La defensoría resuelve que la estrategia municipal no debe centrarse sólo en las sanciones, que han aumentado respecto al año pasado, sino también en campañas de concienciación.
Las aceras deben quedar libres de obstáculos que resten espacio a las personas usuarias naturales: los y las peatones.
Un ciudadano presentó una queja por la inacción del Ayuntamiento ante el estacionamiento indebido de motocicletas en la acera, en concreto en la calle Aragó, cerca del cruce con Viladomat (la Nova Esquerra de l’Eixample).
Ante esta situación, llamó muchas veces al teléfono 112, desde el que le derivaron a la Guardia Urbana (GUB). El cuerpo policial notificó que habían registrado la queja, pero los vehículos seguían estacionados en el mismo sitio. Tras insistir, la situación mejoró y las molestias desaparecieron. Sin embargo, el promotor de la queja consideraba que, de forma más general, el consistorio no estaba adoptando medidas eficaces para garantizar que las motos se estacionen según lo establecido en la normativa.
La Ordenanza de circulación de vehículos y peatones, modificada hace un año para restringir más el estacionamiento en la acera, establece que, preferentemente, deben dejarse las motos en la calzada. En las aceras se puede aparcar, pero con condiciones y prohibiciones.
Aumenta el número de plazas en la calzada y el de sanciones
Actualmente circulan más de 274.000 motocicletas y ciclomotores, según datos municipales. En cuanto a plazas de estacionamiento, hay unas 94.000 en calzada, un 30% más que en 2018, lo que significa que hay una por cada tres de estos vehículos. Por el contrario, las plazas en la acera son unas 4.400, un 13% menos que siete años atrás. Estas tendencias son coherentes con los objetivos del actual Plan de Movilidad Urbana y con el recientemente creado Observatorio de la Motocicleta de Barcelona, además de la ordenanza de circulación.
La competencia sancionadora para hacer frente a las infracciones recae en la GUB y Barcelona Serveis Municipals (BSM). El servicio de grúa es limitado y no puede abarcar la retirada de todos los vehículos aparcados indebidamente: se priorizan los que suponen un entorpecimiento grave.
El número de denuncias y de vehículos retirados por la grúa municipal ha sido este año de 6.347 (hasta septiembre), un 21% más que en todo el 2024. Periódicamente, la GUB también realiza dispositivos especiales de control para motos y ciclomotores, que tiene entre sus objetivos evitar la ocupación indebida de las aceras. Estos datos confirman que se imponen sanciones y que se retiran las motocicletas aparcadas indebidamente: la inacción municipal en ese sentido era uno de los puntos principales de la queja.
Además, también se realizan campañas informativas con folletos en los manillares de las motocicletas en emplazamientos donde se considera que las conductas infractoras son frecuentes.
Infracciones que vulneran el derecho a la accesibilidad y la inclusividad
La defensoría ya ha estudiado en profundidad la problemática que supone la ocupación indebida del espacio público por parte de motocicletas estacionadas sobre las aceras. También las consecuencias que se derivan, como la merma de espacio público para las personas peatones, que son las usuarias naturales, ya las que hay que priorizar por encima del resto de agentes que participan en la movilidad.
La ocupación abusiva del espacio público, además, tiene una mayor afectación en ciertos colectivos, como las personas mayores o con movilidad reducida. Esto, de hecho, se suma a otros obstáculos que se encuentran en su día a día, como las jardineras y otros elementos en la acera que dificultan el paso. De hecho, ésta es una de las principales problemáticas que vulneran el derecho a la accesibilidad y la inclusividad, como queda recogido en el último informe anual.
Las conclusiones de la Sindicatura
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera en su resolución que las aceras deben permanecer libres de elementos y obstáculos, lo que incluye reducir al máximo el número de motos y promover el estacionamiento en zonas reservadas en la calzada o en aparcamientos sótanos, por lo que es necesario continuar avanzando para crear más. En este sentido, la actuación municipal ha sido ajustada a derecho, si bien es necesario continuar avanzando para conseguir el objetivo de ampliar y proteger el espacio público destinado a la persona peatón.
La defensoría también valora que la administración no puede centrarse sólo en las sanciones, si bien son eficaces como medida disuasoria, sino también en la pedagogía, como las campañas de comunicación.
