Categoría: Institucional

La presencia en los barrios y la proximidad con el vecindario continúa siendo una de las prioridades de la Sindicatura para el año 2023

Presencia als barris

Después de la Sindicatura itinerante en el barrio de Sarriá el pasado 19 de enero, y antes de la presentación del informe anual en el plenario del 24 de febrero, la Sindicatura de Greuges llevará a cabo cuatro acciones de presencia en los barrios para acercar la institución y su tarea al vecindario de la ciudad.

La Sindicatura, a prop teu, en el Poble-sec

El próximo jueves 26 de enero a las 18 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la adjunta a la Sindicatura, Eva G. Chueca, estarán en la Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix para conversar con los vecinos y las vecinas del barrio sobre aquello que les preocupa.

La Sindicatura, a peu de carrer, en el Turó de la Peira y en Can Peguera

Miembros del equipo de la Sindicatura, con David Bondia al frente, se desplazarán el jueves 2 de febrero a los barrios del Turó de la Peira y Can Peguera para conocer, a pie de calle, las problemáticas que sufre el vecindario.

Sindicatura itinerante, con la Síndica de Greuges de Catalunya

Los vínculos entre la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya continúan fortaleciéndose. El miércoles 8 de febrero a las 9.30 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, estarán en la Biblioteca Horta – Can Mariner para atender las quejas de la ciudadanía de Barcelona.

La Sindicatura, a prop teu

Este conjunto de acciones en el territorio acabará con otra edición de La Sindicatura, a prop teu el viernes 10 de febrero por la tarde. Próximamente, informaremos de la ubicación de esta iniciativa.

La Sindicatura, a pie de calleLa mejor manera de descubrir qué pasa en Barcelona es andando de la mano de las personas que más saben de cada rincón de la ciudad: el vecindario. En este proyecto, el equipo de la Sindicatura dedica todo un día a conocer, a pie de calle, las principales problemáticas y necesidades de cada uno de los 73 barrios de la ciudad.
La Sindicatura, próxima a tiEl diálogo con la ciudadanía hace que las soluciones propuestas sean más efectivas y respondan mejor a las necesidades y experiencias de las personas. Cada mes, el equipo de la Sindicatura conversa con el vecindario de la ciudad sobre aquello que les preocupa.
Sindicatura itineranteLa Sindicatura no es una ubicación estática, sino que está presente en el territorio. Es una institución en movimiento que, de manera periódica, se traslada a un equipamiento de proximidad con el objetivo de recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que se desplace a nuestra sede.

La Sindicatura insta al Ayuntamiento de Barcelona a revocar el acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv

Barcelona Gaza i Tel-Aviv

La defensoría también propone revisar el resto de Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el Ayuntamiento, con el propósito de identificar otros casos en los que las ciudades contrapartes no respeten los derechos humanos.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analizado el acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv, y ha concluido que este hermanamiento no ha tenido en cuenta el cambio de circunstancias que se ha producido después de su celebración, no garantiza el respeto al compromiso con los derechos humanos, y tampoco impulsa unas relaciones internacionales que promuevan la justicia global.

Por estos motivos, la Sindicatura se ha dirigido a la Alcaldía de Barcelona para recomendar que se revoque el acuerdo de amistad y cooperación entre las tres ciudades. Por otro lado, y con el objetivo de saber si otras alianzas de este cariz respetan los derechos humanos, la defensoría también ha recomendado al Ayuntamiento que revise exhaustivamente el resto de los Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el ayuntamiento barcelonés.

Cuándo nació este acuerdo y qué implica

La firma del acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se produjo en 1998, en el contexto de los Acuerdos de Paz de Oslo, con el fin de sumar esfuerzos en la consecución de la paz en esta zona del Próximo Oriente. Fue firmado directamente por el alcalde de Barcelona.

En este acuerdo entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se pactó el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión municipal, el desarrollo de iniciativas culturales, la colaboración social y los proyectos de cooperación para mejorar las condiciones de vida de la población de Gaza.

Las dificultades del proceso de paz en el Próximo Oriente, y concretamente en el conflicto entre Palestina e Israel, han provocado que estas acciones no se hayan podido llevar a cabo. Sin embargo, Barcelona mantiene relaciones con las dos ciudades por separado.

Cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo

Se trata de un acuerdo internacional no normativo que, según la Sindicatura, reviste la forma de convenio interadministrativo de ámbito transnacional fruto de un proyecto de cooperación emprendido de forma mancomunada por una serie de ciudades.

Hay que destacar que de sus cláusulas no se derivan obligaciones o responsabilidades jurídicas ni económicas directas a cumplir por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

¿Se puede revocar este acuerdo?

Fue en los Acuerdos de Oslo de 1998 cuando se produjo el hermanamiento entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv. Estos acuerdos pretendían lograr una paz justa, duradera e integral en estos territorios del Próximo Oriente. La incapacidad para poner fin a la ocupación israelí del territorio palestino y conseguir un autogobierno palestino real ha impulsado la violencia, la inestabilidad y las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

La Sindicatura considera que, después de veinticuatro años, es evidente que estos acuerdos no han funcionado. El mismo Ayuntamiento admite en su página web que el fomento de la colaboración entre las sociedades de las tres ciudades, por razones derivadas del conflicto, nunca se ha podido llevar a cabo. Es evidente que el contexto en el que se hizo el hermanamiento ha variado de forma notoria hasta llegar a la situación actual.

Las circunstancias vigentes han cambiado radicalmente en comparación con las obligaciones asumidas en aquel momento, hecho por el cual la Sindicatura defiende que cualquiera de las partes podría invocar la caducidad del acuerdo.

La Sindicatura cree que se debe buscar el equilibrio entre el principio general de vinculación y la posibilidad excepcional de admitir la reversibilidad de un acuerdo bajo determinadas condiciones, como las que está denunciando esta institución.

El apartheid contra el pueblo palestino

Muchas de las medidas que sufre diariamente el pueblo palestino (en Israel, Cisjordania y Gaza), además de tener consecuencias en la economía, la salud, la educación, la vivienda y el nivel de vida de la sociedad, configuran un crimen: el de apartheid. Este crimen de lesa humanidad se suma a la ocupación y al colonialismo que sufre desde hace décadas la población palestina.

El mantenimiento de vínculos con autoridades municipales o estatales israelíes que legitiman la prolongación de la ocupación y el colonialismo a Palestina comporta una complicidad en la configuración de un crimen de apartheid.

En esta línea, el último informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid contra el pueblo palestino recomienda a los actores no estatales, entre otros: garantizar que los derechos humanos sean el centro de actuación en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales con las autoridades israelíes, hecho que incluye ejercer la diligencia debida para asegurarse que no contribuyen a mantener el sistema de apartheid.

Consecuentemente, la Sindicatura cree que los diversos niveles gubernamentales (municipal, autonómico, estatal e internacional) se deben situar claramente contra el apartheid y denunciar la existencia de un sistema que discrimina la población y la separa por etnias, creando personas de primera y segunda categoría.

Posicionamientos municipales y autonómicos

El origen de la actuación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es una queja ciudadana en defensa de un asunto de interés público: garantizar el respeto y la efectividad del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que se apliquen las consecuencias que se deriven en caso de incumplimientos. Asunto de interés público que también ha sido tratado por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Parlament de Catalunya.

El año 2017 la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, y Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona se comprometió a evitar que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera cualquier tipo de complicidad con la ocupación, la violación de los derechos humanos y el expolio de los recursos palestinos, e instó el Ayuntamiento a desmantelar el acuerdo triangular Barcelona, Gaza y Tel Aviv.

El Parlament de Catalunya, mediante la resolución 399/XIV de 16 de junio de 2022, reconoció públicamente que el sistema que aplica Israel en los Territorios ocupados es contrario al derecho internacional y que, de acuerdo con el artículo 7.2.h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se puede considerar un crimen de apartheid.

La Sindicatura, cerca de la ciudadanía: barrios de montaña, la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell

la Marina

Durante esta semana de cierre de noviembre e inicio de diciembre, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa ha llevado a cabo nuevas acciones en diferentes territorios: La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña (Vallvidrera, Tibidabo y les Planes) y La Sindicatura, a peu de carrer en la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell.

La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña

El Casal de Barrio de Can Rectoret ha acogido una nueva sesión de La Sindicatura, a prop teu, después de que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya visitara a peu de carrer las problemáticas de los barrios de montaña el pasado mes de febrero. La Sindicatura, a prop teu es una audiencia del síndico, David Bondia, y la adjunta, Eva Garcia Chueca, en los diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de presentar la institución a la ciudadanía y que esta plantee los reclamos más destacados. El acto fue moderado por la periodista Carme Rocamora.

Algunas de las quejas vecinales han puesto de manifiesto los problemas de planeamiento urbanístico, la pavimentación de las calles o la canalización de las aguas. El vecindario también ha denunciado el procedimiento de limpieza de los bosques y la gestión forestal del Parc de Collserola, ya que ha expuesto su preocupación por posibles incendios futuros.

Finalmente, la ciudadanía ha reivindicado la preservación del patrimonio arquitectónico de la zona, sobre todo el edificio del Sanatorio, y ha insistido en una reclamación histórica de los barrios de montaña: la mejora del transporte público. No comparten la propuesta municipal del bus a demanda, y exponen que el necesario es una mejora de los horarios y de las frecuencias de de los autobuses que ya recorren los barrios de montaña.

La Sindicatura, a peu de carrer a la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell

Durante esta semana también se ha producido una nueva edición de La Sindicatura, a peu de carrer. En este caso, en los barrios de la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell. Esta iniciativa consta de una ruta por los diferentes barrios de la ciudad, acompañadas de representantes de los movimientos vecinales, sectoriales, educativos, etc. Posteriormente, la Sindicatura traslada los reclamos recibidos a la Gerencia de Distrito y al ámbito político correspondiente.

La jornada ha empezado con una reunión con La Marina, un proyecto comunitario y de proximidad que va más allá de un medio de comunicación. La Marina cuenta con una tirada de 6.000 ejemplares mensuales y es el periódico gratuito de referencia en la zona. A la vez también tiene la versión digital y una emisora de radio (102.5 FM), en funcionamiento desde el año 1988.

El A peu de carrer ha continuado con una visita a dos zonas del espacio público donde se practica deporte al aire libre: el tenis mesa en la plaza de Sant Cristòfol y el skatepark en la plaza del Moviment Obrer. En la primera de las ubicaciones, han sido unos deportistas jubilados quién han recuperado y mantenido el espacio de tenis mesa durante los últimos meses.

A continuación, el equipo de la Sindicatura se ha desplazado a la Escola Bressol Somriures, gestionada por la cooperativa Suara. Se trata de una guardería situada dentro de Mercabarna y que ofrece servicio a los padres y madres que trabajan allí. Para acabar, se ha visitado el Espai Jove La Báscula, un equipamiento municipal de la Marina que da respuesta a las necesidades e inquietudes de los adolescentes y jóvenes del barrio, y las instalaciones deportivas ubicadas en el mismo complejo.

La Fiscalía pide dos años de prisión para la autora de noticias falsas sobre jóvenes migrantes sin referentes familiares que la Sindicatura puso en su conocimiento en julio de 2019

Notícies falses JMSRF

La Fiscalía de Delitos de Odio ha hecho pública la petición de dos años de prisión para una internauta, que será juzgada en abril de 2023, por difundir en Twitter una noticia falsa con el objetivo de difamar a los jóvenes migrantes sin referentes familiares.

En el escrito de acusación, la Fiscalía de Delitos de Odio considera que la internauta cometió un delito contra los derechos fundamentales, en concreto, una lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por origen. Más allá de los dos años de prisión, también pide que se la multe con 6.570 euros y que se la inhabilite durante cinco años para la educación en el ámbito docente, deportivo y de ocio.

La Sindicatura es el origen de la primera iniciativa legal contra las fake news en España

Fue en julio de 2019 cuando la Sindicatura de Greuges de Barcelona recibió un video que se estaba difundiendo en redes sociales y Whatsapp, con un contenido que presuntamente podría ser una incitación al odio contra el colectivo de jóvenes migrantes sin referentes familiares.

La Sindicatura trasladó este tema a la Fiscalía de Barcelona porque consideró que las imágenes y el texto de esta publicación podían fomentar y promocionar la discriminación y el odio contra un grupo. Este tipo de acciones están consideradas delitos, según el Código Penal. Concretamente, en el video se observaba una clase de escuela con menores de edad que provocaban incidentes en el mobiliario y que no respetaban la autoridad de la profesora. El texto que acompañaba el video era el siguiente: “Mando un video de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que entran ilegalmente el España. Ruego difusión para que España se entere de una vez como noes agradecen que los acojamos”.

En febrero de 2020 se hizo pública la querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra esta internauta acusada de difundir este video con las falsas atribuciones a un grupo de jóvenes migrantes sin referentes familiares. Después de las investigaciones de los Mossos d’Esquadra, se demostró que este video correspondía a una clase de Brasil y que la atribución a este grupo de jóvenes migrantes sin referentes familiares era falsa. La Sindicatura de Greuges de Barcelona celebró que el traslado de esta información a la Fiscalía de Barcelona se convirtiera en la primera iniciativa legal del Ministerio Público contra las fake news en España.

A pesar de que esta fue la primera iniciativa legal contra las noticias falsas, ya existe un precedente muy reciente de condena por difusión de fake news en España. La pasada semana, el 8 de noviembre de 2022, un hombre fue condenado por subir en julio del 2019 un video de una brutal agresión a una chica, con el cual hizo creer que se trataba de imágenes de una violación que había pasado en Canet de Mar para atribuirla a jóvenes migrantes sin referentes familiares, a pesar de que los hechos habían pasado en China.

La Sindicatura ha propuesto acciones al Ayuntamiento para garantizar los derechos de los jóvenes migrantes sin referentes familiares

En mayo de 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona presentó el ‘La situació de joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona’, con el propósito de abordar la realidad de este colectivo vulnerabilizado desde la perspectiva de la garantía de derechos.

Desde el año 2015, unos 9.000 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares han llegado a Cataluña por una amalgama de razones que explican su decisión de emprender este viaje sin ningún acompañamiento familiar. En el sistema estatal de atención a la infancia y la juventud, estas personas son acogidas, tuteladas y atendidas por las comunidades autónomas. Cuando logran la mayoría de edad, finaliza la tutela administrativa y el escenario es menos regulado y más diversificado.

Se trata de un colectivo que precisa un apoyo y un acompañamiento específico para ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida. El estudio de la Sindicatura presta una especial atención a los adolescentes y jóvenes de 18 a 23 años, que se enfrentan solos y solas a una edad adulta registral, pero no siempre real. El objetivo es identificar cómo mejorar y facilitar la transición a la edad adulta en condiciones de igualdad y equidad, promoviendo lo respecto a los derechos y libertades garantizados a cualquier persona ciudadana de Barcelona.

Las propuestas de la Sindicatura

Para mejorar la atención a los jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado una serie de propuestas, de las cuales destacaremos algunas de ellas desde diferentes dimensiones:

Dimensión jurídica

  • Dar seguimiento a la aplicación de la reforma del reglamento de extranjería para garantizar que los y las jóvenes llegan a la mayoría de edad con toda la documentación requerida y para reforzar el trabajo en sus itinerarios de emancipación.
  • Reforzar los espacios de atención de las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares en el ámbito de la detección o el acompañamiento, o en la defensa de sus derechos, a través de instrumentos como: asesoramiento y atención especializada, la clínica jurídica local, la figura de la persona referente o mentora, o el refuerzo de los equipos educadores de calle para mejorar la detección de los y las jóvenes.

Dimensión socioeconómica

  • Refuerzo de las alternativas residenciales, atendiendo al desajuste entre necesidades y recursos en el ámbito de la vivienda. Por este motivo, se deberían explorar otras opciones, como la acogida, que serviría no solo para superar la situación de la falta de vivienda, sino que también favorecería la creación de vínculos entre jóvenes y la sociedad de acogida.
  • Refuerzo de la atención en salud mental, estableciendo un protocolo de atención y acompañamiento psicológico, y de atención en el estrés postraumático, a través del desarrollo de un espacio sociosanitario para personas en situación de riesgo de exclusión social, ampliando la cobertura de programas de convalecencia y psiquiatría de calle. Esta actuación requiere coordinación interadministrativa.
  • Reforzar la formación y capacitación lingüística de los y las jóvenes, y garantizar la continuidad de la formación de este colectivo, facilitando también su acceso a los estudios superiores. También es importante evitar que se generen desigualdades digitales vinculadas a estas personas jóvenes.

Dimensión comunitaria

  • Fomentar la participación del colectivo sin referentes familiares mediante la creación de espacios donde se fortalezcan las redes relacionales con la ciudadanía, y haciendo programas de acompañamiento y mejora de su sentimiento de pertenencia.
  • Implementar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad de acogida para evitar narrativas y discursos negativos hacia el colectivo.

Dimensión de gobernanza

  • Asegurar una coordinación multinivel y multisectorial entre las diversas administraciones y áreas que tienen competencias vinculadas al colectivo.
  • Fortalecer la formación especializada y el diseño de protocolos que faciliten la actuación de los diferentes actores de los procesos de atención, cura e inclusión de estos jóvenes.
  • Mejorar la recogida y tratamiento de datos, especialmente cuando no han formado parte del sistema de tutela y acogida durante su minoría de edad.
  • Incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la implementación y evaluación de las diferentes actuaciones y servicios.
  • Fortalecer el rol de XBcn para llevar a cabo una coordinación más generalizada y estructurada del trabajo de todos los actores involucrados, con el objetivo de evitar el riesgo de duplicidades en algunas áreas, y escasez de recursos en otras.
  • Fortalecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los diferentes programas a fin de mejorar las actuaciones y servicios, identificando buenas prácticas y experiencias que se puedan compartir con otras ciudades del entorno.

Finalmente, la Sindicatura recalca que es precisamente en la mayoría de edad de los y las jóvenes migrantes sin referentes familiares donde el Ayuntamiento tiene más margen de actuación, puesto que se trata de jóvenes residentes en la ciudad. Ahora bien, garantizar un proceso de emancipación exitoso requiere un trabajo continuado desde el primer momento.

A pie de calle: la Sindicatura visita el Clot-Camp de l’Arpa

Clot-Camp de l'Arpa

En una nueva edición del proyecto A pie de calle, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recorrió el Clot – Camp de l’Arpa para atender las propuestas, reclamos y preocupaciones del movimiento vecinal y asociativo de la zona.

La jornada empezó con un encuentro con la Asociación de Vecinas y Vecinos de Clot – Camp de l’Arpa, con quien se trató el Plan de protección patrimonial del Clot; la situación de la ejecución de las obras de la Torre del Fang o Can Miralletes; los usos que tendrá el equipamiento de la Fàbrica del Plom, y otros temas objeto de queja a la Sindicatura.

Posteriormente, el equipo de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, encabezado por el síndic Bondia, se desplazó al entorno de Glories, para evaluar la incidencia de las obras, las posibles molestias ocasionadas por el edicto ubicado en Llacuna-Gran Vía, o la afectación en la Escuela Casas, entre otras.

Antes de iniciar la tarde, tuvo lugar una reunión con la Federación de Entidades del Clot – Camp de l’Arpa, la coordinadora que reúne a 43 entidades del barrio. Desde la federación nos trasladaron su preocupación por el uso del espacio público, por el futuro de la gestión comunitaria del patrimonio ciudadano, y por los equipamientos pendientes.

A pie de calle en Clot – Camp de l’Arpa concluyó con un último encuentro con el Orfeó Martinenc, la entidad sociocultural que promueve la cultura popular del barrio y facilita espacios a muchas entidades de la zona. Los representantes del Orfeó manifestaron su inquietud por la complicada situación que sufren los ateneos en Barcelona.

En este primer año del período 2021-2026, la defensoría ya ha estado presente en los barrios de Sant Martí de Provençals; la Verneda i la Pau; Sant Antoni; el Baix Guinardó; el Raval; Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes; Bon Pastor; Torre Baró; Ciutat Meridiana; Vallbona; Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou; el Besòs i el Maresme; Barceloneta; Sarrià; Sant Andreu, y Les Corts.

Antes de cerrar el año, la Sindicatura tiene previsto desplazarse a Horta; el Gòtic; la Marina, y la Marina del Prat Vermell, entre otros.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona repasa el primer año del período 2021-2026

El nuevo proyecto de la Sindicatura de Greuges de Barcelona para el periodo 2021-2026 empezó un año atrás, cuando David Bondia tomó posesión como nuevo síndic de greuges de Barcelona el pasado mes de octubre de 2021.

La Sindicatura aprovecha esta efeméride para repasar las iniciativas y las acciones llevadas a cabo desde la institución en este primer año de nuevo proyecto.

Una Sindicatura al lado de la de ciudadanía

La ciudad es su gente, sus personas, su tejido social. Por esta razón, uno de los nuevos propósitos que persigue la Sindicatura es que la institución esté presente en los 73 barrios y los 10 distritos que conforman Barcelona. La Sindicatura de Greuges deber ser un territorio y no solo una ubicación física. “Hay que trabajar de forma itinerante en el territorio para conocer y conectar con las problemáticas de la ciudadanía vinculadas a los derechos humanos de proximidad”, manifiesta David Bondia.

Mensualmente se llevan a cabo tres acciones presenciales para acercar la institución a la ciudadanía:

Iniciativa  Breve descripción
La Sindicatura, a pie de calle  Visita y paseo por los diferentes barrios de la ciudad, acompañadas de representantes de los movimientos vecinales, sectoriales, educativos, etc.  
La Sindicatura, cerca de ti  Organización de una audiencia del síndic y la adjunta en los diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de presentar la institución a la ciudadanía, y que esta plantee las quejas más destacadas del barrio.  
Sindicatura itinerante  Miembros del equipo de la defensoría se trasladan a equipamientos de la ciudad para atender en primera persona a la ciudadanía que quiera hacer consultas o presentar quejas.  

Actualmente, la Sindicatura ya ha estado presente en los barrios de Sant Martí de Provençals; la Verneda i la Pau; a Sant Antoni; el Baix Guinardó; el Raval; Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes; Bon Pastor; Torre Baró; Ciutat Meridiana; Vallbona; Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou; el Besòs i el Maresme; Barceloneta; Sarrià; Sant Andreu, Les Corts y Clot-Camp de l’Arpa.

Antes de finalizar el año, la Sindicatura se desplazará a Horta; el Gòtic; la Marina, o la Marina del Prat Vermell, entre otros.

Una Sindicatura que actúe de manera proactiva

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, también destaca la importancia de tener una institución proactiva, que actúe en tiempo real para solucionar, o incluso anticipar, la vulneración de derechos de las personas. Por este motivo, en este primer año del proyecto 2021-2026, la Sindicatura ha impulsado un total de 47 actuaciones de oficio que visibilizan las diferentes problemáticas de la ciudad.

Entre otras, resaltan cuatro actuaciones de oficio, que se han convertido en informes monográficos:

En esta línea, también hay que destacar otras intervenciones de oficio de la Sindicatura de Greuges de Barcelona (algunas de ellas aún en proceso de resolución): la falta de espacio en el CAP Gòtic, el funcionamiento de los servicios sociales de la ciudad, o el uso del Palauet Albéniz y los gastos a cargo del presupuesto municipal.

Más maneras de intervenir: mediación administrativa y dictamen

Durante este primer año, se han explorado otras vías de actuación que se ajusten al reglamento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y que permitan ir más allá en la defensa y la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía barcelonesa.

Entre otros, la Sindicatura ha iniciado el camino de la mediación administrativa para trabajar la resolución conflictos entre un ciudadano o ciudadana y la administración municipal. Concretamente, lo ha hecho en dos casos: en la gestión del espacio público de la ronda Sant Antoni y en la nueva ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones junto a una escuela.

En cuanto al primer caso, y después de varios encuentros con el vecindario, las asociaciones de comercios y los representantes políticos del consistorio, la Sindicatura de Greuges de Barcelona puso énfasis en la necesidad de encontrar una solución participada en la gestión de la dinamización de la losa de la ronda Sant Antoni hasta el momento de su retirada.

La otra situación en la que la Sindicatura ha aplicado la mediación administrativa ha sido en la preocupación generada por la nueva ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones junto a un centro escolar, que inquietó a algunas familias de la Escola Les Aigües. Este proceso de mediación finalizó con una resolución conjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya.

En cuanto a otras vías de intervención, la Sindicatura también emitió un dictamen después de que el 12 de mayo de 2022 se publicara en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) el anuncio de información pública del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) sobre la aprobación de la Ayuda de urgencia social para familias con niños de 0 a 16 años.

Ante el anuncio de presentar las solicitudes únicamente por medios electrónicos, la Sindicatura recordó al IMSS que es necesario velar de manera efectiva por la equidad digital y posibilitar otras vías. En su dictamen, la defensoría también recomendó al IMSS que garantice la ampliación de 4 millones de euros en el importe de la convocatoria, dado el agravio comparativo con ediciones anteriores.

Creación de un grupo de trabajo para abordar las violencias

Por último, hay que destacar que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha impulsado la creación del Grupo de Trabajo para abordar el abuso y el acoso sexual a mujeres, infancia y adolescencia, con el objetivo de acontecer un espacio para tratar cuál es el avance necesario en el tratamiento de estas situaciones por parte de los organismos públicos locales, y contribuir al proceso de recuperación de las secuelas generadas en las víctimas.

Este grupo de trabajo cuenta con la participación de varios perfiles profesionales, con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento holístico de la situación: el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia; la abogada y criminóloga experta en derecho penal y género, Carla Vall; la actriz y vocal de la Academia del Cine Catalán, Maria Molins; la psicóloga especializada en violencias machistas, Aina Troncoso; las periodistas de investigación Nuria Juanico y Albert Llimós; la fundadora de la Fundación Vicki Bernadet, la misma Vicki Bernadet, y la psicóloga de la Asociación in via, Patricia Ortuño.

Analizar la ciudad en función de la afectación de derechos

Este año 2022, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha establecido una nueva metodología de clasificación de sus intervenciones. En esta nueva organización, la institución estructurará sus actuaciones en función de los derechos afectados.

Concretamente, la Sindicatura ha establecido cuatro ámbitos de actuación y un eje interseccional.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama que el acceso a la energía sea considerado un derecho humano

Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.

A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.

La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.

Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.

El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano

El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.

La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.

En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.

Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.

“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.

También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.

Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona

A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.

También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.

Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.

Personas atendidas201920202021 (enero-septiembre)
Mujeres8.0378.94212.549
Hombres4.0344.4076.662
Personas con otras identidades de género8211
Total de personas atendidas12.07913.35119.222
Datos facilitados por el Servicio PAE

Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico

El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.

También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.

Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local

A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:

  • Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.
  • Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.
  • Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.
  • Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.
  • Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.
  • Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.
  • Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.
  • Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.

Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento

  • Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.
  • Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).
  • Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.
  • Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.
  • Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.
  • Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.
  • Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.
  • Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.
  • Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.
  • Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.
  • Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.
  • Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.
  • Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.
  • Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.
  • Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.
  • Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.
  • Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.
  • Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.
  • Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.
  • Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.

‘Sindicatura itinerante’: el 29 de septiembre inicia el nuevo proyecto de la defensoría de la ciudadanía barcelonesa

Sindicatura itinerant

La Sindicatura de Greuges de Barcelona iniciará, el próximo jueves 29 de septiembre, el proyecto ‘Sindicatura itinerante’, en el que miembros del equipo de la defensoría se trasladarán a equipamientos de la ciudad para atender en primera persona a la ciudadanía que desee hacer consultas o presentar quejas.

Esta nueva iniciativa arrancará en la Biblioteca García Márquez de Sant Martí de Provençals de 10 a 13 h y de 15 a 18 h. El equipo de la Sindicatura de Greuges de Barcelona estará ubicado en la planta -1 de este equipamiento municipal con el objetivo de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas que quieran exponer vulneraciones de derechos o disconformidad con algún servicio municipal.

“Estrenamos uno de los proyectos que ya tenía en mi programa de 7 ejes y 33 propuestas, que permitirá crear una Sindicatura itinerante, que sea un territorio y no solo una ubicación”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia. En la línea de acercar la institución a los barceloneses y barcelonesas, la finalidad del proyecto ‘Sindicatura itinerante’ es estar presente en los 73 barrios de la ciudad para garantizar la defensa de los derechos humanos de proximidad al vecindario de la ciudad.

La última visita de la Sindicatura al Distrito de Sant Martí se produjo el pasado 25 de enero de 2022, en el contexto de la iniciativa ‘A pie de calle’ y en la que el síndic se reunió con la AVV de Sant Martí de Provençals, la Coordinadora de Entidades VERN, la Escuela de Adultos de la Verneda y la Asociación Sant Martí Esport.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona acompaña al Observatori contra l’Homofòbia en la atención a las víctimas de LGTBI-fobia durante la Festa de la Mercè

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha acompañado el viernes 23 de septiembre (de 22 a 1 h) al Observatori contra l’Homofòbia en la atención a posibles violencias lgtbi-fóbicas durante la Festa de la Mercè.

Esta atención se ha producido de manera telefónica, vía whatsapp, en el 699 90 16 51. A pesar de que este año ha sido el primero en el que colabora la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es la tercera edición en la que el Observatori pone en marcha este servicio. Este año también se ha contado con la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona.

A causa del estigma que todavía comportan los temas relativos a la orientación sexual y la identidad de género, la violencia y la discriminación contra las personas LGTBI+ queda frecuentemente sin denunciar, sin documentar y, en consecuencia, sin castigar. “Queremos poner facilidades al colectivo para que, si se produce una incidencia, tengan un servicio a su alcance que les permita denunciarlo de manera sencilla y segura”, ha explicado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

Esta lucha nos interpela a todas y todos. Es una lucha de derechos humanos, desde una perspectiva interseccional. El argumento a favor de extender a las personas LGTBI+ los mismos derechos de los cuales disfrutan el resto de personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios que fundamentan las normas nacionales e internacionales de derechos humanos: igualdad y no discriminación.

Sin embargo, todavía persisten discursos y actuaciones que pretenden justificar la desigualdad, y estigmatizar y preservar un determinado statu quo. Ante esto, debemos reivindicar que la lucha por la dignidad de los derechos del colectivo LGTBI+ es una lucha por una humanidad diversa de la cual todos y todas formamos parte.

Desde las sindicaturas locales, ante el auge de las acciones y los silencios negacionistas, tendríamos que dar un paso adelante para acompañar los itinerarios de las personas que denuncian agresiones y discriminaciones lgtbi-fóbicas. Nuestros principales objetivos, trabajando de forma coordinada con entidades y otras instituciones para evitar revictimizaciones, deben buscar la forma de reparar la dignidad de la persona, combatir estas violencias y fomentar la prevención y la sensibilización para evitar su naturalización.

Nueva edición de ‘La Sindicatura, a prop teu’, dirigida al vecindario de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona

Sindic, a prop teu

En el contexto del proyecto La Sindicatura, a prop teu, David Bondia y miembros de su equipo han asistido el jueves 22 de septiembre a la Biblioteca Zona Nord para acercar la Sindicatura de Greuges de Barcelona a la ciudadanía de los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y escuchar sus reclamos y demandas.

El objetivo de la iniciativa La Sindicatura, a prop teu es apelar a la proactividad de la institución, acompañada de la ciudadanía para tratar las problemáticas del vecindario de los 73 barrios barceloneses. “Quiero trabajar conjuntamente con la ciudadanía, los representantes vecinales y los movimientos asociativos. Nadie conoce mejor Barcelona”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

Esta sesión ha dado continuidad al A peu de carrer, que tuvo lugar el último 5 de mayo en los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y en el que el síndic de greuges de Barcelona y miembros de su equipo se reunieron con la dirección de la Escola Ciutat Comtal; la dirección de la Escola Montcada; la Asociación de Vecinas y Vecinos de Torre Baró; la Escola Bressol Municipal La Muntanya, y la Asociación de Vecinas y Vecinos de Ciutat Meridiana.