Categoría: Buen gobierno

La Sindicatura ya alertó al Ayuntamiento por las aglomeraciones en la avenida Maria Cristina durante La Mercè 2019

Avenida Maria Cristina

Aunque el Ayuntamiento aceptó las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges de Barcelona de 2019, tres años después persiste el problema de las aglomeraciones durante la Fiesta de la Mercè.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha constado que en la edición de este año de la Fiesta de la Mercè se han repetido algunas incidencias que ya motivaron la apertura de una actuación de oficio en 2019. El motivo principal de la actuación de oficio llevada a cabo tres años atrás fue el elevado número de personas concentradas en la avenida Maria Cristina, con los consiguientes riesgos de avalancha y escenas de ansiedad entre quien quería salir de la aglomeración y no podía.

La actuación de oficio concluyó, entre otras, con tres recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento que continuarían siendo vigentes actualmente: velar de forma más proactiva por la seguridad en los actos de gran formato en el espacio público; planificar futuros actos con otros formatos que permitan diversificar la oferta y la asistencia, y tomar medidas oportunas para controlar los aforos en los acontecimientos en el espacio público.

El aforo de la avenida Maria Cristina

El año 2019, el Ayuntamiento informó a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el aforo máximo del espacio delimitado para el concierto (avenida Maria Cristina hasta las Torres Venecianas) era de 20.640 personas. El mismo Ayuntamiento informó que la noche del 23 de septiembre del 2019 se llegó a superar el aforo de 40.000 personas, motivo por el cual se ocupó la plaza España y parte del Parque Joan Miró. Las cifras son similares a las de los años anteriores (se había llegado a las 50.000 personas en 2017 y a las 55.000 en 2018 ). El consistorio añadió que no se llevó a cabo control de aforo, “puesto que era un concierto en la vía pública y en un espacio de acceso libre, igual que el resto de actividades de la Fiesta de la Mercè”.

El gran número de asistentes en la avenida Maria Cristina provoca que este sea un espacio de referencia año tras año. Por lo tanto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que ni la masiva afluencia ni el hecho que se trate de público joven es nuevo para la organización. En esta línea, la Sindicatura quiere destacar que desde el año 2019 ya se disponía de información previa suficiente para poder realizar la prevención necesaria que evitara aglomeraciones y situaciones de riesgo en futuras ediciones.

En 2019 la asistencia a los conciertos de la avenida Maria Cristina dobló el valor previsto como aforo máximo. Este hecho resulta particularmente grave por la concurrencia de dos circunstancias: había antecedentes de años anteriores en los que también se habían alcanzado e incluso superado estas cifras, y, además, el informe municipal de 2019 no aportaba ningún dato que demostrara que quería evitarse esta masiva afluencia en la avenida Maria Cristina.

Es importante destacar que el artículo 14 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona establece que los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Así mismo, la Ordenanza dice que el Ayuntamiento no otorgará autorizaciones para la celebración de acontecimientos en el espacio público cuando la previsión de público asistente, entre otros, pueda poner en peligro la seguridad, la convivencia o el civismo. En el caso del evento en la avenida Maria Cristina en 2019, la Sindicatura de Greuges de Barcelona cuestionó si se había cumplido con rigor lo que prevé la normativa, y más teniendo en cuenta que se trata de un acto que organiza el mismo consistorio.

Análisis de riesgos y propuestas para futuras ediciones

En el marco de La Mercè 2019, el gobierno municipal también comunicó a la Sindicatura que se habían producido reuniones de valoración después de la noche del 23 de septiembre de 2019, en las cuales se constató que no había tenido lugar ninguna situación de emergencia. Según el informe del Ayuntamiento, “hubo un exceso de aforo, que provocó varias situaciones de molestias entre el público asistente, ya que la movilidad era muy difícil”. Por parte de los servicios sanitarios, en estas reuniones de valoración también se hizo constar la problemática de las botellas de vidrio, puesto que la mayoría de intervenciones fueron por cortes producidos por restos de botellas rotas.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona consideró que este aforo ya constituía por sí mismo un peligro, dada la objetividad que introduce el dato del aforo previsto en la ficha de identificación del acto. Por otro lado, también resulta poco acertado que el informe municipal califique de “molestias” hechos que, según pudo comprobar la Sindicatura, elevaban la situación a la categoría de peligro o situación de emergencia.

Una de las acciones municipales en 2019 fue la organización de una mesa para revisar el planteamiento de la fiesta en la avenida Maria Cristina; el análisis de la programación para este espacio; la posibilidad de mejorar la ubicación del escenario y las barras, y el control de la entrada de vidrio.

Por otro lado, una alternativa que propuso la Sindicatura de Greuges de Barcelona en 2019 fue la de desarrollar actos similares a la vez, pero en formato más pequeño. Dirigidos al mismo público, pero en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de desconcentrar la gran afluencia en un único acto. Por último, la defensoría también puso sobre la mesa la conveniencia de controlar los aforos en los actos en los espacios públicos.

La respuesta del Ayuntamiento en las recomendaciones de la Sindicatura

Uno de los organismos municipales implicados en las recomendaciones de la Sindicatura, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), coincidió en la necesidad de revisar el planteamiento del espacio de Maria Cristina en cinco puntos: limitar la programación en el espacio y hacerla siempre en concurrencia con otros espacios de conciertos de gran formato; estudiar formas de cortar el acceso en caso de aforo excesivo; estudiar la manera de impedir la entrada de vidrio; repensar la ubicación del escenario, la circulación del público y las salidas de emergencia, y por último, valorar la posibilidad de buscar espacios alternativos en la ciudad.

Aunque el Ayuntamiento aceptó las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en 2019, persiste el problema de aglomeraciones durante la Fiesta de la Mercè.

El derecho al empadronamiento de las personas sin domicilio fijo

Empadronamiento personas sin domicilio fijo

Históricamente, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido numerosas quejas por el retraso en la tramitación del empadronamiento en la modalidad de sin domicilio fijo. Por este motivo, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa decidió abrir una actuación de oficio, mediante la que ha detectado que esta demora se produce en la tramitación de los Informes de Conocimiento de Residencia (ICR), necesarios para el empadronamiento sin domicilio fijo.

La Sindicatura ha concluido la actuación de oficio dirigiéndose al Instituto Municipal de Servicios Sociales para reclamar más diligencia y eficacia en la gestión de este trámite, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas al empadronamiento a pesar de no disponer de un domicilio fijo.

Cómo funciona el empadronamiento y para qué sirve

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo en el que constan los vecinos y las vecinas de un municipio. Sus datos constituyen una prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual. En virtud de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los ayuntamientos son competentes para hacer las tareas de formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal, y deben emprender las actuaciones y las operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de forma que los datos que consten concuerden con la realidad.

La importancia del empadronamiento reside en reflejar la realidad de la población de la ciudad, puesto que este registro constituye una fotografía de la ciudadanía que debe ser útil para avanzarse a la planificación de las políticas públicas del municipio. A la vez, la inscripción padronal otorga el estatus de vecindad y se puede calificar de metaderecho, porque es la puerta de acceso al goce de otro conjunto de derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— como el derecho fundamental al sufragio universal, el derecho a acceder a la sanidad o el derecho a obtener determinados ayudas.

Los ayuntamientos disponen de mecanismos que permiten empadronar las personas sin domicilio fijo. En varias ocasiones, la Sindicatura se ha referido a la necesidad que todos los municipios apliquen estas prácticas, puesto que es conocido que muchos ayuntamientos ponen trabas al empadronamiento sin domicilio fijo.

Cómo pueden empadronarse las personas sin domicilio fijo

Para empadronarse sin domicilio fijo en Barcelona, es necesario la elaboración del Informe de Conocimiento de Residencia (ICR). Los trámites que comporta la elaboración del ICR consisten fundamentalmente en varias comprobaciones hechas sobre la aplicación del padrón y catastro municipal.

En función del resultado de estas comprobaciones, se puede requerir o bien una inspección al domicilio que la persona ha hecho constar en la petición, o bien hacer llamadas para verificar la información aportada. Después de verificar estas comprobaciones, se envía una carta al domicilio de la persona interesada y se le notifica que puede recoger el ICR en las oficinas del área de Derechos Sociales.

La resolución de este trámite está fijada en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona defiende que el plazo habitual se sitúa en unas seis semanas. El Ayuntamiento dispone de un registro de Centros de Servicios Sociales en el territorio en el cual se empadronan de forma ficticia las personas que no tienen un domicilio fijo.

Retraso en la tramitación del empadronamiento sin domicilio fijo

Aun teniendo en cuenta lo que establece la ley y los planes del Ayuntamiento, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas de numerosas personas a lo largo de los últimos años a causa del retraso en la tramitación del empadronamiento en la modalidad de sin domicilio fijo.

La demora se produce en el trámite de la emisión del Informe de Conocimiento de Residencia (ICR), que tiene que ser elaborado por los Servicios Sociales. Esta situación preocupa a la Sindicatura de manera significativa y ha motivado su intervención mediante una actuación de oficio.

Ahora bien, la institución no es ajena al hecho de que muchos municipios del área metropolitana no practican esta tipología de empadronamientos, situación que empuja a muchas personas en situación de vulnerabilidad a pedir la inscripción padronal en nuestra ciudad. De hecho, según datos municipales, en 2015 se tramitaron 5.658 inscripciones padronales sin domicilio fijo, mientras que en el mes de enero de 2021 se habían registrado un total de 23.162.

Un reto a nivel metropolitano

El Pacto por Barcelona, aprobado en julio de 2020, determinaba la necesidad de trabajar para impulsar los mecanismos de empadronamiento activo en coordinación con los municipios del área metropolitana, a fin de facilitar la inserción social y laboral de personas vulnerabilizadas. En este mismo sentido, el Programa de Actuación Municipal 2020-2023, cuando se refiere a la migración y a la acogida, insiste en la misma medida.

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha implicado en esta materia y en mayo de 2020 aprobó una moción para garantizar el derecho al empadronamiento y la puesta en marcha de políticas de empadronamiento activo en todos los municipios que conforman el AMB. Entre otros, esta moción incluye los siguientes acuerdos: llevar a cabo sesiones informativas dirigidas a las 36 localidades del AMB y trasladar a los municipios una guía sobre procedimientos y documentación de las varias modalidades del padrón.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona abre una actuación de oficio para conocer el uso del Palauet Albéniz y los gastos a cargo del presupuesto municipal

Palauet Albéniz

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado una actuación de oficio después de tener conocimiento de que las estancias de la Casa Real española en el Palauet Albéniz han supuesto un gasto para las arcas municipales durante los últimos años.

Sin embargo, las cuentas del consistorio no reflejan una partida concreta que permita constatar los gastos ocasionados durante estas estancias ni los generados por el mantenimiento del recinto. Por otro lado, la Sindicatura es conocedora de la existencia de un convenio de cesión de uso del Palauet a favor del jefe de estado y su familia, subscrito entre el Ayuntamiento y Patrimonio Nacional, al cual no ha podido tener acceso a través del portal de transparencia.

El Palauet Albéniz

El Pabellón Real de Montjuic, conocido como Palauet Albéniz, es un edificio ubicado en la ciudad y catalogado como propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Figura en la relación del inventario de bienes inmuebles municipales, de fecha 31 de diciembre de 2020 (número de bien 20045) y publicado en el portal de transparencia. El Palauet se utiliza de manera ocasional para actos públicos de carácter institucional y como residencia del rey de España en sus visitas oficiales en la ciudad.

La Sindicatura se dirige al Ayuntamiento

En el marco de esta actuación de oficio, la Sindicatura se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para conocer el uso y actividades que se han llevado a cabo en el Palauet Albéniz, y los gastos a cargo del presupuesto municipal ocasionados por este uso.

Concretamente, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa tiene los objetivos de: conocer el contenido del convenio de cesión de uso del Palauet Albéniz a la Casa Real; constatar el número de estancias desde el año 2017 y los gastos municipales ocasionados en las visitas de la Casa Real a Barcelona (tanto en el Palauet como en cualquier inmueble municipal); saber cuáles han sido los gastos de mantenimiento del Palauet; comprobar las ocasiones en las que el inmueble se ha destinado a usos ciudadanos y municipales, así como los gastos asociados a cargo del presupuesto; identificar el número de peticiones de uso del Palauet por parte de entidades ciudadanas y cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento, y por último, conocer cuáles son las previsiones del consistorio para abrir este espacio a la ciudadanía.

La caducidad de un derecho funerario: cuándo se produce y qué supone

Dret funerari

Históricamente, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha sido conocedora y receptora de reclamaciones de la ciudadanía ante la tramitación de un expediente de caducidad de un derecho funerario. Es necesario recordar que los derechos funerarios en la ciudad están regulados por la Ordenanza de cementerios del Ayuntamiento de Barcelona (las últimas modificaciones se aprobaron el 24 de noviembre del 2017 por parte del Plenario del Consejo Municipal).

¿Cuándo caduca un derecho funerario y qué implica?

La Ordenanza establece que se considera abandono de la sepultura el transcurso de 20 años seguidos desde el último pago de los derechos de conservación. En conformidad con los artículos 69.b y 70.4, después del abandono de la sepultura, se podrá declarar la caducidad y esta revertirá en el Ayuntamiento. Si se tramita el expediente de declaración de caducidad de una sepultura, esto comporta el desahucio del nicho y el traslado de los restos a un osario común, del cual es imposible recuperarlas.

Otros motivos para declarar la caducidad de un derecho funerario son los siguientes: por el estado ruinoso de la construcción cuando esta sea particular; por el transcurso del plazo de concesión temporal sin producirse el ejercicio del derecho de adquisición preferente o prórroga, o por impago de cualquier de los plazos a su vencimiento en las sepulturas adjudicadas a plazos.

En la declaración de caducidad de los derechos funerarios, Cementerios de Barcelona, SA (CBSA) aplica el protocolo interno denominado Procés seguit en la caducitat dels drets funeraris per abandó de la sepultura (2020). Este protocolo incorpora algunas medidas propuestas por esta Sindicatura en 2019 para reforzar las garantías de las personas titulares de los derechos funerarios, después de estudiar varias quejas sobre este asunto.
El apartado 6 de este protocolo establece el siguiente:

Un cop declarada ferma la caducitat del dret funerari es fa una comprovació presencial de l’estat del nínxol. Si el nínxol es troba en bon estat de conservació (relativament net, flors fresques, fotografies recents, etc.) queda suspès el procediment del trasllat de restes a l’ossera general.

En aquests casos s’adherirà a la sepultura un avís (visible però discret) on s’indicarà -Es prega a la persona titular d’aquesta sepultura, successors, o interessats, que acudeixin a l’Administració del cementiri, truquin al telèfon 934841999 o escriguin a cbsa@cbsa.cat per una gestió del seu interès.

De la lectura de este extracto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluye que el estado de conservación de la sepultura es un elemento determinante para ejecutar el desahucio. Por lo tanto, considera imprescindible que el expediente administrativo de caducidad contenga prueba de esta circunstancia. En algunas de las quejas recibidas em la Sindicatura, esta información no se refería en el expediente de declaración de caducidad de una sepultura.

En este proceso de declaración de caducidad del derecho funerario, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa también estima necesario referirse a la práctica de notificación. En ocasiones, ha comprobado que la notificación se estaba dirigiendo a la persona inhumada en aquella sepultura, porque era la persona titular del derecho funerario. Por este motivo, la Sindicatura señala que el registro de la titularidad no está suficientemente actualizado y sería necesario plantear mejoras para regularizar la situación de titularidad del derecho funerario.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que las consecuencias de la ejecución de una declaración de caducidad de un derecho funerario pueden tener un impacto moral muy importante sobre las personas afectadas, puesto que el traslado de restos al osario es una actuación irreversible. Por este motivo, hay que tener una cautela especial y extremar las precauciones porque la desaparición de los restos de personas que fueron estimadas en vida supone daños morales.

Durante el primer semestre del año 2022, se han publicado en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) un total de 4.390 anuncios para que las personas citadas regularicen la situación de la sepultura e informándoles del inicio de la tramitación del expediente de la caducidad. “Es una cifra elevada, que afecta a los diferentes cementerios de la ciudad. Se debería valorar la posibilidad de informar la ciudadanía a través otros medios más efectivos”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

Nuevos Ejes Verdes: La Sindicatura considera que el Ayuntamiento debería haber iniciado el procedimiento de contratación una vez finalizado el trámite de información pública

Nous Eixos Verds
  • En un proyecto de esta dimensión es fundamental dar las máximas garantías a la información pública y a la participación ciudadana.

Después de analizar el proyecto de reurbanización de los Nuevos Ejes Verdes, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la actuación del Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad no ha sido ajustada a derecho en cuanto al trámite de información pública y el principio de buena administración.

Por estos motivos, la Sindicatura ha advertido al Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad que tiene la obligación de garantizar el acceso de la ciudadanía a todos los documentos públicos, que preceptivamente deben ser sometidos a información pública de una manera clara y entendedora para que sean de fácil acceso y examen para la ciudadanía.

Por otro lado, la Sindicatura también se ha dirigido a este organismo para recomendar que, con carácter previo al inicio de los procedimientos de contratación, se finalice la totalidad del trámite de información pública previsto para los proyectos de obras, con el objetivo de garantizar una participación efectiva de la ciudadanía y no causar inseguridad jurídica a los operadores.

El origen de la actuación de la Sindicatura
La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona trasladó a la Sindicatura de Greuges de la ciudad su disconformidad con la decisión municipal de licitar las obras de un proyecto que todavía se encontraba en fase de tramitación. Concretamente, se trataba de la tramitación de los proyectos de los Nuevos Ejes Verdes (programa Superilla Barcelona en el Distrito del Eixample), de manera simultánea a la licitación de las obras de ejecución de estos por parte del Ayuntamiento mediante la empresa municipal BIMSA.

El procedimiento de licitación
El Ayuntamiento argumenta que es posible iniciar la licitación de un contrato antes de la aprobación definitiva, puesto que considera que la empresa municipal responsable de la contratación, BIMSA, es un poder adjudicador no administración pública (PANAP), que está sujeto a un régimen jurídico diferenciado.

La Sindicatura de Greuges reconoce que los argumentos expuestos por el Ayuntamiento constituyen una interpretación jurídica que puede resultar defendible, pero no la comparte. En este sentido, entiende que iniciar una licitación sin haber aprobado definitivamente un proyecto no es la opción más ajustada al principio de buena administración y eficacia.

El principio de buena administración comporta el derecho a participar en la toma de decisiones y, especialmente, el derecho de audiencia y el derecho a presentar a alegaciones en cualquier fase del procedimiento administrativo, de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable.

Respecto a la eficacia, iniciar un procedimiento antes de la aprobación definitiva de un proyecto y, especialmente, antes de agotar el plazo de información pública, puede suponer precisamente lo contrario. La información pública permite que cualquier persona pueda presentar alegaciones. Además de acontecer un mecanismo esencial de participación ciudadana en los asuntos públicos, es un sistema para detectar posibles errores del proyecto que puedan ser expresados por cualquier persona.

El trámite de información pública
El Ayuntamiento sostiene que iniciar un procedimiento de contratación antes de la finalización del plazo de información pública no lesiona el derecho a la participación ciudadana. Argumenta que las alegaciones eventualmente presentadas durante el periodo de información pública podrán ser resueltas oportunamente en sentido estimatorio o desestimatorio, según corresponda.

Según esta Sindicatura, esta forma de proceder vacía de contenido el trámite de información pública. La formulación y eventual estimación de una alegación que implicara una modificación sustancial de los proyectos sujetos a aprobación obligaría a retrotraer el procedimiento de contratación. El calendario previsto por el Ayuntamiento de Barcelona establece el inicio de las obras en el mes de junio de 2022. Cumplir con este calendario, que viene determinado por diferentes factores, no es compatible con retrotraer el procedimiento administrativo. Por lo tanto, a la práctica, la actuación del consistorio parece dejar únicamente margen para la aceptación de alegaciones menores, que no interfieran en el calendario previsto de las obras.

La participación ciudadana
Desde el otoño del 2020 hasta noviembre del 2021, el Ayuntamiento hizo varias sesiones informativas y de participación para dar a conocer el proyecto de los Nuevos Ejes Verdes. La finalidad de este proceso era que el proyecto fuese diseñado conjuntamente con la ciudadanía y los agentes y partes interesadas. En total, se organizaron una treintena de actividades, en las que participaron cerca de unas 1.500 personas y casi un centenar de personas técnicas y políticas del consistorio.

Según la encuesta de valoración efectuada por el Ayuntamiento, la parte peor valorada por las personas encuestadas ha sido la relacionada con las demandas de la ciudadanía y su bajo impacto en las decisiones finales que ha adoptado el Ayuntamiento.

Es necesario recordar que someter una cuestión a consulta ciudadana no significa que el Gobierno municipal tenga que asumir necesariamente los resultados del proceso participativo, según la normativa vigente. Sin embargo, la Sindicatura considera que, cuando la administración municipal impulsa procesos de diálogo con la ciudadanía, es porque tiene la voluntad de tener en consideración sus aportaciones.

Atendiendo la importante transformación urbanística y de movilidad que supondrán los Nuevos Ejes Verdes en toda la ciudad, y con el objetivo de conseguir el máximo consenso posible, se deberían haber previsto acciones de participación ciudadana más efectivas para que toda la ciudadanía hubiera tenido conocimiento de la existencia de los proyectos y hubiese podido plantear sus preocupaciones y dudas.

El derecho a un urbanismo armonioso y saludable
La Sindicatura de Greuges de Barcelona es consciente de los retos que tiene la ciudad para reducir el impacto ambiental negativo, promover la creación de espacios verdes, y disponer de calles amables e inclusivas en las que se priorice la salud y el bienestar de la ciudadanía. Por este motivo, considera indispensable la defensa del derecho a un urbanismo armonioso y sostenible, y a la protección del medio ambiente.

Sin embargo, la promoción de estos derechos debe ser compatible con el derecho a la eficacia de los servicios públicos, la transparencia y el derecho a la información. Estos también están reconocidos en la normativa vigente y corresponde a la Administración municipal garantizarlos.

La Sindicatura insta a la Concejalía de Educación a llevar a cabo una investigación en profundidad de los hechos producidos en la Escuela Barcelona y a reparar el daño a las víctimas

Escola Barcelona

Después de una actuación de oficio, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado a la Concejalía de Educación, en cumplimiento del compromiso asumido por el Ayuntamiento de Barcelona, a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que se ejecute una investigación en profundidad sobre los hechos producidos en la Escuela Barcelona, con el objetivo de depurar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas de manera adecuada.

Por otro lado, la Sindicatura ha recomendado a la Concejalía de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, y a la Concejalía de Educación, la creación de una comisión de investigación de violencias en la infancia y la adolescencia, que inspeccione y revise casos que se hayan producido, o se puedan producir, en servicios y espacios de la ciudad dirigidos a la infancia y la adolescencia, y que tenga la capacidad de implementar los mecanismos reparadores adecuados.

El origen de la actuación de oficio

El pasado 14 de diciembre de 2021, la Sindicatura de Greuges de Barcelona inició una actuación de oficio después de conocer las denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra por parte de personas víctimas de acosos, abusos, vejaciones y vulneraciones de derechos cometidas durante veinte años por un educador de la Escuela Barcelona. El objetivo de este expediente de oficio fue aclarar qué hechos se habían producido en esta escuela pública de la ciudad y cuáles habían sido las actuaciones de los órganos educativos responsables de proteger y garantizar el buen trato a niños y jóvenes.

La Sindicatura crea un grupo de trabajo

El 14 de enero de 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona constituyó un grupo de trabajo integrado por personas profesionales de diferentes ámbitos (social, artístico, médico, psicológico, jurídico…), que se reúne periódicamente para explorar como mejorar la detección, la atención y el acompañamiento a las víctimas de abusos y violencias sexuales.

El grupo de trabajo ha constatado que hay una carencia de acompañamiento a las víctimas y considera que se deben impulsar procesos de reparación desde las instituciones. Por este motivo, se está trabajando para proponer medidas de mejora que permitan revisar el abordaje de los abusos sexuales y los acosos sexuales a mujeres, infancia y adolescencia en la ciudad de Barcelona.

Los hechos denunciados por antiguo alumnado de la Escuela Barcelona

En fecha 15 de diciembre de 2021, 16 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022, la Sindicatura recibió varios testigos de víctimas de abusos y vejaciones en esta escuela.

Uno de los testigos que se han dirigido a la Sindicatura expone que fue alumno desde el año 1981 hasta el 1991. Explica que este profesor tuvo conductas de abuso y vejaciones desde primero hasta octavo curso de EGB. Cuando estaba en séptimo curso se dirigió a la dirección de la escuela para denunciarlo, junto con otros dos niños que sufrían la misma situación. Se produjo una reunión entre los tres niños, el profesor, la directora y la subdirectora. En este encuentro se les obligó a pedir perdón al profesor y se los advirtió que no tolerarían nuevas acusaciones como estas.

Otro de los testigos que ha recibido esta Sindicatura reitera las vejaciones, amenazas, tocamientos y violencia física y verbal que sufrió por parte de este profesor a lo largo de su escolarización. Hace un relato exhaustivo de las varias situaciones sufridas, tanto en el núcleo de la escuela, como en las actividades extraescolares, colonias y salidas. Manifiesta que no se trataba de hechos aislados, sino que este comportamiento era habitual. Este testigo detalla que, después de sufrir una situación de abuso sexual, lo explicó a sus padres. En aquel momento, tuvo lugar un encuentro con la directora, la tutora del grupo, los padres y el niño. La escuela no se lo creyó y manifestó que “esto no podía ser verdad y que seguramente había malinterpretado los hechos”.

En definitiva, las personas denunciantes compartían el relato de que la escuela era conocedora de los hechos y que no hizo nada al respecto. El equipo directivo, en particular las directoras del centro de 1982 a 1991, por un lado, y de 1991 a 2012, del otro, eran conocedoras de los abusos, según los testimonios de estas personas.

La actuación de la escuela y de las administraciones responsables

Primeramente, la Sindicatura quiere manifestar que actualmente esta escuela cuenta con las herramientas y procedimientos para prevenir, detectar y atender cualquier situación de violencia. Tiene implantado el Proyecto Educativo, al alcance y conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa. También dispone de una Comisión mixta para atender los casos que se detectan. La situación actual no es la que vivió durante más de tres décadas el alumnado de la escuela pública Barcelona.

Revisando el relato efectuado por las víctimas, se pone de manifiesto que tuvieron que afrontar la convivencia con la persona agresora durante toda su escolaridad, donde su presencia era continuada y permanente, casi omnipresente en todos los espacios.

Desde la dirección actual de la escuela se detalla que la persona denunciada finalizó su vinculación con el centro educativo alrededor del año 2010, años antes de la llegada de la actual dirección (que lleva 4 cursos como equipo directivo y que no tiene ningún nexo con el equipo directivo del momento). Desde entonces, no ha mantenido ningún vínculo con el equipo actual ni con la AFA, completamente desconocedoras de qué hacía o cómo actuaba en la escuela.

La defensoría se dirigió al Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) para conocer la formación/titulación y la situación contractual de esta persona responsable de la educación física en la escuela. Aunque la titularidad de la Escuela Barcelona siempre ha sido del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, el CEB afirma que esta persona nunca ha tenido un vínculo contractual o laboral con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña o con el Ayuntamiento de Barcelona.

La Escuela Barcelona explica que el educador estaba contratado por la AMPA para hacer las actividades deportivas extraescolares y que no formaba parte del claustro de profesorado de la Escuela Barcelona. Pero no disponen de más información, puesto que, en 2016, el AMPA destruyó la documentación en papel de años anteriores, siguiendo el reglamento que les era de aplicación.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera incomprensible que la administración haya afirmado no conocer cuál era la relación contractual o laboral de esta persona, ni de qué formación profesional disponía el responsable de dar la actividad de educación física. A pesar de que se ha comunicado que no formaba parte del claustro escolar, es evidente que esta persona formaba parte de la estructura de la escuela donde estuvo durante más de treinta años.

Otro elemento que añade gravedad es que la dirección de la escuela, ante el conocimiento de los hechos, los negó, minimizó, y recriminó a las víctimas el daño que se hacía a la honorabilidad de la persona acusada. Esto demuestra que sin la clara connivencia de la dirección de la escuela de aquel momento, estos hechos no se hubieran producido ni hubieran continuado.

Este hecho motiva la indignación de las víctimas con el equipo directivo de la escuela de aquella etapa. No es aceptable que las personas que tenían el deber de velar por su integridad y dignidad personal, cuando fueron conocedoras de muchas de las conductas de esta persona, culparan a los niños en lugar de tomar medidas para protegerlos, como cesa de manera inmediata su presencia en la escuela. Por este motivo, las víctimas reivindican que se asuman responsabilidades institucionales.

El hecho que se trate de delitos prescritos ha impedido que, desde el ámbito penal, se puedan pedir responsabilidades y llevar a cabo una investigación con más profundidad. Pero, como se ha visto en otros casos (sobre todo cuando existe una pluralidad de víctimas en una misma institución), la prescripción penal no excluye la necesidad de que estas puedan obtener algún tipo de reparación. Por este motivo, la Sindicatura considera muy importante que, más allá de la posibilidad de intervención de la jurisdicción penal, se actúe a partir del paradigma de la justicia restaurativa y la reparación del daño, tal como recoge la OG número 13 del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas.

Al respecto, el Consorcio ha informado que el consejero de Educación anunció una investigación sobre los hechos ocurridos en esta escuela. Pero no se ha informado de ninguna actuación iniciada al respecto y parece que esta no ha ido más allá de condenar los hechos ocurridos y comprometerse a continuar trabajando para su erradicación en el ámbito escolar.

De acuerdo con estas consideraciones, la Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere poner de manifiesto que la administración educativa no puede únicamente limitarse a desarrollar una tarea preventiva frente a las violencias contra la infancia y la adolescencia, sino que también debe asumir responsabilidades institucionales cuando los hechos hayan ocurrido en centros educativos.

Por este motivo, la Sindicatura entiende que la administración educativa debería realizar una investigación en profundidad encaminada a conocer el alcance de los hechos producidos durante más de tres décadas en esta escuela pública de la ciudad de Barcelona.

Esta investigación debería ir acompañada de una voluntad de reparación del daño por parte de la escuela y de la administración, en línea con lo que recomienda el Comité de los derechos de la infancia de las Naciones Unidas.

De hecho, en fecha 23 de diciembre de 2021 el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento aprobó una Declaración Institucional por unanimidad en la que se comprometía a trabajar desde el Consorcio de Educación de Barcelona, del que forma parte, para averiguar los hechos sobre las presuntas violencias sexuales en la Escuela Barcelona, y a colaborar con el proceso de investigación iniciado. De acuerdo con esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un compromiso para aclarar los hechos producidos en la Escuela Barcelona, al cual debe responder de manera efectiva.

La Sindicatura de Greuges considera que la actuación del Consorcio de Educación de Barcelona ha sido insuficiente e incompleta para aclarar los casos de violencias denunciados por numerosos exalumnos de la Escuela Barcelona. Por este motivo, recomienda a la Concejalía de Educación que inste a este organismo a ir más allá de la condena de los hechos y la muestra de solidaridad con los víctimas, y ofrezca también las disculpas reparadoras que el alumnado merece.

Col·legi del Teatre de Barcelona: La Sindicatura advierte al Consorcio de Educación de la obligación de garantizar que todas las escuelas dispongan de protocolos para erradicar las violencias machistas

Col·legi del Teatre

A raíz de la actuación de oficio abierta por el caso del Col·legi del Teatre, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertido al Consorcio de Educación de Barcelona de su obligación de garantizar que todas las escuelas dispongan de las herramientas, documentación y protocolos adecuados para favorecer una buena convivencia y clima escolar, y que se aseguren de su conocimiento e implementación.

Por otro lado, la Sindicatura también ha recomendado al Consorcio de Educación de Barcelona que, en cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas, intensifique e impulse las actuaciones de difusión y formación de toda la comunidad educativa encaminadas a erradicar las violencias en todas las escuelas, sean públicas, concertadas o privadas.

El inicio de la actuación de oficio

A través de los medios de comunicación, la Sindicatura de Greuges de la ciudad conoció la noticia de la instancia que trece exalumnos presentaron en el Col·legi del Teatre de Barcelona, en fecha 28 de diciembre de 2021. En ella se exponen situaciones de acosos, abusos, vejaciones, y vulneraciones de derechos por parte de varios profesores entre los años 2005 y 2020. Estas personas también explicaban que, en su momento, pusieron en conocimiento de la dirección de la escuela los hechos y que esta no hizo ninguna actuación al respecto.

La Sindicatura se interesó por los hechos denunciados por el antiguo alumnado del Col·legi del Teatre para evaluar si se habían vulnerado los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres recogidos, entre otros, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y en la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. En el marco de esta actuación de oficio, en fecha 19 de enero de 2022, se solicitó información al Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) y al Col·legi del Teatre de Barcelona para saber qué conocimiento tenían de los hechos y cuáles habían sido las actuaciones impulsadas para proteger y garantizar el buen trato de las jóvenes.

La normativa vinculada a la violencia machista

Los hechos que estas exalumnas han rebelado en la carta de denuncia constatan la violencia machista que sufrieron en la escuela y su entorno. Naciones Unidas afirma en el preámbulo de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) que esta constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Ley catalana 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista también la define como una violación de los derechos humanos. Además, es una manifestación de la discriminación y desigualdad existentes en el marco de un sistema de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Esta violencia se produce por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, las intimidaciones y las coacciones, y tiene como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico.

Esta Ley reconoce el entorno educativo como un ámbito específico donde se puede manifestar la violencia machista entre los miembros de su comunidad en actuaciones como el acoso, el abuso sexual, el maltrato físico, sexual, psíquico o emocional. Las denuncias efectuadas por las exalumnas del Col·legi del Teatre están relacionadas con las violencias que pueden producirse en el entorno educativo, supuesto contemplado en esta norma.

Por último, la Ley 12/2009 de educación contempla las escuelas como espacio seguros donde se deben respetar los principios democráticos de convivencia, y los derechos y las libertades fundamentales. El derecho en una educación integral incluye, entre otras manifestaciones, el derecho a la protección contra toda agresión física, emocional o moral, así como el respeto del alumnado a su integridad física, su intimidad y su dignidad personal.

Las actuaciones posteriores a las denuncias

  • El profesor vinculado a las denuncias ha presentado su dimisión. La escuela la ha aceptado y ya no forma parte del claustro del centro.
  • Se ha actualizado el Proyecto de Convivencia y el organigrama del centro con un espíritu de autocrítica y de búsqueda de vías para mejorar la calidad educativa.
  • Se han organizado reuniones con el alumnado para tratar el tema y hacer aflorar el posible malestar o situaciones que fueran reprobables, así como incitar el alumnado para que aporte sugerencias. Se han facilitado espacios y momentos para que el alumnado se pueda reunir, y se ha iniciado un plan de formación del profesorado relacionado con el acoso y el abuso de poder.
  • Se ha intensificado el Plan de Acción Tutorial, insistiendo especialmente en los valores que impregnan el centro (respeto, democracia, participación, sensibilidad…).
  • Ha aumentado el interés por parte del alumnado y del profesorado para crear un buen clima de convivencia y ser conscientes de su importancia.

Las consideraciones de la Sindicatura

En el caso del Col·legi del Teatre de Barcelona, la violencia, explícita e implícita, era ejercida por el profesorado, comportamiento que todavía añade más gravedad a los hechos. Además, las exalumnas han expuesto la complicidad y pasividad del resto del claustro y la dirección, los principales encargados de impulsar y garantizar el buen clima escolar. Han explicado que eran situaciones conocidas por todo el mundo y que las víctimas no recibieron la ayuda esperada por el centro.

El centro es el responsable más directo y próximo en la implantación y activación de los protocolos de prevención y protección de la violencia, que tienen que ser conocidos y difundidos entre toda la comunidad educativa. La misma escuela ha reconocido su responsabilidad en los déficits existentes en la prevención y atención de la violencia. Y ha informado que ha iniciado actuaciones para cambiar las dinámicas relacionales entre los miembros de la comunidad educativa.

El primer paso que esta escuela ha dado correctamente es trabajar en la elaboración de un nuevo Proyecto de Convivencia para generar un buen clima escolar. También ha fomentado actuaciones de investigación para conocer si había más alumnado afectado y para incentivar su participación en el Proyecto de Convivencia.

Es necesario recordar que implementar un Proyecto de Convivencia en el marco del Proyecto Educativo es una obligación legal que tienen todas las escuelas, ya sean públicas, concertadas o privadas, del Servicio de Educación de Cataluña (Resolución del Departamento de Educación ENS/585/2017, de 17 de marzo, modificada el 16 de julio 2020). El Proyecto de Convivencia debe incluir los protocolos de prevención, detección e intervención frente a situaciones de conflictos gravemente perjudiciales para la convivencia, como establece el punto 6 del anexo de la Resolución ENS/585/2017.

Por otro lado, la Ley 12/2009 de educación otorga a la inspección de los servicios educativos las funciones de asegurar la aplicación del ordenamiento y garantizar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los deberes que se derivan. La denuncia a esta escuela ha destapado sus deficiencias, pero también la insuficiente actuación del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) en el cumplimiento de la normativa por parte la escuela, que ni siquiera disponía de la documentación obligatoria (como un Proyecto de Convivencia adecuado). Una vez conocidos los hechos, el CEB ha iniciado un trabajo conjunto con la escuela para orientarla en el diseño de esta herramienta.

‘La situación de los jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad de Barcelona’, nuevo informe de la Sindicatura de Greuges

Joves migrants referents sense familiars

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentado el informe ‘La situación de jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad de Barcelona’, con el propósito de abordar la realidad de este colectivo vulnerabilizado desde la perspectiva de la garantía de derechos.

¿Por qué este informe?

Desde el año 2015, unos 9.000 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares han llegado a Cataluña por una amalgama de razones que explican su decisión de emprender este viaje sin ningún acompañamiento familiar. En el sistema estatal de atención a la infancia y la juventud, estas personas son acogidas, tuteladas y atendidas por las comunidades autónomas. Cuando logran la mayoría de edad, finaliza la tutela administrativa y el escenario es menos regulado y más diversificado.

Se trata de un colectivo que precisa un apoyo y un acompañamiento específico para ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida. El estudio de la Sindicatura presta una especial atención a los adolescentes y jóvenes de 18 a 23 años, que se enfrentan solos y solas a una edad adulta registral, pero no siempre real. El objetivo es identificar cómo mejorar y facilitar la transición a la edad adulta en condiciones de igualdad y equidad, promoviendo lo respecto a los derechos y libertades garantizados a cualquier persona ciudadana de Barcelona.

La distribución competencial en materia de inmigración es compleja

El Estado tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería y, por lo tanto, define las normas de entrada y residencia de las personas migrantes. Precisamente, en octubre de 2021 el Gobierno del Estado aprobó una reforma del Reglamento de extranjería sobre el régimen jurídico de menores y extutelados. Esta reforma tiene el propósito de dar respuesta a una situación disfuncional que provocaba que muchos jóvenes pasaran a una situación de irregularidad sobrevenida con riesgo de exclusión social, una vez finalizada la tutela por parte de la Administración a partir de su mayoría de edad. Las modificaciones introducidas también deben facilitar el acceso a la ocupación de aquellos y aquellas jóvenes con edad de trabajar.

Las comunidades autónomas, por su parte, son competentes en cuanto al desarrollo de normas e instrumentos para garantizar derechos y servicios que ayuden a la integración e inclusión de este colectivo. También son las administraciones encargadas de la tutela de las personas migrantes menores de edad y sin red familiar.

Por último, los entes locales son clave para salvaguardar la buena acogida, incorporación y participación de las personas migrantes en las ciudades y pueblos de Cataluña. Aunque no tengan las competencias, son las administraciones públicas más próximas a la ciudadanía y acostumbran a ser la primera puerta de entrada a los servicios públicos. En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento ya hace más de veinte años que actúa en la atención de las personas menores y jóvenes migrantes que llegan a la ciudad sin red familiar, a pesar de que no es una competencia local (si bien lo tiene que atender de forma subsidiaria). Sin embargo, el número de jóvenes sin referentes familiares en la ciudad ha crecido en los últimos años, y no siempre se han adecuado los servicios y prestaciones ante este incremento, hecho que ha podido provocar desatención hacia estos y estas jóvenes.

El análisis del colectivo

Según los datos de la Generalitat de Cataluña (DGAIA, 2021), se estima que en la ciudad hay más de 200 jóvenes migrantes sin referentes familiares. Es necesario señalar que estos datos solo hacen referencia a la parte de este colectivo que ha estado en algún momento bajo la tutela de la Generalitat. Por lo tanto, deja fuera los que pueden haber sido tutelados en otras comunidades autónomas, los que tienen dificultad para acreditar su minoría de edad, o los que han llegado a Barcelona cuando ya eran mayores de edad.

En cuanto al perfil de los y las jóvenes, gran parte de ellos son chicos (97,1%) que han llegado recientemente a la mayoría de edad. Una minoría son chicas, que acostumbran a estar invisibilizadas en las estadísticas. Algunas entidades están trabajando progresivamente para adoptar estrategias con perspectiva de género que permitan mejorar la atención de este colectivo, especialmente vulnerable a la violencia y a la explotación sexual.

La Sindicatura también muestra su preocupación por la situación habitacional de este colectivo vulnerabilizado. En el año 2020, el Servicio de Detección e Intervención (SDI) del Ayuntamiento atendió aproximadamente 500 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares. De estos 500, un 30,9% son mayores de edad en situación de sinhogarismo. De este 30,9%, un 14,2% están vinculados al servicio de atención a personas sin hogar, y un 10,2% viven en alojamientos considerados inseguros o inadecuados. El 5,6% es juventud itinerante.

Por lo tanto, más de un 55% se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión social. Para acceder a recursos habitacionales, deben estar vinculados a una entidad social y seguir un Plan de Trabajo Individual (PTI).

También es motivo de inquietud el estado de salud de este colectivo de jóvenes, especialmente en cuanto a su salud mental y el consumo de tóxicos, puesto que son factores de vulnerabilidad. El estrés que desarrollan las personas que han emprendido solas el proyecto migratorio es especialmente agudo. Por este motivo, la Sindicatura considera que la atención psicosanitaria de jóvenes migrantes sin referentes familiares es imprescindible. También es importante ser conscientes de que la movilidad o la precariedad residencial de este colectivo dificulta su detección, seguimiento y tratamiento.

El ámbito educativo es un reto porque marca de manera clara sus posibilidades de éxito futuro. Por ahora se detectan dificultades de acceso a la educación y la formación. Si bien este es un derecho de la infancia, lo cierto es que aquellas personas que tienen más de 16 años ya no se pueden matricular fácilmente en los institutos, y la falta de formación básica cronifica su situación futura.

En cuanto a la incorporación de este colectivo en el mercado laboral, las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares sufren más dificultades que el resto de jóvenes para acceder a puestos de trabajo. Por este motivo, iniciativas de apoyo como las de Barcelona Activa o entidades sociales, deben ser claves para favorecer esta primera entrada al mercado de trabajo. Especialmente en el momento actual, que el nuevo Real decreto ha eliminado trabas a su incorporación en el mundo laboral.

Su participación en la vida social y cultural también es muy limitada, a pesar de ser capital para su bienestar e inclusión social. Se puede decir que, en muchas ocasiones, participan solo de actividades autorreferenciales, donde no se fortalecen las redes relacionales con el entramado de la ciudad. También se ha identificado una brecha digital que dificulta su acceso a recursos públicos y privados.

Las propuestas de la Sindicatura

Para mejorar la atención a los jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado una serie de propuestas, de las cuales destacaremos algunas de ellas desde diferentes dimensiones:

Dimensión jurídica

  • Dar seguimiento a la aplicación de la reforma del reglamento de extranjería para garantizar que los y las jóvenes llegan a la mayoría de edad con toda la documentación requerida y para reforzar el trabajo en sus itinerarios de emancipación.
  • Reforzar los espacios de atención de las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares en el ámbito de la detección o el acompañamiento, o en la defensa de sus derechos, a través de instrumentos como: asesoramiento y atención especializada, la clínica jurídica local, la figura de la persona referente o mentora, o el refuerzo de los equipos educadores de calle para mejorar la detección de los y las jóvenes.

Dimensión socioeconómica

  • Refuerzo de las alternativas residenciales, atendiendo al desajuste entre necesidades y recursos en el ámbito de la vivienda. Por este motivo, se deberían explorar otras opciones, como la acogida, que serviría no solo para superar la situación de la falta de vivienda, sino que también favorecería la creación de vínculos entre jóvenes y la sociedad de acogida.
  • Refuerzo de la atención en salud mental, estableciendo un protocolo de atención y acompañamiento psicológico, y de atención en el estrés postraumático, a través del desarrollo de un espacio sociosanitario para personas en situación de riesgo de exclusión social, ampliando la cobertura de programas de convalecencia y psiquiatría de calle. Esta actuación requiere coordinación interadministrativa.
  • Reforzar la formación y capacitación lingüística de los y las jóvenes, y garantizar la continuidad de la formación de este colectivo, facilitando también su acceso a los estudios superiores. También es importante evitar que se generen desigualdades digitales vinculadas a estas personas jóvenes.

Dimensión comunitaria

  • Fomentar la participación del colectivo sin referentes familiares mediante la creación de espacios donde se fortalezcan las redes relacionales con la ciudadanía, y haciendo programas de acompañamiento y mejora de su sentimiento de pertenencia.
  • Implementar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad de acogida para evitar narrativas y discursos negativos hacia el colectivo.

Dimensión de gobernanza

  • Asegurar una coordinación multinivel y multisectorial entre las diversas administraciones y áreas que tienen competencias vinculadas al colectivo.
  • Fortalecer la formación especializada y el diseño de protocolos que faciliten la actuación de los diferentes actores de los procesos de atención, cura e inclusión de estos jóvenes.
  • Mejorar la recogida y tratamiento de datos, especialmente cuando no han formado parte del sistema de tutela y acogida durante su minoría de edad.
  • Incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la implementación y evaluación de las diferentes actuaciones y servicios.
  • Fortalecer el rol de XBcn para llevar a cabo una coordinación más generalizada y estructurada del trabajo de todos los actores involucrados, con el objetivo de evitar el riesgo de duplicidades en algunas áreas, y escasez de recursos en otras.
  • Fortalecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los diferentes programas a fin de mejorar las actuaciones y servicios, identificando buenas prácticas y experiencias que se puedan compartir con otras ciudades del entorno.

Finalmente, la Sindicatura recalca que es precisamente en la mayoría de edad de los y las jóvenes migrantes sin referentes familiares donde el Ayuntamiento tiene más margen de actuación, puesto que se trata de jóvenes residentes en la ciudad. Ahora bien, garantizar un proceso de emancipación exitoso requiere un trabajo continuado desde el primer momento.

El empadronamiento, un metaderecho que da acceso a un conjunto de derechos humanos de proximidad

Empadronament

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo en el que constan los vecinos y las vecinas de un municipio. Sus datos constituyen una prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual. En virtud de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los ayuntamientos son competentes para hacer las tareas de formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal, y deben emprender las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de forma que los datos que consten concuerden con la realidad.

La importancia del empadronamiento reside en reflejar la realidad de la población de la ciudad, puesto que este registro constituye una fotografía de la ciudadanía que tiene que ser útil para avanzarse a la planificación de las políticas públicas del municipio. A su vez, la inscripción padronal otorga el estatus de vecindad y se puede calificar de metaderecho, porque es la puerta de acceso al conjunto de derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— como el derecho fundamental al sufragio universal, el derecho a acceder a la sanidad o el derecho a obtener determinados ayudas.

El empadronamiento es especialmente útil y necesario para las personas extranjeras que no tienen regularizada la situación administrativa en el país. Los ayuntamientos disponen de mecanismos que permiten empadronar estas personas, a pesar de que no dispongan de domicilio fijo. El alta padronal, además de permitirles el acceso a los servicios públicos, tendrá una afectación directa en los trámites de extranjería dirigidos a regularizar su situación en el país. En varias ocasiones, la Sindicatura se ha referido a la importancia de que todos los municipios apliquen estas prácticas, puesto que es conocido que muchos ayuntamientos ponen trabas al empadronamiento sin domicilio fijo.

Las quejas sobre empadronamiento que llegan a la Sindicatura de Greuges de Barcelona denuncian los siguientes asuntos: la falta de respuesta y de eficacia en la tramitación del padrón; el empadronamiento de menores de edad por parte de un progenitor sin el consentimiento expreso del otro; la denegación de empadronamiento; las bajas del registro del padrón efectuadas de oficio por el consistorio, o los plazos excesivos utilizados para tramitar empadronamientos sin domicilio fijo.

Tramitación de bajas de oficio del padrón municipal

Esta clase de tramitación ha sido la causa de varias quejas formuladas ante la Sindicatura. En algunos casos, las personas promotoras de la queja alegan ser propietarias de la vivienda en la cual han sido dadas de alta, y asumir los impuestos municipales derivados de la propiedad. Por lo tanto, entienden que esta posición de titularidad les daba derecho a ser empadronadas en su vivienda.

Sin embargo, la acreditación de la propiedad de la vivienda no es suficiente para legitimar la inscripción al padrón, de forma que si se comprueba que la persona no reside en el domicilio declarado, es necesario tramitar de oficio la baja del padrón. El Ayuntamiento tiene potestad para hacer actas de comprobación de la residencia y lo hace a través de inspecciones. Pero esta potestad no incluye la verificación del título jurídico que legitima la ocupación de la vivienda.

En este sentido, se pronuncia la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la posibilidad que el Ayuntamiento solicite al vecino o vecina el título que legitime la ocupación de la vivienda no atribuye a las administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídicoprivada. Es decir, tiene como única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino o vecina reside en el domicilio que ha indicado.

Conocedora de la importancia del trámite de baja padronal, la legislación ha establecido varias cautelas para garantizar que el trámite se hace con seguridad. De acuerdo con el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, los ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, las personas que figuren empadronadas incumpliendo los requisitos, una vez comprobada esta circunstancia en el expediente correspondiente en el cual se dará audiencia a la persona interesada.

Pero, a la práctica, surgen dificultades de notificación a la persona interesada, puesto que se acostumbra a utilizar una dirección de notificación en la cual presuntamente no vive. En estos casos, es necesario trasladar el expediente al Consejo de Empadronamiento, un órgano mixto de composición municipal y del Instituto Nacional de Estadística que tendrá que emitir un informe favorable preceptivo respecto de la eliminación del registro padronal.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona crea un grupo de trabajo para abordar el abuso y el acoso sexual a mujeres, infancia y adolescencia

Abus assetjament Sindicatura

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha impulsado la creación del Grupo de Trabajo para abordar el abuso y el acoso sexual a mujeres, infancia y adolescencia, que pretende acontecer un espacio para tratar cuál es el avance necesario en el tratamiento de estas situaciones por parte de los organismos públicos locales, y contribuir al procedimiento de recuperación de las secuelas generadas en las víctimas. “La voluntad del Grupo de Trabajo va más allá de un apoyo a la Sindicatura, porque debe ser un punto de encuentro entre los diferentes agentes que acompañan a las víctimas de estas situaciones”, ha afirmado David Bondia, síndic de Barcelona.

Este grupo de trabajo cuenta con la participación de varios perfiles profesionales, con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento holístico de la situación: el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia; la abogada y criminóloga experta en derecho penal y género, Carla Vall; la actriz y vocal de la Academia del Cine Catalán, Maria Molins; la psicóloga especializada en violencias machistas, Aina Troncoso; las periodistas de investigación Nuria Juanico y Albert Llimós; la fundadora de la Fundación Vicki Bernadet, la misma Vicki Bernadet, y la psicóloga de la Asociación in via, Patricia Ortuño.

Durante el primer encuentro, han salido a la luz algunas de las demandas y denuncias más repetidas en las personas que han sufrido una situación de abuso o acoso: necesidad de contar con más recursos; los servicios dirigidos a víctimas a menudo están colapsados; sobrecarga de los profesionales vinculados; apoyo terapéutico desde el inicio; o la carencia formativa y capacitadora en perspectiva de género y protección de la infancia y adolescencia, entre otras.

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha manifestado “la voluntad de actuar para que las víctimas tengan en la Sindicatura de Greuges de Barcelona un mecanismo de defensa de sus derechos, contra el acoso, el abuso y las agresiones sexuales”. Bondia también ha querido subrayar “la preocupación de la institución por los procesos de reparación del daño a las víctimas, en los que creemos que hay una falta de herramientas e instrumentos en el acompañamiento a la persona”.