La decisión da la razón a la Sindicatura, que había defendido que era desproporcionado mantener la multa a una persona con movilidad reducida que tenía la tarjeta vigente, pero no visible por un error accidental.
El Instituto Municipal de Hacienda aplica el nuevo artículo 22 bis de la Ley 26/2010, introducido por la Ley 9/2025, que reconoce el principio de confianza y el derecho de las personas a rectificar errores ante la Administración.
Barcelona, 25 de junio de 2026 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona valora muy positivamente que el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) haya aceptado su recomendación y haya revocado la sanción impuesta a una persona con movilidad reducida a quien se le cayó accidentalmente la tarjeta de estacionamiento mientras estacionaba en una plaza reservada.
La decisión da respuesta a la recomendación formulada por la Sindicatura, que consideraba que, una vez acreditado que la persona era titular de una tarjeta vigente y que actuaba de buena fe, mantener la sanción resultaba poco respetuoso con principios como la proporcionalidad, la confianza recíproca y el derecho a una buena administración.
Una aplicación relevante de un precepto reciente
La resolución es especialmente relevante porque el IMH fundamenta la revocación en la aplicación del artículo 22 bis de la Ley 26/2010, introducido por la Ley 9/2025, que reconoce el principio de confianza y el derecho de las personas a rectificar errores ante la Administración.
Dado que el precepto entró en vigor en noviembre de 2025, la Sindicatura considera especialmente relevante esta resolución, que constituye la primera aplicación de la que tiene conocimiento la institución de este nuevo marco normativo.
¿En qué consiste el derecho a rectificar errores ante la Administración?
La Sindicatura recuerda que el derecho a rectificar errores no es un derecho automático ni aplicable a cualquier incumplimiento administrativo.
La normativa establece que la Administración debe analizar cada caso individualmente y determinar si concurren los requisitos previstos legalmente. Entre otros elementos, hay que valorar si se trata de una primera infracción o de un error material o formal, si la persona ha actuado de buena fe y sin fraude y si ha corregido el error y regularizado su situación.
La valoración del Instituto Municipal de Hacienda
En su respuesta a la Sindicatura, el IMH considera que en este caso concreto se cumplen las condiciones previstas por la ley para reconocer el derecho a rectificar el error.
En primer lugar, concluye que se trata de un error material de carácter formal. La persona afectada disponía de una tarjeta de estacionamiento vigente para personas con movilidad reducida y reunía los requisitos para utilizar la plaza reservada. El error no afectaba al derecho material a estacionar, sino únicamente a la visibilidad de la tarjeta.
En segundo lugar, aprecia buena fe y ausencia de fraude. Para llegar a esta conclusión, el IMH ha tenido en cuenta que no constan infracciones previas ni posteriores de la misma naturaleza ni de ninguna otra durante los últimos diez años, circunstancia que considera relevante para descartar una conducta fraudulenta.
Por último, considera que el error ha sido efectivamente subsanado. Aunque la documentación acreditativa se aportó ante la Sindicatura y fuera de los plazos procedimentales ordinarios, el IMH ha hecho una interpretación favorable y ha entendido que esta aportación permite acreditar la realidad de los hechos.
Un paso adelante en la consolidación del derecho a una buena administración
La Sindicatura considera que la aceptación de la recomendación refuerza una concepción de la Administración basada en la confianza recíproca con la ciudadanía, la proporcionalidad en la toma de decisiones y la capacidad de corregir situaciones que pueden conducir a resultados injustos o excesivamente rigurosos.
La defensoría valora positivamente que el nuevo marco normativo haya permitido revisar el caso con una visión más amplia y no solo desde un punto de vista estrictamente formal. Considera que esta resolución es un buen ejemplo de cómo las nuevas herramientas jurídicas, pensadas para mejorar la actuación de la Administración, pueden ayudar a resolver situaciones en las que aplicar la norma de manera rígida podría dar lugar a resultados alejados del objetivo original de la ley.
