El 8 de febrero, de 9.30 a 17 h en el barrio de Horta, ha tenido lugar la primera de las cuatro acciones conjuntas del año 2023.
El miércoles 8 de febrero, de 9.30 a 17 h, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya han estado en la Biblioteca Horta-Can Mariner para atender las quejas y las demandas de la ciudadanía.
Las sindicaturas han escuchado las demandas de los vecinos y vecinas sobre actuaciones de la administración pública. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha centrado sus intervenciones en las quejas con origen en la administración municipal, y la Síndica de Greuges de Catalunya, en las quejas que hacen referencia a servicios vinculados a la Generalitat y a empresas que prestan servicios de interés general (luz, agua, gas, etc.).
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha atendido quejas de los vecinos y vecinas, relacionadas con la superilla de Horta, contaminación acústica, derecho al descanso y uso del espacio público.
Esta ha sido la primera acción de atención presencial de las dos defensorías, que desde el año 2022 colaboran más estrechamente en la garantía de los derechos humanos de proximidad de la ciudadanía barcelonesa. Durante el año 2023 se organizarán un total de cuatro iniciativas de atención al vecindario de Barcelona:
Febrero
Horta
Mayo
Sagrada Família
Octubre
Sant Martí
Diciembre
Sants
Año 2022: primera resolución conjunta Barcelona-Catalunya
La ubicación de este equipamiento junto a un centro escolar suscitó la preocupación del vecindario, la AFA y la dirección de la escuela. En el marco del programa La Sindicatura, a pie de calle, la defensoría barcelonesa visitó la zona y estableció contactos con todos los actores implicados, con los cuales trabajó durante meses.
Esta intervención contribuyó a facilitar el diálogo entre ellos y el Ayuntamiento, y dio paso al primer pronunciamiento conjunto entre las sindicaturas de Barcelona y de Catalunya, que tramitaron las quejas que recibieron de manera conjunta, con la voluntad de optimizar los recursos públicos.
Estudio sobre la atención a las familias de las personas presas
El año 2023 la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Síndica de Greuges de Catalunya, y las defensorías locales del territorio catalán presentarán un informe monográfico conjunto, en el que analizan la atención que se ofrece a las familias de las personas pesas en centros penitenciarios. Próximamente, informaremos de la fecha de presentación de este estudio.
La Sindicatura, muy presente en el territorio
La Sindicatura de Greuges de Barcelona no es una ubicación estática, sino que está presente en el territorio. Es una institución en movimiento que, de manera periódica, se traslada a un equipamiento de proximidad con el objetivo de recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que esta se desplace a nuestra sede.
Después de la Sindicatura itinerante en el barrio de Sarriá el pasado 19 de enero, y antes de la presentación del informe anual en el plenario del 24 de febrero, la Sindicatura de Greuges llevará a cabo cuatro acciones de presencia en los barrios para acercar la institución y su tarea al vecindario de la ciudad.
La Sindicatura, a prop teu, en el Poble-sec
El próximo jueves 26 de enero a las 18 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la adjunta a la Sindicatura, Eva G. Chueca, estarán en la Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix para conversar con los vecinos y las vecinas del barrio sobre aquello que les preocupa.
La Sindicatura, a peu de carrer, en el Turó de la Peira y en Can Peguera
Miembros del equipo de la Sindicatura, con David Bondia al frente, se desplazarán el jueves 2 de febrero a los barrios del Turó de la Peira y Can Peguera para conocer, a pie de calle, las problemáticas que sufre el vecindario.
Sindicatura itinerante, con la Síndica de Greuges de Catalunya
Los vínculos entre la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya continúan fortaleciéndose. El miércoles 8 de febrero a las 9.30 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, estarán en la Biblioteca Horta – Can Mariner para atender las quejas de la ciudadanía de Barcelona.
La Sindicatura, a prop teu
Este conjunto de acciones en el territorio acabará con otra edición de La Sindicatura, a prop teu el viernes 10 de febrero por la tarde. Próximamente, informaremos de la ubicación de esta iniciativa.
La Sindicatura,a pie de calle
La mejor manera de descubrir qué pasa en Barcelona es andando de la mano de las personas que más saben de cada rincón de la ciudad: el vecindario. En este proyecto, el equipo de la Sindicatura dedica todo un día a conocer, a pie de calle, las principales problemáticas y necesidades de cada uno de los 73 barrios de la ciudad.
La Sindicatura,próxima a ti
El diálogo con la ciudadanía hace que las soluciones propuestas sean más efectivas y respondan mejor a las necesidades y experiencias de las personas. Cada mes, el equipo de la Sindicatura conversa con el vecindario de la ciudad sobre aquello que les preocupa.
Sindicatura itinerante
La Sindicatura no es una ubicación estática, sino que está presente en el territorio. Es una institución en movimiento que, de manera periódica, se traslada a un equipamiento de proximidad con el objetivo de recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que se desplace a nuestra sede.
La defensoría también propone revisar el resto de Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el Ayuntamiento, con el propósito de identificar otros casos en los que las ciudades contrapartes no respeten los derechos humanos.
Por estos motivos, la Sindicatura se ha dirigido a la Alcaldía de Barcelona para recomendar que se revoque el acuerdo de amistad y cooperación entre las tres ciudades. Por otro lado, y con el objetivo de saber si otras alianzas de este cariz respetan los derechos humanos, la defensoría también ha recomendado al Ayuntamiento que revise exhaustivamente el resto de los Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el ayuntamiento barcelonés.
Cuándo nació este acuerdo y qué implica
La firma del acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se produjo en 1998, en el contexto de los Acuerdos de Paz de Oslo, con el fin de sumar esfuerzos en la consecución de la paz en esta zona del Próximo Oriente. Fue firmado directamente por el alcalde de Barcelona.
En este acuerdo entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se pactó el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión municipal, el desarrollo de iniciativas culturales, la colaboración social y los proyectos de cooperación para mejorar las condiciones de vida de la población de Gaza.
Las dificultades del proceso de paz en el Próximo Oriente, y concretamente en el conflicto entre Palestina e Israel, han provocado que estas acciones no se hayan podido llevar a cabo. Sin embargo, Barcelona mantiene relaciones con las dos ciudades por separado.
Cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo
Se trata de un acuerdo internacional no normativo que, según la Sindicatura, reviste la forma de convenio interadministrativo de ámbito transnacional fruto de un proyecto de cooperación emprendido de forma mancomunada por una serie de ciudades.
Hay que destacar que de sus cláusulas no se derivan obligaciones o responsabilidades jurídicas ni económicas directas a cumplir por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
¿Se puede revocar este acuerdo?
Fue en los Acuerdos de Oslo de 1998 cuando se produjo el hermanamiento entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv. Estos acuerdos pretendían lograr una paz justa, duradera e integral en estos territorios del Próximo Oriente. La incapacidad para poner fin a la ocupación israelí del territorio palestino y conseguir un autogobierno palestino real ha impulsado la violencia, la inestabilidad y las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Las circunstancias vigentes han cambiado radicalmente en comparación con las obligaciones asumidas en aquel momento, hecho por el cual la Sindicatura defiende que cualquiera de las partes podría invocar la caducidad del acuerdo.
La Sindicatura cree que se debe buscar el equilibrio entre el principio general de vinculación y la posibilidad excepcional de admitir la reversibilidad de un acuerdo bajo determinadas condiciones, como las que está denunciando esta institución.
El apartheid contra el pueblo palestino
Muchas de las medidas que sufre diariamente el pueblo palestino (en Israel, Cisjordania y Gaza), además de tener consecuencias en la economía, la salud, la educación, la vivienda y el nivel de vida de la sociedad, configuran un crimen: el de apartheid. Este crimen de lesa humanidad se suma a la ocupación y al colonialismo que sufre desde hace décadas la población palestina.
El mantenimiento de vínculos con autoridades municipales o estatales israelíes que legitiman la prolongación de la ocupación y el colonialismo a Palestina comporta una complicidad en la configuración de un crimen de apartheid.
En esta línea, el último informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid contra el pueblo palestinorecomienda a los actores no estatales, entre otros: garantizar que los derechos humanos sean el centro de actuación en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales con las autoridades israelíes, hecho que incluye ejercer la diligencia debida para asegurarse que no contribuyen a mantener el sistema de apartheid.
Consecuentemente, la Sindicatura cree que los diversos niveles gubernamentales (municipal, autonómico, estatal e internacional) se deben situar claramente contra el apartheid y denunciar la existencia de un sistema que discrimina la población y la separa por etnias, creando personas de primera y segunda categoría.
Posicionamientos municipales y autonómicos
El origen de la actuación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es una queja ciudadana en defensa de un asunto de interés público: garantizar el respeto y la efectividad del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que se apliquen las consecuencias que se deriven en caso de incumplimientos. Asunto de interés público que también ha sido tratado por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Parlament de Catalunya.
El Parlament de Catalunya, mediante la resolución 399/XIV de 16 de junio de 2022, reconoció públicamente que el sistema que aplica Israel en los Territorios ocupados es contrario al derecho internacional y que, de acuerdo con el artículo 7.2.h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se puede considerar un crimen de apartheid.
Consulta la resolución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en castellano y en inglés.
Durante esta semana de cierre de noviembre e inicio de diciembre, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa ha llevado a cabo nuevas acciones en diferentes territorios: La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña (Vallvidrera, Tibidabo y les Planes) y La Sindicatura, a peu de carrer en la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell.
La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña
El Casal de Barrio de Can Rectoret ha acogido una nueva sesión de La Sindicatura, a prop teu, después de que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya visitara a peu de carrer las problemáticas de los barrios de montaña el pasado mes de febrero. La Sindicatura, a prop teu es una audiencia del síndico, David Bondia, y la adjunta, Eva Garcia Chueca, en los diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de presentar la institución a la ciudadanía y que esta plantee los reclamos más destacados. El acto fue moderado por la periodista Carme Rocamora.
Algunas de las quejas vecinales han puesto de manifiesto los problemas de planeamiento urbanístico, la pavimentación de las calles o la canalización de las aguas. El vecindario también ha denunciado el procedimiento de limpieza de los bosques y la gestión forestal del Parc de Collserola, ya que ha expuesto su preocupación por posibles incendios futuros.
Finalmente, la ciudadanía ha reivindicado la preservación del patrimonio arquitectónico de la zona, sobre todo el edificio del Sanatorio, y ha insistido en una reclamación histórica de los barrios de montaña: la mejora del transporte público. No comparten la propuesta municipal del bus a demanda, y exponen que el necesario es una mejora de los horarios y de las frecuencias de de los autobuses que ya recorren los barrios de montaña.
La Sindicatura, a peu de carrer a la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell
Durante esta semana también se ha producido una nueva edición de La Sindicatura, a peu de carrer. En este caso, en los barrios de la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell. Esta iniciativa consta de una ruta por los diferentes barrios de la ciudad, acompañadas de representantes de los movimientos vecinales, sectoriales, educativos, etc. Posteriormente, la Sindicatura traslada los reclamos recibidos a la Gerencia de Distrito y al ámbito político correspondiente.
La jornada ha empezado con una reunión con La Marina, un proyecto comunitario y de proximidad que va más allá de un medio de comunicación. La Marina cuenta con una tirada de 6.000 ejemplares mensuales y es el periódico gratuito de referencia en la zona. A la vez también tiene la versión digital y una emisora de radio (102.5 FM), en funcionamiento desde el año 1988.
El A peu de carrer ha continuado con una visita a dos zonas del espacio público donde se practica deporte al aire libre: el tenis mesa en la plaza de Sant Cristòfol y el skatepark en la plaza del Moviment Obrer. En la primera de las ubicaciones, han sido unos deportistas jubilados quién han recuperado y mantenido el espacio de tenis mesa durante los últimos meses.
A continuación, el equipo de la Sindicatura se ha desplazado a la Escola Bressol Somriures, gestionada por la cooperativa Suara. Se trata de una guardería situada dentro de Mercabarna y que ofrece servicio a los padres y madres que trabajan allí. Para acabar, se ha visitado el Espai Jove La Báscula, un equipamiento municipal de la Marina que da respuesta a las necesidades e inquietudes de los adolescentes y jóvenes del barrio, y las instalaciones deportivas ubicadas en el mismo complejo.
Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.
Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.
En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.
A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.
La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.
Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.
El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano
El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.
La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.
Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.
En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.
Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.
“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.
La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.
También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.
Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona
A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.
También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.
Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.
Personas atendidas
2019
2020
2021 (enero-septiembre)
Mujeres
8.037
8.942
12.549
Hombres
4.034
4.407
6.662
Personas con otras identidades de género
8
2
11
Total de personas atendidas
12.079
13.351
19.222
Datos facilitados por el Servicio PAE
Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.
El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico
El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.
También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.
Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local
A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:
Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.
Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.
Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.
Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.
Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.
Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.
Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.
Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.
Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento
Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.
Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).
Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.
Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.
Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.
Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.
Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.
Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.
Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.
Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.
Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.
Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.
Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.
Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.
Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.
Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.
Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.
Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.
Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.
Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.
En el contexto del proyecto La Sindicatura, a prop teu, David Bondia y miembros de su equipo han asistido el jueves 22 de septiembre a la Biblioteca Zona Nord para acercar la Sindicatura de Greuges de Barcelona a la ciudadanía de los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y escuchar sus reclamos y demandas.
El objetivo de la iniciativa La Sindicatura, a prop teu es apelar a la proactividad de la institución, acompañada de la ciudadanía para tratar las problemáticas del vecindario de los 73 barrios barceloneses. “Quiero trabajar conjuntamente con la ciudadanía, los representantes vecinales y los movimientos asociativos. Nadie conoce mejor Barcelona”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.
Esta sesión ha dado continuidad al A peu de carrer, que tuvo lugar el último 5 de mayo en los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y en el que el síndic de greuges de Barcelona y miembros de su equipo se reunieron con la dirección de la Escola Ciutat Comtal; la dirección de la Escola Montcada; la Asociación de Vecinas y Vecinos de Torre Baró; la Escola Bressol Municipal La Muntanya, y la Asociación de Vecinas y Vecinos de Ciutat Meridiana.
Si dos años atrás me hubieran pedido definir qué entendía por derechos humanos, sin dudarlo, habría dicho que representaban “el conjunto de necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes a las personas que tienen que ser cubiertas para garantizar el derecho a una vida digna de ser vivida”. Ahora es momento de pensar cómo ha modificado la pandemia Covid-19 esta definición, y me atrevería a decir que ni lo más mínimo. Más bien, esta compleja emergencia nos ha puesto ante el espejo y nos ha hecho ver situaciones que no queríamos enfrentar, que estaban ante nosotros, pero con unas dinámicas que no nos permitían considerar las muchas carencias que teníamos.
En este momento, que no sabemos si ya hemos superado esta pandemia o nos encontramos a las puertas de nuevas incertidumbres, puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que los derechos humanos continúan siendo “el conjunto de necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes a las personas que tienen que ser cubiertas para garantizar el derecho a una vida digna de ser vivida”.
La reivindicación de este derecho a una vida digna de ser vivida, después de todo lo que ha pasado, nos interpela a plantearnos que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. En este, los derechos humanos no pueden ser solo un discurso sino que deben ser una práctica urgente y necesaria. Los derechos humanos no pueden ser únicamente una lluvia fina que moja un poco, sino que hace falta que conviertan en una lluvia que empapa.
Para hacer frente a esta nueva situación que nos ha tocado vivir, crisis sanitaria (de la que todavía parece que no hemos salido) acompañada de una grave crisis social (de la que tardaremos mucho en salirnos), tenemos que creer firmemente que la reconstrucción de sociedades más justas solo se podrá hacer desde la emancipación y la transformación social propia del mundo de los derechos humanos.
Durante la pandemia, en la postpandemia y a las puertas de nuevas incertidumbres, se están generando tres posibles relatos frente a los retos presentes y futuros. Desgraciadamente, hay dos que están calando mucho en el ámbito político y mediático.
El relato catastrofista que solo genera desconfianza y miedo, generando la sensación de que no podemos hacer nada y que tenemos que ir parcheando para ver cómo salimos de esta situación en el futuro.
El relato del hipercontrol, que hace inciso en la necesidad de poner la seguridad por ante todo, y que pide renunciar a derechos y a garantías democráticas para conseguir más control social.
Y, finalmente, un tercer relato, que es el que necesariamente debemos defender, consistente en lo que podríamos definir como la imaginación de la aventura humana. Este relato rechaza la reconstrucción desde el discurso del miedo y de la seguridad y defiende que el humanismo de la interdependencia fundamentado en los derechos humanos tiene que ser el motor de la reconstrucción social.
Esta reconstrucción social pasa por la imprescindible conexión entre el ámbito global y el ámbito local. Empezar a trabajar desde el ámbito local para revertir situaciones que nos afectan a todas y todos a escala global.
Este discurso renovador no puede quedarse solo en unas declaraciones de intenciones, sino que tiene que ser el futuro programa de acción para cualquier política pública en materia de derechos humanos y, naturalmente, el programa de acción de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
La síndica de greuges de Barcelona desarrolla el Programa de visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona, que tiene el objetivo de conocer de primera mano la realidad de los barrios.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, el Defensor del Ciudadano a Badalona, Armand Soler, ha considerado oportuno reflexionar sobre este complicado y enrevesado asunto.
El acto ha contado con la participación de Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona; Xavier Puigdollers, presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del ICAB, y Marino Villa, jurista y ex adjunto de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, José Luis Nicolás, Síndic de Greuges de Viladecans, ha deatacado que la la defensa de la diversidad cultural es intrínseca a la defensa de los Derechos Humanos.
En el contexto del Día Mundial de la Salud, Dolors Vallejo Calderón, Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, defiende que las sindicaturas locales tenemos que estar atentas y receptivas a las quejas de la ciudadanía vinculadas con los servicios de salud.
