Derecho a la memoria democrática

Se configura como el deber de los poderes públicos a preservar y mantener la memoria de las víctimas en el período comprendido entre el golpe de estado franquista, en julio de 1936, hasta la entrada en vigor de la Constitución española, en diciembre de 1978. Este deber debe ejercerse a través del conocimiento de la reivindicación y de la defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España. El derecho a la memoria democrática se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre mujeres y hombres.