Barcelona, 21 de agosto de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la actuación municipal no es suficiente para garantizar los derechos humanos de proximidad del colectivo de personas que ejerce la venta ambulante irregular, conocida como top manta. Su gestión no está abordando las causas estructurales que lo ocasionan, y las políticas que se están aplicando son principalmente reactivas y contribuyen todavía más a estigmatizar las personas vendedoras, y a perpetuar su situación de exclusión. En esta línea, la Sindicatura ha trasladado las siguientes recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona:
La gestión policial del top manta
Según ha informado el Ayuntamiento a la Sindicatura, las directrices que actualmente sigue la Guardia Urbana se basan en la saturación policial del espacio, entendida como una medida preventiva para evitar la instalación de vendedores ambulantes. Por ejemplo, en el caso concreto del Park Güell, se ha incrementado el número de policías, que ha pasado de dos agentes a cuatro o seis desde el mes de mayo, con el fin de generar una imagen de tranquilidad y seguridad en aquel espacio tan transitado por turistas.
La Sindicatura, como ya ha incidido en anteriores ocasiones, enfatiza en que el colectivo de vendedores en ningún caso supone un problema de orden público de inseguridad ciudadana. Al contrario: es el principal interesado en desvincularse de esta imagen de inseguridad, y colabora en la protección de la seguridad ciudadana ante situaciones de hurtos y robos.
La intervención policial también consiste en la imposición de sanciones. Según información que en su momento se facilitó a la Sindicatura, el porcentaje de pago de estas denuncias es de un 3,46%. Estos datos denotan la ineficacia de la aplicación del procedimiento sancionador, tanto en cuanto al impago de las multas como a los efectos disuasivos que pueden tener. A pesar de que esta estrategia no ha dado buenos resultados, se continúa implementando de manera más intensiva en el contexto del Pla Endreça impulsado por el consistorio. De hecho, según fuentes municipales, desde la entrada en vigor del Pla Endreça, las denuncias por venta ambulante se han incrementado en más de un 30%.
Desde esta perspectiva centrada en el ámbito de la seguridad, a pesar de los esfuerzos y los efectivos policiales que se destinan, no se consigue erradicar el top manta, puesto que no se está incidiendo en las causas estructurales que lo provocan. Conviene recordar que las causas de vulnerabilidad se deben abordar de forma holística desde una triple dimensión: la condición de vulnerabilidad (ser vulnerable), la situación de vulnerabilidad (estar vulnerable, poniendo en el centro las barreras externas con las que se encuentra una persona) y la posición de vulnerabilidad (incidiendo en el papel de la persona o del colectivo en la estructura de poder de una sociedad). Es en este sentido que la Sindicatura considera que un abordaje solo de carácter policial no sirve para afrontar una realidad de carácter estructural.
La perspectiva de la inclusión de les personas vendedoras
La Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelona elaborada por el Ayuntamiento en 2015 ya confirmó la necesidad de un abordaje social de la venta ambulante no autorizada, y la necesidad de reforzar los itinerarios de inclusión a través de una oferta de apoyo en la ocupación y de la intensificación del acompañamiento en la regularización de la situación administrativa de las personas vendedoras del top manta.
Actualmente, la intervención desde la perspectiva social que lleva a cabo el consistorio se hace a través del equipo especializado para el abordaje de la venta ambulante no autorizada (EAVANA) con tres objetivos: detectar y abordar situaciones de vulnerabilidad social de las personas vendedoras; actuar como observatorio y hacer mediación en posibles conflictos.
A pesar de esta intervención desde el ámbito social, la Sindicatura evidencia que, pese a la recogida de datos e información por parte del EAVANA, la gestión actual no se plantea ni ha puesto en marcha instrumentos y medidas específicas para abordar las causas estructurales y combatir las vulnerabilidades sociales derivadas de la exclusión administrativa, ni para facilitar oportunidades laborales, a fin de que puedan reconstruir sus itinerarios vitales.
A pesar de las limitaciones de la intervención social, en años anteriores el Ayuntamiento de Barcelona abordó el conflicto desde la óptica de los derechos de ciudadanía, e implementó una serie de medidas que, aunque eran insuficientes para resolver la situación, permitieron la inclusión social y la regularización de varias personas del colectivo del top manta. Actualmente, pese a la intervención de la EAVANA, se desprende que una parte importante de sus actuaciones continúan enfocadas al abordaje de la problemática desde los efectos que produce la ocupación no autorizada del espacio público.
La necesaria coordinación interadministrativa
En el fenómeno de la venta ambulante no autorizada no se pueden obviar las limitaciones competenciales de la Administración local para regular este fenómeno e incidir sobre las principales causas que colocan las persones vendedoras en una situación de exclusión social. “Es del todo necesario abordar el fenómeno en su especificidad con una buena coordinación multinivel y multisectorial de todas las administraciones públicas implicadas”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
La Sindicatura se reafirma en la idea de que el abordaje de la venta ambulante irregular no se puede hacer únicamente desde la óptica punitiva por la ocupación del espacio público, porque esta solo agravia la situación. Necesariamente, debe pasar por la implementación de instrumentos y medidas más amplias y coordinadas entre las diversas administraciones públicas, puesto que será la manera de poner fin a esta situación de marginación y deshumanización del colectivo.
El perfil de las personas que ejercen el top manta en Barcelona
La venta ambulante no autorizada, popularmente conocida como top manta, responde a la proyección internacional de la ciudad y a la gran afluencia de turismo. Se trata de una actividad ejercida mayoritariamente por personas migrantes en situación administrativa irregular y, por lo tanto, excluidas del mercado laboral regularizado, que se ven abocadas a la necesidad de trabajar en la economía informal como medio de subsistencia.
En 2015, el Ayuntamiento de Barcelona elaboró la Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelona, con unas conclusiones todavía vigentes y que, entre otras, exponen el perfil de las personas que ejercen el top manta. El consistorio detectaba que la mayoría tenía origen en países africanos e indoasiáticos. Prácticamente todos habían hecho un viaje migratorio peligroso, por el cual habían pagado precios elevados.
Mayoritariamente son hombres, sin perfil delincuencial, en franjas de edad relativamente jóvenes, que no superan la media de 45 años. Casi todos tienen pocas perspectivas de poder iniciar procesos de regulación a corto y medio plazo. Así pues, a pesar de tratarse de personas que viven aquí desde hace años, no disfrutan de los derechos más básicos. Su situación de exclusión supone la privación de los circuitos normalizados de acceso a los derechos.
Gran parte de ellos coinciden en la voluntad de quedarse permanentemente en el territorio español, conseguir la regularización administrativa y poder acceder al mercado laboral para abandonar la venta ambulante. Se trata de un colectivo que, en general, no recibe atención social ni percibe prestaciones, y son poco usuarios de los servicios públicos.
Contribución solidaria durante la peor etapa del Covid-19
La Sindicatura de Greuges de Barcelona cree conveniente recordar la acción solidaria del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes durante la peor etapa de la pandemia del Covid-19. Convirtió su tienda en un taller de fabricación de mascarillas y batas de uso médico, que distribuyeron en centros hospitalarios para luchar contra el coronavirus, servir a la ciudadanía y cubrir las necesidades en aquella situación sanitaria tan complicada. También crearon un banco de alimentos solidario para distribuir comida a las personas más necesitadas.
Los sectores económicos afectados por la actividad del top manta
La venta ambulante está regulada en el Decreto 162/2015, de 14 de julio, de venta no sedentaria. El artículo 4 se refiere a las condiciones para el ejercicio de la venta ambulante, y señala expresamente que, cuando se trate de vendedores extracomunitarios, deben acreditar el permiso de residencia y de trabajo. Por lo tanto, el decreto no deja espacio al ejercicio de la actividad por parte de personas en situación administrativa irregular, el perfil mayoritario de estos vendedores.
Algunos sectores económicos denuncian, principalmente, dos aspectos del top manta que les afectan negativamente: la falsificación o imitación de productos de marca, y la competencia desleal que ejercen con el comercio de proximidad.
En cuanto al primer ítem de la falsificación de marcas, a lo largo de los años se ha alimentado el discurso que detrás del top manta hay entramados mafiosos o redes de crimen organizado que explotan y utilizan las personas vendedoras para distribuir estos productos de imitación.
Sin embargo, la Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelona no detecta unas estructuras de red jerarquizada o presencia de mafias que exploten a los vendedores o controlen la distribución de los productos. Este estudio municipal indica que los vendedores, generalmente, adquieren la mercancía de manera legal en polígonos industriales del área metropolitana. Además, el consistorio argumenta que en este asunto es relevante la denuncia de las personas perjudicadas para iniciar actuaciones, pero que últimamente no han recibido ninguna denuncia de personas perjudicadas por esta situación.
En cuanto a la competencia desleal de esta actividad respecto a otras autorizadas, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) emitió la Resolución CO 137-2016, que hablaba de atender al colectivo de personas en situación muy precaria o de exclusión buscando salidas laborales y también de combatir este fenómeno desde la intervención decidida en los niveles superiores de la cadena de distribución de los productos que se venden ilícitamente en la vía pública por parte de las diferentes administraciones. En esta línea, el estudio municipal de 2015 también exponía que después de varias entrevistas con responsables de establecimientos comerciales, no perciben a los vendedores ambulantes como un colectivo conflictivo y señalan haber llegado a pactos verbales con ellos para no influir negativamente en el desarrollo de las actividades comerciales.
Las normativas y la regularización administrativa
Cómo se ha apuntado anteriormente, las personas migrantes que llegan al territorio español de manera irregular se ven abocadas a trabajar al margen del mercado laboral regular a fin de poder cubrir sus necesidades básicas. La venta ambulante no autorizada se recoge en varias normativas, tanto de ámbito estatal como de ámbito local, que legitiman el uso de medidas punitivas contra el ejercicio de la actividad, con consecuencias de carácter económico, penal y administrativo para las personas vendedoras.
En varias ocasiones, la Sindicatura ha trasladado al consistorio su parecer sobre que las ordenanzas municipales, especialmente la de fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona, no pueden incluir conductas que están asociadas a personas vulnerabilizadas. La calificación de infracción de estas conductas contribuye, en gran parte, a estigmatizar y deshumanizar a las personas de este colectivo, a la vez que refuerza su marginación social, puesto que están ocupando el espacio público como personas migrantes, pero también como personas racializadas.
Hay que añadir que la existencia de antecedentes penales imposibilita la obtención del permiso de residencia, situación que lleva las personas a la pérdida de expectativas de regularización, a la cronificación de su situación de exclusión social y a quedarse sin posibilidades de acceder al mercado laboral y a los derechos sociales. Ha quedado patente que, pese a las graves consecuencias del incumplimiento normativo, este marco legal y esta manera de actuar no ha sido eficaz.
La iniciativa legislativa Regularización.Ya
La Sindicatura de Greuges de Barcelona también quiere recordar la iniciativa legislativa impulsada por el movimiento Regularización.Ya. El 9 de abril de 2024 el Congreso de Diputados aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP Regularización, que puede tener consecuencias importantes para iniciar procedimientos para regular la situación administrativa de gran parte de los manteros que hay en nuestra ciudad.
La propuesta tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a fin de que el Gobierno establezca un procedimiento de regularización extraordinaria de personas migrantes en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021. Esta medida afectaría unas 500.000 personas migrantes.
