La defensoría concluye, una vez analizada la cuestión, que el Distrito no respondió a los escritos de una comunidad de propietarios y reclama mejorar la comunicación, especialmente en casos de multas reiteradas.
La Sindicatura advierte de la sobrecarga de los servicios municipales y de la falta de recursos, especialmente en los departamentos de licencias.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al Distrito de Sant Martí que garantice una respuesta expresa y en un plazo razonable a los escritos presentados por la ciudadanía, así como que mejore la comunicación en los supuestos en que el Ayuntamiento requiere el cumplimiento de una orden, especialmente cuando dicho cumplimiento se pretende garantizar mediante la imposición de multas coercitivas reiteradas.
Así lo ha resuelto la defensoría tras analizar una queja presentada por una comunidad de propietarios de la calle Espronceda en relación con dos cuestiones diferentes: por un lado, los daños ocasionados en su finca a raíz de unas obras en un inmueble de la calle del Perú, y por otro, la tramitación de un expediente urbanístico y la imposición de multas por el estado de conservación de su propio edificio.
Una vez examinada la documentación, la Sindicatura concluye que la actuación municipal se ajusta a derecho en lo que respecta al expediente de protección de la legalidad urbanística y la imposición de multas coercitivas. Las actuaciones responden a deficiencias propias del edificio, detectadas previamente, y son independientes de los daños que puedan haber sido causados por las obras del inmueble vecino. En este sentido, la comunidad tenía la obligación de realizar obras de conservación y había sido informada de los plazos y de las consecuencias de no cumplirlos, motivo por el cual no puede apreciarse indefensión.
Carga de trabajo de los servicios municipales
Sin embargo, la defensoría determina que el Distrito de Sant Martí no respondió a los escritos que la comunidad había presentado sobre los daños causados por las obras del inmueble vecino. Esta falta de respuesta vulnera el derecho de la ciudadanía a obtener una respuesta por parte de la Administración.
En este sentido, la Sindicatura recuerda que se ha pronunciado reiteradamente sobre el elevado volumen de expedientes y la carga de trabajo de los servicios municipales, especialmente en los departamentos de licencias de los distritos, así como sobre la falta de personal y de recursos materiales. Aunque estas circunstancias pueden dificultar el cumplimiento de los plazos, no justifican que no se responda a la ciudadanía.
Por ello, la institución insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento adopte medidas para agilizar la tramitación de los expedientes y garantizar una atención adecuada, de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y con el derecho a una buena administración. De hecho, tal y como reconoce expresamente la ley, el derecho de los ciudadanos a una buena administración incluye, entre otros contenidos, el derecho a obtener una resolución expresa clara y comprensible y a que se les notifique dentro del plazo legalmente establecido.
De acuerdo con estas consideraciones, la Sindicatura recomienda al Distrito de Sant Martí que garantice una respuesta expresa y en un plazo razonable a los escritos de la ciudadanía, y que mejore la comunicación en situaciones en las que se imponen multas para obligar al cumplimiento de sus resoluciones.
