios para minimizar las molestias de ruido nocturno y el impacto que estas producen en la salud de las personas.

Otro tipo de molestias acústicas y las posibilidades que ofrece la mediación

Por otro lado, cada vez se reciben más casos de molestias generadas por la misma convivencia entre las personas en el seno de las comunidades a las cuales pertenecen, como pueden ser las causadas por los trabajadores de un establecimiento de pública concurrencia al llevar a cabo su trabajo, así como las derivadas de las mismas relaciones de vecindad en una misma finca.

 
Respecto las problemáticas derivadas del ruido, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al consistorio, en diferentes ocasiones, actuar de forma proactiva proponiendo la mediación entre los afectados, para entender que más allá de la posible ponderación entre derechos vulnerados y/o  infracción administrativa, existe un conflicto de convivencia que debe abordarse. Se entiende que la obligación de la administración es garantizar y tutelar derechos, pero también implica potenciar mecanismos de gestión positiva de la convivencia ofreciendo fórmulas que fomenten el diálogo, la corresponsabilización mediante la  participación activa de la ciudadanía, y que permitan resolver o evitar la cronificación o escalada de la situación.

 
La mediación se presenta como una vía que permite encontrar soluciones más ágiles y eficaces, fomentando la convivencia positiva, pero en ningún caso exime a la Administración de su deber de actuación ante las manifiestas vulneraciones de derechos.

Sin servicio de recogida de voluminosos durante el estado de alarma

El servicio de recogida selectiva de voluminosos fue suspendido durante los primeros meses del estado de alarma. Se volvió a activar en fecha 18 de mayo de 2020.
Durante el periodo de confinamiento se informó la ciudadanía vía web, intranet municipal, y otros canales de comunicación, de la suspensión de este servicio y que no bajaran los muebles a la vía pública el día que tocaba.


Según la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada por el Ayuntamiento, las autoridades locales tienen que garantizar la eficacia de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de los usuarios para evitar cualquier situación de discriminación o abuso. Se concluye que, en referencia al servicio de recogida de residuos voluminosos durante el tiempo del estado de alarma, el consistorio no actuó de forma ajustada a derecho, puesto que se suprimió un servicio imprescindible para mantener un correcto estado de higiene y seguridad en la ciudad, y se limitó únicamente a actuaciones puntuales para corregir conductas incívicas o inapropiadas.


Esta Sindicatura considera que tratándose de un servicio esencial para el buen funcionamiento de la ciudad, no se debería haber suprimido durante el estado de alarma. De hecho, una buena parte de la ciudadanía mostró su desacuerdo en aquel momento por la acumulación de enseres de todo tipos que se veían por las calles de la ciudad, puesto que muchas personas, aprovechando que estaban en casa y no podían salir ni para trabajar, se dedicaron a ordenar sus hogares y deshacerse de todo aquello que no necesitaban.

Por otro lado, cuando se retomó el servicio de recogida de voluminosos en la ciudad, el servicio continuó desarrollándose en horario nocturno. Sabiendo que en aquel momento no había afectaciones a la movilidad por las calles de la ciudad, lo más prudente habría estado realizar el servicio en horario diurno para reducir las molestias a los vecinos y vecinas de la ciudad.