La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado el informe anual del 2021, año en el que ha llevado a cabo 3.421 actuaciones. Del total, 2.568 han estado quejas, 808 consultas, 41 actuaciones de oficio y 4 visitas de barrio. El año 2021 se ha dado la razón a la ciudadanía, totalmente o en parte, en un 62% de los casos.
Según temática, las 2.568 quejas se han clasificado de la siguiente manera: movilidad y transporte público (498); actividades económicas (324); seguridad ciudadana y libertad cívica (235); administración pública (223); servicios sociales (201); medio ambiente (185); hacienda municipal (170); salud (166); vivienda (129); urbanismo (113); educación, cultura, ocio y deporte (91); atención, comunicación y participación (63); trabajo en la administración (59); espacio público (42); ciudadanía y vecindad (42), y accesibilidad (27).
Según el distrito de residencia de la ciudadanía, las 2.568 quejas se clasifican de la siguiente manera. Eixample (332); Sant Martí (238); Sant Andreu (205) y Sants-Montjuic (195) son las zonas de las cuales se han recibido más denuncias. Les siguen Horta-Guinardó (173); Ciutat Vella (144); Gracia (143), y Nou Barris (138). Los distritos de los que se han recibido menos reclamacions son Sarriá-Sant Gervasi (118) y les Corts (76). También se han supervisado 730 reclamaciones de vecinos y vecinas de otras poblaciones que han tenido problemas con el Ayuntamiento de Barcelona, 70 sin identificar el distrito y 6 quejas de personas sin domicilio fijo.
Además de los distritos ya comentados, los principales órganos municipales afectados por las quejas son: la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica (426); el área de Prevención y Seguridad (153); el Instituto Municipal de Hacienda (146), y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (102).
Crisis habitacional y Mesa de Emergencia
Durante el primer semestre del año 2021, los servicios de vivienda tuvieron conocimiento de 1.588 desahucios programados. Según informan, el 91% de estos fueron parados a causa de la intervención municipal. Es necesario detallar que esta tarea mediadora llevada a cabo por el SIPHO (Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación), a menudo se trata de una solución temporal y no definitiva. Esta afirmación es corroborada con los datos de nuevas solicitudes en la Mesa de Emergencia Social durante el 2021: 450 nuevos expedientes (prácticamente los mismos que en 2019 y más del doble de 2020). Hay más cifras que constatan el embudo permanente que hay en la Mesa de Emergencia Social: en diciembre de 2021 había 609 unidades familiares que esperaban una vivienda de emergencia.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona destaca que los esfuerzos más grandes para mejorar esta situación los está haciendo el Ayuntamiento, puesto que las viviendas aportadas por la Generalitat han sido muy inferiores a aquello que le correspondería de acuerdo con el 60% de participación en el Consorcio de la Vivienda de Barcelona. Ante esta realidad, y con el objetivo de disminuir la demanda de viviendas de emergencia, son imprescindibles las actuaciones de prevención antes de llegar a procesos de desahucio para evitar la pérdida de la vivienda. La Sindicatura insiste, como ya ha hecho históricamente, en la necesidad de dotar suficientemente el Fondo de Alquiler Social para dar respuesta a la emergencia.
La situación de estas personas “sin hogar” que esperan una vivienda de emergencia (entendido como personas que a pesar de tener un techo, no lo sienten como su hogar: habitaciones, pensiones, etc), es muy precaria. Esta situación se agrava también por la falta de alojamientos alternativos que los Servicios Sociales deberían ofrecer a las familias. Muchas de ellas se mantienen en pensiones con costes mucho más altos que otras alternativas habitacionales, como puede ser disponer de más viviendas de inclusión social o centros de acogida familiar, que esta Sindicatura pide que se incrementen.
Dificultades de acceso a Servicios Sociales
Las dificultades para acceder a la atención social no es un hecho nuevo en los Centros de Servicios Sociales (CSS), donde ya previamente a la pandemia se daban situaciones de espera de varias semanas para conseguir una cita o una atención diligente cuando alguien consideraba que se encontraba en situación de urgencia.
Los nuevos condicionantes para la atención social que han surgido a raíz de la Covid-19, han empeorado todavía más estas situaciones. Concertar entrevistas telefónicas y el hecho que acontezca el único medio con el que cuentan las personas atendidas en los CSS cuando quieren contactar con su persona referente, no constituye un canal ágil y fluido de comunicación entre la ciudadanía y los equipos profesionales.
Los servicios sociales no solo constituyen recursos para garantizar la cobertura de necesidades, sino que fundamentalmente se deberían basar en la escucha, el acompañamiento, y la disponibilidad. Cuando esto no es posible, pierden buena parte de sus posibilidades de acción.
En las quejas trabajadas durante el año 2021 se daban situaciones de personas que solicitaban una cita telefónica y se les respondía que ya se les llamaría, sin que posteriormente recibieran la llamada. Lo mismo podía pasar cuando querían contactar para hacer una consulta concreta y no conseguían establecer contacto. También se exponían dificultades para poder recibir una atención de forma temprana cuando había alguna situación “anómala” en cuanto al empadronamiento, o denunciaban la falta de intimidad en la recepción de algunos CSS.
En cuanto a la falta de intimidad, a pesar de que los espacios de recepción están diseñados según un plan de funcionalidad aprobado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), las adaptaciones por la pandemia han comportado nuevas modificaciones, que han podido alterar las condiciones previas. Por este motivo, es necesario revisar, en las circunstancias actuales, el cumplimiento del derecho a la intimidad en las recepciones de los CSS, y si es necesario, que se introduzcan las mejoras correspondientes.
Finalmente, desde esta Sindicatura se quiere señalar la ardua tarea que diariamente realizan los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales municipales para atender la población, y que este año han sido merecidamente reconocida con la Medalla de Honor de Barcelona.
La Sindicatura impulsa un cambio en las bases del Fondo 0-16 años
A raíz de una queja ciudadana, durante el año 2021 la Sindicatura de Greuges de Barcelona analizó que las personas que percibían la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no podían optar al Fondo extraordinario de prestaciones económicas de urgencia social a las familias de Barcelona con niños o adolescentes menores de 16 años. Y no podían acceder a pesar de que sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos para percibir esta ayuda municipal.
Con el objetivo de garantizar el trato igualitario entre todas las personas solicitantes, la Sindicatura se dirigió al Instituto Municipal de Servicios Sociales para que revisara esta circunstancia. En septiembre del mismo año 2021, el IMSS comunicó que aceptaba y aplicaba esta recomendación mediante la modificación de las Bases de la convocatoria eliminando la incompatibilidad de las prestaciones del Fondo 0-16 con la RGC y la IMV, tal como se pedía desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Un área de juego infantil accesible e inclusiva para cada barrio
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha cerrado durante 2021 la actuación de oficio sobre la implementación de elementos accesibles e inclusivos en las áreas de juegos infantiles con dos recomendaciones: por un lado, que tanto la renovación de las áreas como la creación de nuevas zonas de juego infantil cuenten con criterios de accesibilidad e inclusión para cumplir con el objetivo del 100% en 2030; y por el otro, que cada barrio barcelonés disponga, como mínimo, de una de estas áreas para que las familias con niños con diversidad funcional no sean discriminadas.
El propósito del Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Plan de Juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030 presentado en 2019, es que el 100% de las áreas de juego nuevas y renovadas sean accesibles y con elementos certificados como inclusivos. Con una visión global de los datos, se puede llegar a la conclusión que, en caso de seguir esta tendencia, será difícil conseguir el objetivo previsto, más todavía cuando se ha comprobado que de todas las nuevas áreas de juego creadas solo una parte se han construido con criterios de accesibilidad e inclusión. Si se acota más el foco, se observa que de las 89 nuevas áreas de juego previstas para el periodo 2015-2019, solo se han creado 73, y de estas solo 26 disponen de juegos accesibles o inclusivos.
La Sindicatura considera que si bien ha habido una mejora en la evolución de la renovación de las áreas de juego existentes, es necesario un esfuerzo para incrementar esta progresión. Si se quiere consolidar una nueva visión del juego en la ciudad y que sea líder en las políticas de accesibilidad e inclusión, se debe perseguir la finalidad que cada barrio cuente, como mínimo, con un área con juegos infantiles accesibles, inclusivos y adaptados para los niños con diversidad funcional.
La problemática del amianto en la ciudad
El amianto es un material que fue muy utilizado en la industria y la construcción por sus propiedades aislantes, de durabilidad, de resistencia, y por su bajo coste. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 1977, la OMS declaró el amianto como carcinógeno de primer grado, relacionado con enfermedades como varios cánceres de pulmón, laringe, la asbestosis (fibrosis de los pulmones) o el mesotelioma.
Es necesario recordar que el consistorio, en el pleno del 21 de julio de 2017, se comprometió a presentar, antes de finalizar la legislatura 2015-2019, un inventario de todos los equipamientos y edificios públicos municipales con presencia de amianto o fibrocemento, y establecer un calendario y una dotación económica. La última actualización municipal es en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del 16 de noviembre de 2021, donde se acordó llevar a cabo la retirada de los elementos que puedan contener fibrocemento en toda la ciudad de Barcelona, lo antes posible.
Desde el año 2018, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al Ayuntamiento una actuación proactiva en la elaboración del censo de edificios con presencia de amianto en la ciudad, con especial incidencia en la necesidad de iniciar el proceso de desamiantado en el menor tiempo posible, así como dar prioridad a las escuelas, hospitales, edificios e instalaciones de concurrencia pública. Dos años después, la Sindicatura volvió a dirigirse a la administración municipal para insistir en la misma recomendación.
En relación con el compromiso municipal de disponer de un censo, también se ha conocido que se ha elaborado un primer censo de cubiertas (no edificios) con el resultado de 240 hectáreas cubiertas susceptibles de tener fibrocemento en la ciudad: un 76% corresponden a privados, y un 24% son de titularidad pública (del cual un 28% es municipal). A pesar de que el Ayuntamiento avanza y trabaja en un tema complejo y dispone de unos primeros datos, no se constata que se haya dado respuesta al compromiso municipal de disponer de un censo de edificios. En consecuencia, no se conoce si se prevé un calendario de actuaciones para el tratamiento de esta problemática.
En el año 2021, además del seguimiento y estudio de otros expedientes sobre esta materia, ha sido significativa la queja presentada el mes de noviembre de 2021 por la AFA de una escuela del entorno de la plaza de las Glories, que se dirigió a la Sindicatura preocupada por el estado de una cubierta de fibrocemento próxima a su escuela, y a otros centros educativos coincidentes en el espacio del interior de la isla. La Sindicatura ha considerado que la actuación del Ayuntamiento, en relación con el fibrocemento detectado en la cubierta objeto de la queja, ha sido insuficiente para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía y especialmente de las personas (niños, adolescentes y adultos) que hacen vida en su entorno. Ahora bien, más allá del caso concreto y significativo, su estudio ha permitido profundizar en la compleja problemática que presentan los centros escolares: hasta 42 escuelas de la ciudad cuentan con elementos de fibrocemento.
Por este motivo, la Sindicatura abrirá una actuación de oficio para conocer el estado de la problemática y las previsiones de tratamiento y abordaje desde el ámbito municipal. Es necesario actuar de manera definitiva para la retirada de los elementos de fibrocemento de estas cubiertas como medida de prevención de la salud.
Contaminación acústica en la recogida de residuos
Son recurrentes las quejas que llegan a esta institución por las molestias de ruido originada por actividades, comportamientos humanos, maquinarias y vehículos de motor. Uno de los motivos más repetido, y que ha continuado durante el año 2021, es la contaminación acústica derivada de la recogida de residuos en general, y especialmente la de muebles y trastos viejos en horario nocturno.
Desde el año 2017 la Sindicatura de Greuges ha recomendado al consistorio, de acuerdo con la Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica que fija el horario de funcionamiento de la maquinaria en la vía pública de 8 a 20 horas, estudiar la posibilidad de avanzar el horario o la reducción del tiempo que dura el servicio de recogida, con el objetivo de garantizar el derecho al descanso del vecindario de la ciudad. Sin embargo, y si los efectos en la movilidad de la ciudad fueran perjudiciales, como aseguró el consistorio en las respuestas facilitadas a la Sindicatura, habría que prever la recomendación de aumentar los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo el servicio con menos tiempo, de forma que el horario de finalización de la recogida de residuos voluminosos no se excediera en las horas de descanso habitual de la ciudadanía.
Prevención del acoso escolar
Muchas de las situaciones de violencia que se dan en las escuelas y que las familias denuncian a esta Sindicatura van vinculadas a dinámicas grupales discriminatorias que, independientemente de que acaben o no en casos de acoso, evidencian la necesidad de llevar a cabo una tarea más intensiva en la prevención. Para conseguir el objetivo, se ha identificado la importancia del Proyecto de convivencia que obligatoriamente tienen que disponer todas las escuelas, y que debe reflejar las acciones que el centro desarrolla para tratar la convivencia en el aula, en el centro o en el entorno.
Disponer del Proyecto de convivencia en la escuela, y difundirlo, promoverlo y hacerlo accesible a toda la comunidad educativa, es primor dial para hacer efectivo el derecho del alumnado a disfrutar de una convivencia respetuosa y pacífica. Es necesario garantizar el derecho de la infancia a la protección contra toda agresión física emocional o moral, y a llevar a cabo su actividad escolar en condiciones de seguridad y en un ambiente que fomente el respeto y la solidaridad entre los compañeros.
Por otro lado, durante este año también se han conocido varios casos de personas que fueron víctimas de acoso, abusos, vejaciones y vulneraciones de derechos durante 20 años en la escuela pública Barcelona. Esta Sindicatura abrió en diciembre de 2021 una actuación de oficio para conocer qué hechos se produjeron en esta escuela y la actuación de los órganos educativos responsables de proteger y garantizar el buen trato de los niños y jóvenes. Con esta actuación también quiere constatarse el funcionamiento de los protocolos actuales para conseguir unas escuelas libres de violencia; las herramientas de que disponen los niños y los jóvenes en estos casos; las acciones de prevención para proteger las personas menores, y la coordinación entre la comunidad educativa y las autoridades responsables.
Implementación de dispositivos personales de grabación en los uniformes de la Guardia Urbana
A lo largo de los últimos años, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido muchas quejas que cuestionaban actuaciones policiales, así como el trato recibido por parte de los agentes actuantes, que consideraban inadecuado y sin la ejemplaridad a la cual restan obligados los agentes cuando se dirigen a la ciudadanía.
En el tratamiento de este tipo de quejas hay muchas dificultades para conocer cuáles son las circunstancias que rodean los hechos denunciados. La inmediatez de las actuaciones policiales hace difícil aportar pruebas que permitan acreditar los hechos y, ante la falta de elementos probatorios, estas situaciones acostumbran a concluir con el pronunciamiento municipal que no se puede probar el trato denunciado. La Sindicatura ha recordado reiteradamente al consistorio que cuando los agentes actúan como denunciados sobre unos hechos, sus declaraciones tienen el mismo valor que el resto de las partes implicadas, aunque sean agentes de la autoridad, puesto que en estas circunstancias no los asiste la presunción de veracidad.
Por estos motivos, ya anteriormente se había recomendado la necesidad de dotar a los agentes de la Guardia Urbana de cámaras unipersonales en su uniforme, con el objetivo de grabar las actuaciones más controvertidas y que puedan servir de prueba. El año 2021 el Ayuntamiento de Barcelona ha concluido un proceso de contratación de 150 dispositivos personales de grabación (DPG).
La Sindicatura de Greuges hace una valoración positiva de esta medida, pero considera que disponer únicamente de 150 dispositivos puede resultar insuficiente si tenemos en cuenta que la plantilla actual de la Guardia Urbana está formada por más de 3.000 operativos que podrían hacer uso. Por este motivo, esta instancia supervisora entiende que es necesario que se adquieran nuevas partidas de DPG para dimensionar adecuadamente este recurso. También ha trasladado a los responsables municipales la necesidad de hacer una evaluación sobre el resultado de la implementación de los DPG, y comprobar si se aprecia una reducción de la cantidad de quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas malas praxis policiales.
Dictamen en el nuevo Reglamento de Participación
Durante el año 2021 la Concejalía de Participación Ciudadana trabajó en la elaboración de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, para el cual se fijó un periodo de aportaciones de la ciudadanía. Desde la Sindicatura, como ya se había hecho con motivo de la aprobación del Reglamento de 2017, se llevaron a cabo una serie de aportaciones, en esta ocasión con formato de Dictamen no vinculante, en el que se exponían las cuestiones que podían mejorar el derecho a la participación ciudadana.
Algunos de los aspectos recogidos por la Sindicatura y trasladados a la Concejalía son los siguientes: poner fin la insuficiencia o falta de información previa al inicio de los procesos participativos, puesto que supone un freno a la promoción de la participación ciudadanía; creación de puntos de apoyo y asistencia a personas que sufren la brecha digital; inclusión de los mecanismos de coordinación entre las comisiones del Reglamento; aplicación de los ejercicios de transparencia y buen gobierno para garantizar el derecho a la información; velar por una perspectiva interseccional que represente la heterogeneidad social real, y por último, que el número de firmas mínimas necesarias para la tramitación de las iniciativas ciudadanas sea automáticamente modificado en el supuesto de que la legislación aplicable establezca una cifra diferente.
Durante el año 2022 la Sindicatura estará atenta a la implementación del Reglamento, especialmente en aquellos aspectos sobre los cuales se pronunció en el Dictamen.
Mejorar la percepción de la fiscalidad tributaria en la ciudadanía
En el año 2021 la ciudad todavía no recuperó la normalidad ni la actividad cotidiana previa a la pandemia. La crisis social y económica derivada de esta situación ha provocado un aumento de la vulnerabilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas, que comporta un incremento del número de personas que necesitan el apoyo de la administración para subsistir. En este contexto, el presupuesto municipal para el 2021 incorporó un importante incremento del gasto para hacer frente a la emergencia social, con el fin de impulsar la recuperación social y económica de la ciudad. En este sentido, la protección de los servicios públicos debe ser una prioridad de los objetivos fiscales.
Es una tarea de los poderes públicos crear la conciencia entre los ciudadanos que la obtención de recursos económicos revierte en el bienestar de la ciudadanía. Cuando el ciudadano constata que se puede beneficiar de determinados servicios públicos gracias a la existencia de un sistema fiscal, mejora su aceptación en el pago de impuestos. Acontece fundamental que los ciudadanos perciban el adecuado destino de sus impuestos y una buena gestión de estos. En este sentido, también corresponde a la Administración hacer un esfuerzo en la información y atención a la ciudadanía para mejorar la percepción de eficiencia y eficacia en la gestión tributaria.
