Considera necesario corregir el agravio comparativo territorial
que sitúa a los y las habitantes de Barcelona en desventaja
respeto a las bonificaciones existentes en el resto de las
capitales catalanas y en ciudades o territorios similares en el
resto del estado
Señala la incoherencia entre las políticas públicas para
favorecer una movilidad sostenible y un envejecimiento
activo, y las limitaciones de acceso al transporte público para
las personas mayores
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, después de haber recibido varias quejas de pensionistas, ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de proponer mejoras para garantizar un acceso efectivo del colectivo al transporte público, avanzando hacia la gratuidad del mismo, mediante la flexibilización de los requisitos para acceder a la T-metropolitana, antiguamente conocida como la Tarjeta rosa.
Las quejas recibidas en los últimos meses provienen, principalmente, de personas pensionistas, muchas veces con una discapacidad reconocida, que desconocían que había un límite de ingresos por unidad familiar como requisito para acceder a la T-metropolitana. Por un lado, la tarjeta gratuita, destinada a personas con pocos recursos económicos. Por otro lado, la tarjeta reducida, que permite adquirir una tarjeta de diez viajes con un precio bonificado (2,25 euros).
Para acceder a las bonificaciones, pero, hay que cumplir tres requisitos: empadronamiento en uno de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona, tener más de 60 años o más de un 33% de discapacidad reconocida, y no superar el límite de ingresos por persona bastante bajo: 9.240 € al año para la gratuita, y 18.480 anuales para la reducida.
Con carácter general, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera oportuno y eficiente incorporar criterios económicos como límite para ser beneficiario de ciertos programas sociales. Sin embargo, la Sindicatura se plantea si este modelo es el adecuado para el caso específico de las personas mayores, principalmente pensionistas, un colectivo que, con la finalización de la trayectoria laboral, ve disminuir sus ingresos de forma drástica.
Agravio territorial
Un factor a tener en cuenta es el agravio comparativo territorial en el conjunto de Catalunya, ya que, en el resto de capitales –Tarragona, Lleida y Girona- existen títulos de transporte bonificados – mayormente gratuitos- con requisitos más flexibles y, en consecuencia, más favorables para las personas mayores. En otras ciudades estatales de una dimensión y características similares a Barcelona, como Madrid, donde todas las personas mayores de 65 años pueden viajar de forma gratuita en el conjunto de la comunidad autónoma.
Otro factor de desigualdad es que, en la AMB, todas las personas que obtuvieron el carnet de pensionista antes de 2014 –año en el cual el sistema fue modificado– pueden acceder a la T-metropolitana sin límite de ingresos.
Por todo lo expuesto, la Sindicatura consideró oportuno iniciar una actuación de oficio para analizar en qué medida el colectivo de personas mayores o con discapacidad de la ciudad de Barcelona tienen garantizados sus derechos a la movilidad sostenible y accesibles y a la inclusión. Cuando haya finalizado la actuación, informará de las conclusiones y propuestas de mejora, aunque ya se ha detectado la existencia de suficientes indicios para recomendar el avance hacia la gratuidad del transporte público para dicho colectivo.
Contradicción con las políticas públicas
Además del agravio comparativo territorial, la Sindicatura detecta incoherencia entre las políticas municipales a favor de una movilidad sostenible y promover un envejecimiento activo y participativo, y las limitaciones derivadas de los límites de ingresos económicos para acceder a las ayudas de transporte. Este enero, el Ayuntamiento ha hecho público el Compromiso de la ciudad con las personas mayores 2025-2035, elaborado por el Consell Assessor de la Gent Gran, que apuesta por repensar el modelo de movilidad en función de una población cada vez más envejecida.
“Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona consideramos que se tendría que avanzar hacia la gratuidad del transporte público para las personas jubiladas de nuestra ciudad. Creemos que es incoherente fijar solamente ciertas reducciones para las personas pensionistas al mismo tiempo que se está apostando por la movilidad sostenible y el envejecimiento activo. Por lo tanto, creemos que como pasa en otras ciudades de Catalunya y del estado, las personas mayores de 60 años deberían tener acceso a la T-metropolitana de forma gratuita”, ha manifestado el síndic, David Bondia.
En cifras
En la provincia de Barcelona hay aproximadamente 1.350.000 pensionistas, según datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con una pensión media anual de 19.684 euros. Estas cifras evidencian que una parte significativa de la población queda fuera del acceso a la T-metropolitana, tanto en su forma gratuita como en la reducida.
En referencia al límite máximo de ingresos que utiliza la AMB, este se establece a partir del IPREM, un índice estatal creado en 2004 como referencia para el acceso a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos. Se actualiza cada año mediante la Ley de presupuestos, y la última actualización fue en 2023, cuando se estableció el límite de 8.400 € anuales para la gratuidad. No se han producido nuevas actualizaciones a causa de la prórroga presupuestaria.