Hacia el final del curso escolar 2020-2021, las escuelas vieron cómo se revisaba su tipología de centro según el nivel de complejidad, de acuerdo con los nuevos criterios que el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (órgano consultor del Departamento de Educación) había publicado el abril del 2021. Los anteriores criterios databan del año 2017.
La aplicación de estos nuevos criterios creó una alarma entre la comunidad educativa de la ciudad, que no había sido informada previamente de que se llevaría a cabo esta revisión y que al final del curso se enteraron que podían verse amenazados parte de los recursos para el curso escolar siguiente.
Por este motivo, las asociaciones de familias de alumnado (AFA) de escuelas de la ciudad se dirigieron a la Sindicatura de Greuges de Barcelona preocupadas por cómo afectaría esto en la atención que recibiría el alumnado si se hacía efectiva esta pérdida de recursos personales y materiales.
Determinar la complejidad de la escuela, junto con otros factores, sirve para asignar recursos personales y programas en las escuelas, con el objetivo de garantizar la atención adecuada del alumnado dentro del sistema inclusivo de las escuelas, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo. La Ley de educación establece la obligación de la administración educativa de aportar recursos adicionales en los centros públicos y concertados en función de las necesidades educativas específicas y la tipología de las familias del alumnado que atiende el centro, y también de las características socioeconómicas de la zona.
El Consorcio de Educación de Barcelona informó a la Sindicatura de Greuges que esta nueva clasificación en ningún caso implicaría un recorte de recursos económicos y humanos para hacer frente a la complejidad de los centros en el curso escolar 2021-2022.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona también recalcó la importancia de transmitir, informar y comunicar adecuadamente todos los cambios que puedan afectar el conjunto de miembros de la comunidad educativa, y también de fomentar la participación de la escuela respecto a cualquier cambio. Las escuelas disponen de espacios formales de participación con la comunidad educativa, como por ejemplo el Consejo Escolar, u otros espacios informales, que se deben utilizar para fomentar la participación activa en los asuntos escolares, garantizada en el artículo 21.8 del Estatuto de Cataluña.
El informe sobre el impacto de la actualización del índice de complejidad que el Consorcio de Educación de Barcelona presentó en el pleno del 26 de octubre de 2021 del Consejo Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), evidencia que la medida de actualización ha tenido un impacto notable entre los centros educativos de la ciudad. En el caso de Barcelona, 36 centros mejoran su nivel de complejidad, 178 centros mantienen el mismo nivel que el curso pasado y solo 2 centros empeoran su nivel de complejidad.
Este cambio también es el resultado de las medidas de lucha contra la segregación aplicadas con el Plan de choque para la igualdad de oportunidades puesto en marcha en Barcelona desde el año 2019. Desde la implementación de este plan, se ha mejorado ostensiblemente en cuestiones como la detección de los niños en situación social y económica desfavorecida (que actualmente supone el 12% de la población escolar, cuando en 2007 solo era un 3%); la reserva de plazas para alumnado NESE en todos los centros sostenidos con fondos públicos; la aplicación de medidas de planificación de la oferta, como por ejemplo la reducción de ratios; la transformación de centros, o una gestión de la matrícula viva con criterios de zona.
Pero, como el mismo Consorcio de Educación de Barcelona reconoce, el hecho de equilibrar la matrícula y avanzar hacia centros más heterogéneos y mejorar las proporciones de alumnado vulnerable matriculado entre titularidad privada y pública, no quiere decir que hayan mejorado las condiciones de vida del alumnado de Barcelona, puesto que los datos muestran que ha crecido la pobreza que afecta a niños y jóvenes.
En el mismo pleno de 26 de octubre de 2021 del Consejo Educativo de Barcelona, se aprobó una declaración donde se pide una moratoria de un mínimo de dos años para la decisión de reducir el baremo de complejidad. Si no es posible, se intentará conseguir una garantía de asignación de recursos equivalentes en los centros que han visto reducido su nivel de complejidad, mientras se revisa un modelo de distribución de recursos que garantice que se dispone de datos actualizados de la situación real del alumnado y los centros.
