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La Sindicatura advierte al Ayuntamiento de que hay que velar para que no se repitan los hechos ocurridos durante la presentación del Informe de Discriminaciones en Barcelona 2024

La Sindicatura considera que existe una clara contradicción e incongruencia entre el contenido del Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona 2024 y los sketches escenificados en el acto institucional de presentación, organizado por el propio Ayuntamiento.

La Sindicatura señala que la Administración municipal tiene una responsabilidad in eligendo e in vigilando cuando organiza actividades institucionales y determinados actos son ejecutados por terceras personas bajo autorización y justificación de la propia Administración con el fin de controlar que no supongan un agravio o daño a terceros.

Esta institución manifiesta que lo que puede representarse en un teatro abierto a todo el público, donde se asiste de forma voluntaria, no se puede escenificar en un acto institucional organizado por el consistorio.

La defensoría municipal también considera que se deben dar e impulsar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las 68 accions per promoure l’ús del català a Barcelona. Proposta de Pla d’Acció en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, y dotar de los recursos económicos y humanos adecuados a la nueva Comisionada de Política Lingüística.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, una vez examinado el contenido de las quejas, realizado el visionado de la representación y estudiada la normativa aplicable, ha emitido su pronunciamiento.

El análisis de las quejas presentadas por 322 ciudadanos y ciudadanas se ha centrado no sólo en el contenido de las afirmaciones realizadas por las actrices de la compañía “Teatro Sin Papeles”, sino también y, sobre todo, en que esto estuviera amparado en un acto institucional, en el que previamente se debería haber valorado la necesidad y la idoneidad de todos sus elementos.

Las afirmaciones contrarias a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes pueden ser calificadas de muchas formas (mal gusto, desprecio, ridiculizadoras, ofensivas, contrarias a la cohesión social, que confrontan derechos en lugar de garantizarlos, etc.) pero, a juicio de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, no pueden ser consideradas delitos de odio.

La Sindicatura estima que conviene buscar mecanismos, alternativos a la vía penal, para conocer y cambiar las percepciones que pueden tener determinadas personas y colectivos sobre la necesidad de entender y hablar el catalán, potenciar la convivencia y la cohesión social en nuestro país.

De la misma manera, deben impulsarse medidas para que las personas no catalanohablantes tomen conciencia de la necesidad de conocer la lengua catalana y de su legítima función como lengua común de comunicación y cohesión social.

Una vez determinada la existencia de responsabilidad in eligendo e in vigilando de la Administración municipal, corresponde buscar formas de reparación. En este caso, la Sindicatura considera que la forma de satisfacción frente a los daños o agravios morales ocasionados consiste en el reconocimiento del error en la actuación o en la falta de actuación, la petición de disculpas y la garantía de no repetición de cara al futuro. Con la advertencia de que se pedirán otros tipos de responsabilidades políticas si estos hechos aquí valorados se vuelven a producir.

Por todo ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluye en su pronunciamiento que la actuación de la Segunda Tenencia de Alcaldía no ha sido ajustada a derecho y que la actuación municipal no se ha producido con la diligencia debida, pero valora positivamente el rápido reconocimiento del error y la asunción de responsabilidades.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona señala que la actuación municipal debe mejorar para garantizar un entorno climático adecuado en las guarderías

El Instituto Municipal de Educación no ha sido suficientemente diligente a la hora de reparar el sistema de aire acondicionado en un centro para niños de hasta tres años. Este hecho, en un contexto de altas temperaturas, tiene un impacto directo en su salud y su bienestar.

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la Escola Bressol Alchemika, en el distrito de Sant Martí y de titularidad municipal, presentó una queja porque los sistemas de aire acondicionado no funcionan desde hace meses. Esta situación se agrava porque el suelo del patio, de caucho, acumula mucho calor.

En los últimos años, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) ha ido haciendo pequeñas reparaciones para resolver las numerosas averías, y ahora se han instalado ventiladores y climatizadores portátiles, que la AFA considera insuficientes. Para resolver el problema se requieren trabajos de reparación, que según el IMEB, superan los costes de mantenimiento habituales, y ha sido necesario iniciar un procedimiento que ha hecho demorar el proceso..

El ente calcula que la reparación del aire acondicionado tendrá lugar en julio y agosto de este año, por lo que no podrá funcionar, al menos plenamente, durante los meses en los que las temperaturas suelen ser más elevadas. De hecho, en junio ya se vivió una de las oleadas de calor más fuertes de las últimas décadas, con días en los que se superaron en ocho grados la temperatura media en la ciudad en el mismo período. En junio los termómetros interiores de la escuela registraron temperaturas superiores a los límites establecidos en la normativa.

Afectaciones de salud en uno de los colectivos más vulnerables

Cabe recordar que los niños, durante sus primeros años de vida, están identificados como uno de los colectivos más vulnerables al calor, en un contexto general de incremento climático global. En el caso de los bebés, su capacidad limitada para regular la temperatura corporal y la menor capacidad para expresar la sed les hace especialmente sensibles a la deshidratación, los golpes de calor y otras afecciones derivadas del exceso de calor.

Además, la exposición prolongada a elevadas temperaturas puede perjudicar su desarrollo cognitivo y emocional, así como alterar su descanso, alimentación y capacidad de concentración. Además, dificultan la labor educativa y generan malestar en el entorno escolar.

Los niños y niñas tienen el derecho fundamental de crecer en un entorno seguro, saludable y respetuoso con sus necesidades, y es imprescindible (como deber jurídico, además de ético) que las administraciones públicas adopten medidas urgentes para adaptar las infraestructuras educativas al contexto climático actual. Algo especialmente grave cuando se añade, como es el caso del centro Alchemika, la falta de previsión.

Y es que, dadas las averías recurrentes de años previos, y conociendo la necesidad de reformas estructurales que superaban las tareas de mantenimiento ordinario, el consistorio pudo haver previsto la necesidad de arreglar el sistema de aire acondicionado antes de la llegada de las altas temperaturas, y así no poner en riesgo la salud de los niños niñas y del personal educativo. La reacción ha sido reactiva, no preventiva, una vez que el malestar térmico ya era grave.

Una situación que no es exclusiva de Alchemika

En la Sindicatura hemos recibido quejas de otras guarderías municipales que han sufrido problemas similares con los sistemas de climatización, tanto durante este curso como en anteriores. Del total de 105 centros que gestiona el IMEB, se han distribuido aparatos portátiles de climatización a 30 escuelas, y en 15 se reparará el aire acondicionado. Las reparaciones serán, como en el caso de Alchemika, durante los meses de julio y agosto, y también en estos casos era razonable prever la necesidad de disponer de un servicio de respuesta rápida capaz de afrontar graves averías durante los meses de mayor calor.

También hay margen de mejora en cuanto a la comunicación con las escuelas y las familias: ésta debe ser clara, accesible y actualizada sobre las intervenciones previstas en materia de climatización, para reforzar la confianza. La rendición de cuentas, la transparencia y la participación significativa e informada son esenciales para garantizar una gestión pública responsable y respetuosa con los derechos de la infancia.

Las conclusiones de la Sindicatura

Es por todo ello que la Sindicatura considera en su resolución que la actuación del IMEB debe mejorar y emite la siguiente decisión:

  • Le recuerda que tiene la obligación de garantizar el confort térmico adecuado en las guarderías, y que debe reparar los sistemas de climatización antes del inicio del curso 2025-2026.
  • Le recomienda que disponga de un mantenimiento adecuado de estos sistemas, que compruebe de forma preventiva su buen funcionamiento antes de la llegada del verano y que lleve a cabo las acciones necesarias para tener un sistema de reparación ágil durante dicho periodo.
  • Además, debe informar a la comunidad educativa de forma clara y continua sobre las intervenciones previstas.

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La Sindicatura apoya el modelo de servicios del Equipamiento Integral Nou Barris

La defensoría de la ciudad ha realizado una visita al Equipamiento Integral Nou Barris para expresar su apoyo inequívoco al modelo de servicios. Este centro, que es de titularidad municipal, es clave para garantizar una atención social a las personas sin hogar, una situación que lamentablemente crece en la ciudad.

La grave situación de la vivienda tiene importantes repercusiones e impacta de forma más directa en las personas en situaciones económicas y sociales de mayor debilidad. Las personas más afectadas por esta problemática deben poder contar con la atención de los servicios sociales como situaciones con necesidad de una atención especial, entre los que se encuentran, de forma muy destacada, este tipo de equipamientos.

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se está muy pendiente de la situación de las personas sin hogar y de la atención que reciben. Por eso se realizó en 2020 un informe monográfico en el que se estudiaba la dimensión de la red de recursos, así como la calidad de los procedimientos y la atención prestada.

De hecho, la Sindicatura ya realizó una visita a este equipamiento de Nou Barris en 2023. Actualmente, además, estamos llevando a cabo una actuación de oficio para captar el estado y el funcionamiento de los comedores sociales municipales.

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La Sindicatura insiste en que es necesaria una guía de buenas prácticas y una normativa específica que reduzca el impacto del cableado en las fachadas

Ante la falta de rigor de algunas compañías de suministro en la instalación del cableado en las fachadas, su impacto en el paisaje urbano y posible afectación en la seguridad de las edificaciones, proponemos también homogeneizar las prácticas en los diferentes distritos, realizar campañas de difusión en el vecindario y un seguimiento de las medidas implantadas.

Tras recibir varias quejas de la ciudadanía, la defensoría de la ciudad inició una actuación de oficio para analizar el impacto paisajístico del cableado que las empresas de suministro instalan en las paredes exteriores de los edificios. En paralelo, a través del programa Presencia en el Territorio, la Sindicatura ha podido comprobar los incumplimientos de muchas operadoras, especialmente en barrios con construcciones envejecidas y con un estado de conservación deficitario.

La reducción de este desbarajuste, que a menudo incomoda y hace sentir desprotegido al vecindario que lo sufre, ya era una de las diez propuestas de mejora incluidas en nuestro Informe Anual 2024 (que también se puede consultar en formato interactivo). Preservar la imagen de la ciudad además tiene una incidencia positiva en la salud física y psíquica de la población.

¿Quién tiene la responsabilidad de resolverlo?

La normativa estatal establece que la distribución del cableado en las fachadas por parte de los operadores no se permite en todos los casos; de hecho, se contempla como el último de los supuestos: sólo si no existen infraestructuras comunes de telecomunicaciones, si no se pueden enterrar, o si no se pueden pasar por los interiores de los edificios y, siempre que sea posible, deben utilizarse los despliegues y canalizaciones previamente instalados y adoptar medidas para minimizar el impacto visual.

Dicha responsabilidad recae en las empresas suministradoras, que deben impedir la provisionalidad, el desorden y la dejadez en las instalaciones.

A la Administración municipal (el Ayuntamiento de Barcelona, ​​en este caso) le corresponde, dentro de sus competencias en materia de urbanismo, proteger el paisaje urbano. También tiene potestad de inspección y control, y de aplicar el régimen sancionador cuando corresponda.

Las conclusiones y recomendaciones de la Sindicatura

Dada la normativa de aplicación, los criterios cómo aplicar y la potestad normativa de que dispone, la Sindicatura considera que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un amplio margen de mejora: en ningún caso se trata de impedir el despliegue de las telecomunicaciones, sino de preservar el derecho a un paisaje urbano armónico y respetuoso con el entorno, así como de la seguridad de las edificaciones.

Analizada la situación, y con el objetivo de contribuir a minimizar una problemática que afecta al conjunto de la ciudadanía, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emitido un pronunciamiento con las siguientes propuestas:

  • Conocer el alcance de la problemática, a través de un mapa que identifique las zonas y edificaciones con mayor afectación, ya que las realidades en los distintos barrios son muy desiguales. Esto permitiría valorar las estrategias adecuadas para cada caso.
  • Elaborar una guía de buenas prácticas y/o una normativa municipal específica, con la participación de los operadores de telecomunicaciones. Posteriormente, debería realizarse una difusión, implantación y seguimiento del grado de implantación. El Ayuntamiento dice que ya está trabajando en ello.
  • Realizar campañas de difusión en las comunidades de vecinos y vecinas, ya que la ciudadanía debe ser partícipe y cómplice de la importancia de la situación. Según el consistorio, también se está actuando en ese sentido. Adicionalmente, sería conveniente valorar la apertura de una línea de ayudas o subvenciones específica.
  • Homogeneizar las respuestas y prácticas en los distintos distritos, ya que determinadas actuaciones no responden a una estrategia común y genérica de ciudad. Aquí podría tener un papel fundamental la Gerencia de Coordinación Territorial y de Proximidad.

Imagen: Betevé

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta a implementar mejoras para facilitar duplicados del título de transporte T-16 a familias con custodia de menores

Sin embargo, el rechazo, si bien actualmente sólo se aplica a la misma zona tarifaria, no es discriminatorio. Las mejoras técnicas en la gestión de la movilidad pasan por que las administraciones competentes consigan que cada persona disponga de una tarjeta con un plan de viaje personalizado.

Una madre divorciada con un hijo menor de edad presentó una queja a la defensoría de la ciudad porque el padre obstaculiza el uso compartido del título de transporte T-16 por parte del menor. La ciudadana solicitó un duplicado, pero la petición se le denegó. Según la normativa vigente, el hijo sólo puede disponer de una sola tarjeta, que deben compartir los progenitores. La Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), el ente responsable de este título, ha recibido quince quejas de situaciones similares desde 2023.

La T-16 es una tarjeta gratuita para niños y adolescentes personal e intransferible, y está integrada en la T-mobilitat, un proyecto para crear una tarjeta única de transporte para todos los servicios para la movilidad de Cataluña. Según el plan vigente sobre este ámbito, este proyecto incorpora variables sociales y ambientales en las tarifas para hacerlas asequibles; permite obtener información para gestionar mejor la movilidad y adaptarse a cada usuario o usuaria; y calcular el precio del transporte de forma personalizada.

Por qué no se puede duplicar la T-16, según la ATM?

La posibilidad de tener un duplicado de la tarjeta sólo se contempla en caso de hijos o hijas de personas progenitoras o representantes legales que ostenten la custodia compartida y que residan en sectores tarifarios diferentes (el sistema lo integran cerca de 300 municipios divididos en 6 coronas). En el caso de la promotora de la queja, no se cumple el segundo requisito, puesto que vive en el mismo sector que el padre del menor. Los argumentos de la ATM para rechazar cambios en este sentido son:

  • Aumentan los riesgos de fraude, ya que que el sistema no permite controlar simultáneamente el uso de dos tarjetas en una misma zona tarifaria.
  • Habría que diseñar e implementar, desde un punto de vista tecnológico, un plan individualizado para cada usuario, y el coste no sería asumible.
  • El título debe permitir su uso dentro de la zona tarifaria donde reside la persona titular (el o la menor) y, por tanto, todos los soportes tienen codificada una zona de origen que define los trayectos que se pueden realizar.

Las conclusiones de la Sindicatura

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona resolvemos que las administraciones responsables deben seguir avanzando para conseguir que cada uno pueda tener un título de transporte de viaje propio e individual, en la línea de lo que marca el actual plan de movilidad. De esta forma, sí se permitiría la adaptación a cada persona usuaria y, a priori, se podrían hacer duplicados en cualquier circunstancia, como pide la ciudadana promotora de la queja, sin poner en riesgo las medidas de control para evitar fraudes. Una de las administraciones implicadas es, claro está, la ATM, un consorcio del que forma parte, entre otros, el Ayuntamiento de Barcelona.

A hora bien, dada la operativa de la tarjeta en el momento actual, consideramos que la imposibilidad de utilizar dos tarjetas T-16 en una misma zona tarifaria no es en ningún caso discriminatoria, aunque sí se permita en zonas diferentes. Por tanto, concluimos que la actuación de la Autoridad Metropolitana del Transporte ha sido eficaz y ajustada a derecho.

Más allá de criterios técnicos, esta Sindicatura también quiere expresar empatía con la situación sufrida por la ciudadana promotora de la queja. Y es que la gestión de las dinámicas familiares puede constituir una fuente de estrés y, en este sentido, el uso de la T-16 es un elemento primordial en la cotidianidad de muchos menores y de sus familias. Este hecho debería tenerse en cuenta a la hora de implementar las posibles mejoras en la gestión de la movilidad, especialmente cuando éstas pueden repercutir en situaciones complejas como las de las familias con custodia compartida de menores.

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La Sindicatura no se detiene en julio: estaremos presentes en el territorio de tres distritos

Durante la primera quincena del mes, el síndic, David Bondia, y miembros de su equipo visitarán el Eixample, Nou Barris y Sant Andreu.

Concretamente, las próximas visitas serán las siguientes:

  • Miércoles 2 de julio, en la Esquerra de l’Eixample, de 9.30 a 18 horas. Será una Sindicatura itinerante, en la que nos trasladamos a un equipamiento de proximidad (en este caso, al Centro Cívico Urgell) para recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que ésta se desplace a nuestra sede. Para participar, es necesario inscribirse en el teléfono 93 413 29 00.
  • Lunes 7 de julio, en el Turó de la Peira y en Can Peguera, de 19 a 21 horas. Será una Sindicatura cerca de ti, en la que conversamos con el vecindario de la ciudad sobre lo que les preocupa, ya que el diálogo con la ciudadanía hace que las soluciones propuestas sean más efectivas y respondan mejor a las necesidades y experiencias de las personas.
  • Miércoles 9 de julio, en Bon Pastor, de 9.30 a 18 horas. Será una Sindicatura a pie de calle, en la que durante todo un día conocemos las principales problemáticas y inquietudes de cada uno de los 73 barrios, ya que la mejor manera de descubrir qué pasa en la ciudad es caminando de la mano de las personas que más saben, el vecindario.

Con estas tres, la Sindicatura ya habrá realizado este año un total de 12 visitas a 16 barrios diferentes, y en 9 de los 10 distritos de la ciudad. En diciembre del año pasado, ya se cumplió el objetivo de visitar todos los barrios de Barcelona, ​​dentro del programa de Presencia en el territorio, y el objetivo es visitarlos todos al menos dos veces antes de terminar el mandato.

Además de estos tres programas, la Sindicatura también se desplaza a los institutos de la ciudad para debatir con el alumnado sobre qué quejas tienen, cómo mejorarían su barrio, si creen que participan en las decisiones de ciudad y consideran que se les tiene en cuenta, etc.

Puedes obtener más información sobre estas y otras actividades que realiza la Sindicatura en nuestra agenda. Y si quieres más sobre las visitas al territorio que se realizaron el pasado año, consulta el último informe anual.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta a una reforma profunda e inaplazable del sistema de alojamientos temporales de urgencia

La prevención, la mejora de la gestión, la personalización de soluciones y la ampliación de recursos puede facilitar una transición a un modelo más eficiente y equitativo.

Hay que adoptar una perspectiva integral que no se limite únicamente a los servicios sociales, sino que incorpore ámbitos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, el fomento de la ocupación y la promoción económica.

Muchas familias pasan más de seis meses, el plazo máximo deseado que establece el Ayuntamiento de Barcelona.

La Sindicatura de Barcelona publica el estudio «Allotjaments temporals d’urgència: millores inajornables i reptes transformadors», en el cual concluye que el modelo actual necesita una reforma estructural para adaptarse a las necesidades reales de la población vulnerable que hace uso.

A pesar de que estos servicios cubren necesidades inmediatas, a menudo se gestionan de manera fragmentada y sin una coordinación efectiva entre administraciones y entidades sociales, situación que mengua su eficacia. Por eso, se propone un enfoque integral que incluya la participación activa de las personas afectadas, y la implementación de un modelo de coproducción de las políticas públicas de vivienda.

La Sindicatura considera que la combinación de prevención, la mejora de la gestión, la personalización de soluciones y la ampliación de recursos puede facilitar una transición a un modelo más eficiente y equitativo. Hay que adoptar una perspectiva integral que no se limite a los servicios sociales, sino que incorpore ámbitos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, el fomento de la ocupación y la promoción económica.

Qué son los alojamientos temporales de urgencia (ATU)

Son espacios que ofrecen una solución provisional a personas o familias que se encuentran en situación de calle o han perdido su vivienda por motivos como desahucios, problemas económicos u otras situaciones graves. En Barcelona, este servicio es gestionado por el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), de forma externalizada a través de una empresa del sector turístico.

Preocupación de la Sindicatura, que ya creó un grupo de trabajo en 2024

El mes de julio de 2024 la defensoría impulsó un grupo de trabajo para abordar los alojamientos de urgencia, que cuenta con la participación de personas y entidades expertas provenientes del ámbito social, profesional y universitario. La revisión del modelo de alojamiento de urgencia es una de las diez recomendaciones prioritarias que la Sindicatura de Greuges de Barcelona traslada al Ayuntamiento desde el año 2023.

La situación actual de los ATU

El problema de la exclusión residencial ha aumentado en los últimos años, con un incremento notable en el número de lanzamientos y órdenes de desahucio gestionadas.

En los últimos años, la demanda de alojamientos temporales de urgencia ha aumentado considerablemente. Muchas familias pasan más de seis meses, el plazo máximo deseado que establece el Ayuntamiento de Barcelona.

Además, hay una falta de recursos para atender todas las solicitudes, y las condiciones de los alojamientos a menudo no son adecuadas, con espacios pequeños, baños compartidos y ubicaciones lejanas de los entornos habituales de las familias.

Estos datos evidencian la necesidad de replantear la gestión del servicio y buscar soluciones estructurales que permitan atender adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

Los retos de los ATU

Los desafíos del sistema de ATU se pueden agrupar en cinco grandes bloques, una vez asumido que estamos ante un reto que no tiene una solución a corto plazo, pero que exige una intervención inmediata:

1. Sin soluciones habitacionales y de vivienda asequible para la población vulnerable

  • Se trata de exigir a los diferentes gobiernos que cumplan sus programas y propuestas en materia de vivienda.

2. Gestión deficiente

  • Alojamientos gestionados por operadores turísticos en pensiones y hostales, lo cual puede dar como resultado costes elevados y servicios de baja calidad.

3. Estancias prolongadas y vulnerabilidad persistente

  • Muchas personas permanecen durante largos periodos por falta de alternativas, a causa de la escasez crónica de vivienda asequible.

4.Presión del mercado inmobiliario

  • El turismo y el incremento de precios de alquiler han generado gentrificación y falta de disponibilidad de vivienda asequible.

5. Dificultades en la tramitación

  • A menudo, los profesionales no disponen de herramientas eficaces para gestionar los casos, y la falta de alternativas provoca que los recursos provisionales se alarguen de manera indefinida.

Las recomendaciones de la Sindicatura

Estas medidas tienen como objetivo garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad residencial reciban la atención y los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión social.

  • Mejorar la prevención: Maximizar los esfuerzos para prevenir la pérdida de la vivienda, potenciando la red de Oficinas de la Vivienda y aumentando la conciencia ciudadana sobre los servicios disponibles antes de que se produzca la exclusión residencial. A su vez habrá que garantizar una financiación estable, más allá de los presupuestos municipales anuales.
  • Mejorar la calidad del servicio: Establecer estándares mínimos de calidad y supervisar regularmente las condiciones de los alojamientos. Hay que mejorar de forma inmediata los mecanismos de auditoría y supervisión de las proveedoras actuales.
  • Promover la gobernanza participativa: Fomentar la participación activa de las personas usuarias y de las entidades sociales en la planificación y gestión de los alojamientos.
  • Fortalecer la colaboración publicosocial: Crear mecanismos formales de colaboración entre las administraciones públicas (con una mirada amplia que no solo dependa de los servicios sociales, sino también de vivienda, promoción económica, etc.) y las entidades sociales para la adquisición y gestión de los alojamientos temporales. También hay que implicar a los sectores económicos que presionan sobre la disponibilidad de los recursos habitacionales y hacerlos partícipes de la solución y la gobernanza.
  • Tener una perspectiva metropolitana: Abordar el problema de la vivienda desde una óptica metropolitana, incorporando otras administraciones locales y supramunicipales, promoviendo un fondo de alojamientos temporales de urgencia de ámbito social y de vivienda.
  • Aumentar la dotación económica: Más recursos para los ATU, aprovechando las posibilidades que ofrece la contratación socialmente responsable.
  • Atender las propuestas de los profesionales de los servicios sociales: Escuchar e incorporar las aportaciones de los trabajadores sociales que gestionan la emergencia diariamente.

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La Sindicatura traslada al Ayuntamiento el análisis de la vulneración de derechos del servicio de Rodalies en el personal municipal y la afectación en la prestación de servicios

Las incidencias afectan a diez derechos humanos de proximidad, entre ellos al trabajo, a la salud, a la información, a la seguridad y a una buena administración. Una de las vulneraciones de éste se refleja en las dificultades para obtener un justificante en caso de retraso.

El mayor número de personas afectadas están en las líneas R4, R2 Sur y R1, con un porcentaje superior al 20% en cada una. 

Los servicios municipales que más se resienten son de proximidad: el Instituto Municipal de Servicios Sociales y los que prestan los distritos.

La defensoría de la ciudad presenta el análisis de los datos recopilados a través de un formulario que se envió a la plantilla del Ayuntamiento y de los entes que dependen de ellos a finales de marzo de este año. Las 380 respuestas recibidas acreditan las graves afectaciones que suponen los cortes, suspensiones, retrasos y averías de esta modalidad de transporte, sobre todo en las entradas y salidas de la ciudad, o en los trayectos dentro de la misma. Es la primera vez que la Sindicatura analiza esta problemática. Si lo deseáis, podéis analizar la información en este dosier.

Derechos humanos de proximidad más afectados

La vulneración de derechos humanos de proximidad es múltiple, puesto que se han visto afectados hasta diez. Dos de estos derechos son transversales y no se han contabilizado sus resultados. El primero de ellos es, cómo no, a la movilidad. En el informe anual 2024, de hecho, ya se detectaba que una de las principales problemáticas vinculadas a este derecho era que la red de transporte público no es suficientemente eficiente para que más personas reemplacen el vehículo privado, y se recomendaba la promoción de políticas de movilidad sostenibles. El segundo derecho transversal es al medio ambiente, pues se vincula a favorecer los desplazamientos en medios poco contaminantes.

En cuanto al resto de derechos, los resultados son los siguientes:

  • Derecho al trabajo: Afecta al 82,6% de personas que han respondido. Muchas de ellas remarcan, entre otras problemáticas, las dificultades de conciliación.
  • Derecho a la salud: 72,9%. Varias personas reportaban afectaciones vinculadas directamente a las incidencias de Rodalies.
  • Derecho a la información: 68,4%. Varias personas usuarias aseguran que no recibieron sobre las incidencias de forma adecuada en algunas ocasiones.
  • Derecho a buena administración: 58,4%. Aquí se incluyen las dificultades para obtener un justificante en caso de retraso o cancelación.
  • En este sentido, es significativo que más de dos tercios (67,3%) de las personas que contestaron sufrieron esa dificultad.
  • Derecho a la seguridad ciudadana: 44,7%. Algunas de las respuestas mencionan haber presenciado agresiones físicas.

En porcentajes más bajos se encuentra el derecho a la educación y al ocio (30%), los derechos culturales (15,3%) y el derecho al deporte (15,3%).

Líneas con más personas afectadas

Otra de las preguntas del formulario estaba referida a las líneas en las que tenían lugar estas afectaciones. Los porcentajes de personas que sufrieron incidencias son:

  • R4, entre Sant Vicenç de Calders y Manresa: 25%
  • R2 Sud, entre Barcelona Estació de França y Vilanova i la Geltrú: 21,8%
  • R1, entre Molins de Rei y Maçanet – Massanes: 21,1%
  • R2, entre Castelldefels y Granollers Centre: 17,3%
  • R2 Nord, entre Aeroport y Maçanet – Massanes: 13,7%

 Las líneas R7, R13, R14, R15, R16, R17 i RG1 tienen porcentajes inferiores al 10%.

Incidencia en los servicios públicos municipales

También hubo diferencias relevantes en lo que se refiere a la incidencia en la ejecución de los servicios públicos municipales, que es uno de los principales objetivos de esta iniciativa. El mayor número de personas que sufrieron incidencias trabajan en el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS): un 13,9% del total. A continuación se encuentran los distritos, con un 12,3%, la mayoría en el Eixample y Ciutat Vella. Las personas que trabajan en el IMSS y en distritos representan a más de una cuarta parte de las personas trabajadoras que contestaron.

Una problemática en la que el Ayuntamiento se debe implicar más

Los datos recogidos y analizados, el número y la diversidad de derechos humanos de proximidad (hasta diez) y de los servicios municipales afectados por las incidencias de Rodalies confirman el alcance y la gravedad de la problemática.

Por lo que respecta a la ciudadanía en general, esto se traduce en un doble agravio: el que proviene directamente de las mismas afectaciones, como se refleja en los derechos ya descritos; pero, además, lo que incide en los servicios que reciben del Ayuntamiento y de los entes que dependen del mismo. Las incidencias se concentran en cinco líneas en lo que se refiere al volumen de personal municipal afectado, el cual trabaja, sobre todo, en servicios de proximidad. Esto implica que la ciudadanía se ve especialmente perjudicada en ámbitos tan sensibles como el de los servicios sociales y en los que prestan los distritos.

El síndic de greuges de Barcelona, ​​David Bondia, asegura que «como defensoría de derechos humanos de proximidad, no podemos quedarnos al margen en un caso como éste, en el que se dificulta disfrutar de una vida digna de ser vivida. Ya hemos trasladado estas conclusiones tan preocupantes al gobierno municipal, para que las administraciones competentes lo aborden con celeridad. El Ayuntamiento, si bien no tiene competencias, debe implicarse más, ya que afecta a las personas trabajadoras y al resto de la ciudadanía que vive en Barcelona o que transita, y la calidad de los servicios que presta”.

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La Sindicatura avala el cierre temporal del Mirador de Sarrià, en Collserola, para mantener su valor ambiental

La actuación municipal ha sido adecuada, ya que las restricciones de acceso a este espacio se producen los días previos a San Juan, en momentos de riesgo de incendio y cuando se incrementan los usos indebidos. En este sentido, también es primordial la corresponsabilidad ciudadana.

Un ciudadano presentó una queja por la presencia de unos bolardos y un candado que impedían la entrada en el Mirador de Sarrià, en el Parque Natural de Collserola. El promotor de la queja, vecino del barrio de Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes, muy cercano al mirador, alegaba también que esto complica las entradas y salidas al parque. La Guardia Urbana le informó de que el cierre era temporal y por razones de seguridad.

La instalación de los bolardos y el candado fue en 2020, en el contexto de la pandemia de la Covid-19. Pese a las restricciones decretadas por la situación sanitaria, hubo concentraciones de vehículos y personas, además de botellones y vertidos de desechos. Según el cuerpo policial, actualmente, todavía se consumen bebidas alcohólicas y otras sustancias, e incluso hay concentraciones de motociclistas para realizar carreras ilegales. Estas situaciones, ocasionales pero sostenidas en el tiempo, suponen un peligro grave para las personas que transitan, además de provocar molestias para el vecindario, y justifican la decisión de mantener los bolardos y el candado. De hecho, estas medidas también se aplican a otros miradores, como el de Horta o el de Sant Cugat.

Con el fin de evitar incendios, el Mirador de Sarrià también se cierra de forma preventiva durante los días previos a San Juan, incluido, claro, el de la verbena, y algunos más después de esa fecha, cuando la situación meteorológica lo requiere. Todos los años, durante la noche del 23 de junio se refuerzan los servicios municipales, con más agentes de la Guardia Urbana y más efectivos del cuerpo de Bomberos, en este caso sobre todo en las zonas forestales. Si lo desea, puede consultar el dispositivo especial de la verbena de 2024.

De hecho, tres meses antes de la noche más corta del año ya empieza la prohibición: desde el 15 de marzo hasta el 15 de octubre no se puede encender ningún fuego en ningún terreno forestal, poblado de especies arbóreas o no, ni en la franja de 500 metros que les rodea, sea cual sea su finalidad. Dado que el encendido de hogueras y el lanzamiento de petardos son dos de los elementos más característicos de la verbena de San Juan, el cierre durante estas fechas está justificado.

Por lo que respecta al resto del año, y de forma general, el Mirador de Sarrià está abierto, según la Guardia Urbana, que añade que los cierres se limitan a situaciones de alto riesgo de incendio o cuando aumentan los usos indebidos. El Parque Natural de Collserola es esencial por los beneficios sociales y ambientales que aporta a la ciudadanía, más aún por el hecho de que existe un déficit de espacios verdes en Barcelona. En este sentido, desde la Sindicatura entendemos que uno de los objetivos de las administraciones debe ser la preservación de ese espacio natural. Un objetivo que debe contar, también, con la corresponsabilidad ciudadana.

Dificultades para acceder al Parque Natural

Otro de los motivos de queja es que el cierre del Mirador de Sarrià dificulta el acceso al parque, puesto que él es vecino de un barrio situado en Collserola. Sin embargo, el hecho es que hay más de 400 entradas y salidas al espacio natural, 120 de las cuales se consideran principales. Ninguno de los accesos principales tiene restricciones horarias ni en ningún momento del año.

Las vías para entrar y salir del parque son las siguientes: en vehículo privado, por cuatro carreteras (una de las cuales es una autovía); en transporte público, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con tres paradas dentro del parque natural, incluida la del Baixador de Vallvidrera; varias líneas de bus que atraviesan el parque; el funicular del Tibidabo; y otros junto a los límites de este espacio, como varias paradas de metro. También hay una amplia red de itinerarios para ir a pie o en bicicleta.

Una responsabilidad compartida con la ciudadanía

Por todo ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluye en su resolución que la actuación del Área de Seguridad, Prevención y Convivencia y del Consorcio del Parque Natural de Collserola ha sido adecuada para preservar la biodiversidad y para garantizar el valor de este espacio verde.

Desde la Sindicatura también se quiere insistir en que la responsabilidad de mantener y preservar el parque en buenas condiciones es compartida con la ciudadanía, que debe hacer un uso sostenible para favorecer la mejora de la calidad de vida y el bienestar de todos, ya que existe el derecho pero también el deber a la ciudad.

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La Sindicatura detecta irregularidades administrativas en un procedimiento de exhumación llevado a cabo por Cementiris de Barcelona

La actuación no ha sido ajustada a derecho en cuanto a la notificación de la declaración de caducidad de la sepultura y a la tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Barcelona, 27 de mayo de 2025 – Una ciudadana afectada por la exhumación de los restos de su padre en el cementerio de Sant Andreu presentó una queja formal ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en la que denunciaba varias irregularidades en el procedimiento administrativo seguido por Cementerios de Barcelona, SA (CBSA).

Después de analizar el caso, la Sindicatura ha concluido que la actuación de CBSA no ha sido ajustada a derecho en cuanto a la notificación de la declaración de caducidad de la sepultura y a la tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

La descripción de los hechos objeto de queja

Una ciudadana presentó una queja en la Sindicatura, exponiendo que visitó la sepultura de su padre en el cementerio de Sant Andreu y la encontró vacía, sin lápida, vidrio ni jarrones. Al dirigirse a la oficina de entrada, la informaron que, casi ocho meses antes, el 2 de marzo de 2023, se habían retirado los restos por impago y se habían depositado en el osario general.

Después de acceder a la documentación, observó que las notificaciones por impago y caducidad se habían enviado a una dirección incorrecta, que no coincidía con el domicilio del padrón. También se dio cuenta de que se omitieron los segundos intentos de notificación.

El 22 de octubre de 2024 la ciudadana inició un procedimiento de responsabilidad patrimonial, considerando que los hechos eran consecuencia de una negligencia de CBSA.

El análisis de la Sindicatura de Greuges de Barcelona

Según la normativa vigente, la sepultura era una concesión breve que requería el pago anual. El impago motivó el inicio de un expediente de caducidad, tal como establece la Ordenanza Municipal de Cementerios de Barcelona (OMCB). Sin embargo, el procedimiento administrativo ha sido marcado por deficiencias en la notificación de la caducidad. La notificación se practicó en la dirección de la cual disponía CBSA, y después de que se devolviera por «domicilio desconocido», no se consultó el padrón municipal, como determina la OMCB y la jurisprudencia. Posteriormente, se procedió a la notificación en el diario oficial correspondiente después de un solo intento fallido, sin actuar con la diligencia mínima legalmente exigida para localizar la dirección correcta.

Este defecto en la notificación puede comportar la nulidad de la declaración de caducidad y abrir la vía a una posible indemnización. Además, en la ejecución del vaciado, CBSA no acreditó mediante una fotografía el estado de la sepultura, hecho que la Sindicatura considera que debilita la justificación de la medida adoptada.

La desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de CBSA por motivos de prescripción es jurídicamente cuestionable, puesto que el plazo de prescripción no se debería iniciar hasta que la persona afectada tiene conocimiento efectivo del daño, según la doctrina actio nata del Tribunal Supremo. En este caso, la ciudadana no tuvo conocimiento efectivo del daño hasta que descubrió la situación de la sepultura.

El procedimiento administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial seguido por CBSA no cumplió con las garantías legales establecidas, especialmente en cuanto al trámite de audiencia y al requerimiento para enmendar o completar la solicitud. Esta carencia de garantías puede afectar a la validez del procedimiento y a los derechos de la persona afectada.

Finalmente, la Sindicatura ha tenido acceso a la propuesta de documento elaborado por CBSA, al margen de la tramitación formal de la reclamación, a raíz de la reunión mantenida con la familia afectada el 15 de abril de 2025. El documento ofrece una vía de resolución convencional. En este contexto, CBSA se comprometía a solicitar la intervención de su aseguradora para valorar los hechos y, si procedía, determinar si se daban las condiciones de un siniestro cubierto y establecer la correspondiente indemnización.

Entre otros, el documento incluye una cláusula según la cual, en caso de aceptación, tanto la titular como el resto de miembros de la familia se daban por satisfechos con el importe recibido y eximían a CBSA de cualquier responsabilidad presente o futura relacionada con los hechos. La familia, pero, no se avino. Según la Sindicatura, el intento de resolución convencional propuesto fuera del procedimiento formal puede comprometer los derechos de la persona afectada, especialmente si se condiciona a la renuncia a acciones futuras. Es fundamental que cualquier acuerdo de resolución respete los derechos e intereses de las partes implicadas y se realice dentro del marco legal establecido.

Las recomendaciones de la Sindicatura

La Sindicatura ha emitido las siguientes recomendaciones a Cementiris de Barcelona, SA:

  • Revisar el procedimiento efectuado para declarar la caducidad de la sepultura a fin de determinar la posible nulidad o anulabilidad y las consecuencias derivadas.
  • Que en futuras ejecuciones de caducidad de sepultura se documenten los expedientes con la imagen fotográfica de la sepultura afectada.
  • Que se tramite la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por la interesada y que se ajuste a las al procedimiento legalmente establecido o que se llegue a una finalización convencional sin comprometer los derechos de la persona interesada. En cualquier caso, hay que garantizar la compensación de los daños ocasionados.
  • Recordar que en su actuación notificadora debe desplegar la diligencia mínima legalmente exigida para localizar la dirección correcta de las personas interesadas.

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La Sindicatura pide al Ayuntamiento que valore la prohibición de todas las estufas de las terrazas de los locales de restauración

La defensoría de la ciudad ha resuelto una actuación de oficio sobre la retirada de las estufas de combustión de gas en el espacio público, ya que se tenía constancia de que todavía había establecimientos que las utilizaban a pesar de que el pasado 31 diciembre acabó el plazo para que se pudieran adaptar. Además, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) había trasladado a la Sindicatura la cuestión de si es necesario que haya algún sistema de calefacción en las terrazas, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis climática.

La ordenanza sobre este ámbito establece que los locales de restauración ya sólo pueden utilizar estufas eléctricas en el exterior y con un límite de potencia, como medida para reducir las emisiones contaminantes. La Sindicatura valora positivamente que el Ayuntamiento haya realizado 634 inspecciones entre enero y abril, como anunció la semana pasada. Ahora bien, se debería ir un paso más allá.

Las estufas eléctricas, ahora las únicas permitidas, tienen un impacto final en emisiones globales superior a las de butano o propano, según un informe de la Agencia de Energía de Barcelona (AEB). Este documento concluye que no debe autorizarse la calefacción de las terrazas para evitar el impacto ambiental y el desperdicio energético que supone. Las estufas eléctricas sólo deben permitirse si se alimentan de una fuente de energía renovable, y si se justifica por razones de promoción de un sector económico específico.

La autorización municipal para que se instalen estufas eléctricas no sólo va en contra de las conclusiones de un informe elaborado por la AEB, de la que forma parte el Ayuntamiento, sino que no se corresponde con la Misión Europea 100 ciudades «Net Zero». Barcelona forma parte del centenar de ciudades europeas comprometidas en ser climáticamente neutras en el 2030.

El Comisionado de Agenda 2030, responsable de presentar la candidatura, impulsó el Acuerdo Climático de Ciudad, en el que ya se contempla un marco regulador para el uso de calefacción y climatización en el sector terciario. La base del acuerdo es el Plan de Acción para la emergencia climática 2030, que especifica que este marco regulador debe servir «para evitar que se derroche energía y por conciencia social, regulando, entre otros, el uso de estufas en el exterior«. Para cumplirlo, el Ayuntamiento debería valorar su prohibición sean del tipo que sean.

Incumplimiento del deber de colaborar con la Sindicatura

En cuanto a la retirada de las estufas de gas en el espacio público a partir del 1 de enero, la Sindicatura quiere destacar la falta de información facilitada por el Ayuntamiento, lo que impidió saber si la actuación había sido correcta. Hay que recordar que esta forma de proceder ha incumplido el deber de colaboración con la Sindicatura.

El consistorio argumentaba que no podría facilitar su número dado que la infracción es por la de instalación de elementos no autorizados, lo que podría incluir otros. Tras la solicitud de la Sindicatura, se aceptó contabilizarlo de manera específica, y publicó los datos sobre el número de inspecciones y sanciones. 

Por lo que respecta a la retirada de todas las estufas de las terrazas, la Gerencia de Coordinación Territorial y Proximidad respondió que quedaba fuera de su competencia.

Una actuación ineficaz y, quizás, contradictoria con los compromisos mediambientales

Por todo ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluye en su resolución que:

  • el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Acción Climática, Movilidad, Servicios Urbanos, Innovación Urbana, Agenda 2030 y Plan de Barrios no fue eficaz para comprobar la retirada de las estufas de gas de las terrazas de los establecimientos de restauración, y que debe actuar de oficio en caso de incumplimiento.
  • esta área debe valorar también la posible contradicción en el ámbito energético y los compromisos medioambientales que supone calentar los espacios públicos con aparatos calefactores, aunque sean eléctricos.

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T’estiu molt 2025: La Sindicatura incide en el agravio comparativo y la discriminación en el acceso al derecho al ocio que sufren las familias con infantes y jóvenes con discapacidad

Aunque las bases reguladoras de las ayudas para actividades de verano prevén medidas para favorecer la participación de infantes y jóvenes con discapacidad, todavía no son suficientes y generan desigualdad.

Las actividades adaptadas tienen un coste más elevado, que no es asumido por las subvenciones, situación que obliga las familias a hacer un esfuerzo económico superior.

Después de recibir quejas de nueve familias con infantes y jóvenes con discapacidad respecto a los precios de las actividades municipales T’estiu molt 2025, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analizado las condiciones de acceso a las actividades de verano subvencionadas por el Ayuntamiento, y ha detectado un agravio comparativo y una discriminación que afecta a las familias con niños y jóvenes con discapacidad.

A pesar de que las bases reguladoras de las ayudas para actividades de verano prevén medidas para favorecer la participación de niños y jóvenes con discapacidad, todavía no son suficientes y generan desigualdad. Las actividades adaptadas presentan unos precios notablemente más altos que las actividades ordinarias, sin que las subvenciones cubran estas diferencias de coste, situación que obliga las familias a hacer un esfuerzo económico superior.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona también destaca que, aunque las bases prevén la accesibilidad y la inclusión en todas las actividades ordinarias, a la práctica hay familias que se encuentran con dificultades para garantizar la participación de sus hijos en estas actividades por falta de monitores de apoyo.

Entre otros, la Sindicatura ha recomendado al Ayuntamiento que este sobrecoste no repercuta en estas familias y que valore la posibilidad de aumentar las ayudas destinadas a monitorización de apoyo. En esta línea, la Sindicatura insiste que las entidades promotoras de las actividades deben garantizar que los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso que el resto de niños. “Continuaremos haciendo seguimiento de la situación para garantizar que los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad sean respetados en igualdad de condiciones”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

En la resolución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona puedes consultar en detalle cómo se regula la concesión de subvenciones, los requisitos, el coste de las actividades adaptadas y ordinarias, y varias mesas comparativas.

El número de actividades adaptadas y plazas del T’estiu molt

El Ayuntamiento ha informado que el número total de actividades aprobadas para la campaña de vacaciones de verano para niños y adolescentes es de 1.080, las cuales ofrecen un total de 369.198 plazas. De las 1.080 actividades, 22 son actividades dirigidas específicamente a niños con necesidades educativas especiales y ofrecen un total de 2.203 plazas. Llama especialmente la atención que solo 4 de las 22 actividades adaptadas tienen un coste más bajo que los máximos establecidos por el Ayuntamiento. En el caso de los campamentos, las diferencias son muy considerables y llegan a duplicar e, incluso, más que triplicar el precio máximo recomendado por el Ayuntamiento.

Las ayudas o contraprestaciones, lejos de cubrir el sobrecoste que comporta la discapacidad

Varios estudios evidencian que las personas con discapacidad deben afrontar una serie de gastos adicionales que generan una situación de desventaja económica en comparación con las personas que no tienen discapacidad. Esta desventaja no es uniforme, puesto que los costes se incrementan en función del grado de discapacidad.

Aunque las administraciones públicas ofrecen ayudas para paliar esta desigualdad, los datos muestran que estas medidas son insuficientes y no cubren el coste real derivado de la discapacidad. A día de hoy, los precios de estas actividades son tan elevados que muchas familias no los pueden asumir.

Aunque las administraciones públicas ofrecen ayudas para paliar esta desigualdad, los datos muestran que estas medidas son insuficientes y no cubren el coste real derivado de la discapacidad. A día de hoy, los precios de estas actividades son tan elevados que muchas familias no los pueden asumir.

Buenas prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, pero aún insuficientes  

Para concluir, la Sindicatura destaca que el Ayuntamiento, al regular las ayudas, ha introducido criterios para compensar esta desventaja económica. Por ejemplo, se cuenta cada persona con discapacidad como dos a la hora de calcular la renta per cápita familiar, se reserva un 5% de las plazas de las actividades ordinarias para este colectivo, y se prevé subvencionar las entidades que ofrecen actividades adaptadas. Sin embargo, la Sindicatura cree que mantener un coste tan elevado para las actividades específicas para niños y jóvenes con discapacidad representa un agravio comparativo y una discriminación en cuanto al acceso al derecho al ocio.