Derecho a la integridad

Todas las personas tienen derecho a desarrollarse y llevar a cabo sus actividades sin riesgos ni amenazas a su vida y su integridad personal. Las administraciones deben elaborar los planes de protección civil: acciones destinadas a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente antes, durante y después de las emergencias por situaciones de riesgo colectivo de catástrofes o calamidades públicas.