La defensoría de la ciudad ha resuelto una actuación de oficio sobre la retirada de las estufas de combustión de gas en el espacio público, ya que se tenía constancia de que todavía había establecimientos que las utilizaban a pesar de que el pasado 31 diciembre acabó el plazo para que se pudieran adaptar. Además, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) había trasladado a la Sindicatura la cuestión de si es necesario que haya algún sistema de calefacción en las terrazas, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis climática.
La ordenanza sobre este ámbito establece que los locales de restauración ya sólo pueden utilizar estufas eléctricas en el exterior y con un límite de potencia, como medida para reducir las emisiones contaminantes. La Sindicatura valora positivamente que el Ayuntamiento haya realizado 634 inspecciones entre enero y abril, como anunció la semana pasada. Ahora bien, se debería ir un paso más allá.
Las estufas eléctricas, ahora las únicas permitidas, tienen un impacto final en emisiones globales superior a las de butano o propano, según un informe de la Agencia de Energía de Barcelona (AEB). Este documento concluye que no debe autorizarse la calefacción de las terrazas para evitar el impacto ambiental y el desperdicio energético que supone. Las estufas eléctricas sólo deben permitirse si se alimentan de una fuente de energía renovable, y si se justifica por razones de promoción de un sector económico específico.
La autorización municipal para que se instalen estufas eléctricas no sólo va en contra de las conclusiones de un informe elaborado por la AEB, de la que forma parte el Ayuntamiento, sino que no se corresponde con la Misión Europea 100 ciudades «Net Zero». Barcelona forma parte del centenar de ciudades europeas comprometidas en ser climáticamente neutras en el 2030.
El Comisionado de Agenda 2030, responsable de presentar la candidatura, impulsó el Acuerdo Climático de Ciudad, en el que ya se contempla un marco regulador para el uso de calefacción y climatización en el sector terciario. La base del acuerdo es el Plan de Acción para la emergencia climática 2030, que especifica que este marco regulador debe servir «para evitar que se derroche energía y por conciencia social, regulando, entre otros, el uso de estufas en el exterior«. Para cumplirlo, el Ayuntamiento debería valorar su prohibición sean del tipo que sean.
Incumplimiento del deber de colaborar con la Sindicatura
En cuanto a la retirada de las estufas de gas en el espacio público a partir del 1 de enero, la Sindicatura quiere destacar la falta de información facilitada por el Ayuntamiento, lo que impidió saber si la actuación había sido correcta. Hay que recordar que esta forma de proceder ha incumplido el deber de colaboración con la Sindicatura.
El consistorio argumentaba que no podría facilitar su número dado que la infracción es por la de instalación de elementos no autorizados, lo que podría incluir otros. Tras la solicitud de la Sindicatura, se aceptó contabilizarlo de manera específica, y publicó los datos sobre el número de inspecciones y sanciones.
Por lo que respecta a la retirada de todas las estufas de las terrazas, la Gerencia de Coordinación Territorial y Proximidad respondió que quedaba fuera de su competencia.
Una actuación ineficaz y, quizás, contradictoria con los compromisos mediambientales
Por todo ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluye en su resolución que:
- el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Acción Climática, Movilidad, Servicios Urbanos, Innovación Urbana, Agenda 2030 y Plan de Barrios no fue eficaz para comprobar la retirada de las estufas de gas de las terrazas de los establecimientos de restauración, y que debe actuar de oficio en caso de incumplimiento.
- esta área debe valorar también la posible contradicción en el ámbito energético y los compromisos medioambientales que supone calentar los espacios públicos con aparatos calefactores, aunque sean eléctricos.
