Categoría: Educación, deporte y cultura

La Sindicatura insta a la Concejalía de Educación a llevar a cabo una investigación en profundidad de los hechos producidos en la Escuela Barcelona y a reparar el daño a las víctimas

Escola Barcelona

Después de una actuación de oficio, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado a la Concejalía de Educación, en cumplimiento del compromiso asumido por el Ayuntamiento de Barcelona, a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que se ejecute una investigación en profundidad sobre los hechos producidos en la Escuela Barcelona, con el objetivo de depurar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas de manera adecuada.

Por otro lado, la Sindicatura ha recomendado a la Concejalía de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, y a la Concejalía de Educación, la creación de una comisión de investigación de violencias en la infancia y la adolescencia, que inspeccione y revise casos que se hayan producido, o se puedan producir, en servicios y espacios de la ciudad dirigidos a la infancia y la adolescencia, y que tenga la capacidad de implementar los mecanismos reparadores adecuados.

El origen de la actuación de oficio

El pasado 14 de diciembre de 2021, la Sindicatura de Greuges de Barcelona inició una actuación de oficio después de conocer las denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra por parte de personas víctimas de acosos, abusos, vejaciones y vulneraciones de derechos cometidas durante veinte años por un educador de la Escuela Barcelona. El objetivo de este expediente de oficio fue aclarar qué hechos se habían producido en esta escuela pública de la ciudad y cuáles habían sido las actuaciones de los órganos educativos responsables de proteger y garantizar el buen trato a niños y jóvenes.

La Sindicatura crea un grupo de trabajo

El 14 de enero de 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona constituyó un grupo de trabajo integrado por personas profesionales de diferentes ámbitos (social, artístico, médico, psicológico, jurídico…), que se reúne periódicamente para explorar como mejorar la detección, la atención y el acompañamiento a las víctimas de abusos y violencias sexuales.

El grupo de trabajo ha constatado que hay una carencia de acompañamiento a las víctimas y considera que se deben impulsar procesos de reparación desde las instituciones. Por este motivo, se está trabajando para proponer medidas de mejora que permitan revisar el abordaje de los abusos sexuales y los acosos sexuales a mujeres, infancia y adolescencia en la ciudad de Barcelona.

Los hechos denunciados por antiguo alumnado de la Escuela Barcelona

En fecha 15 de diciembre de 2021, 16 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022, la Sindicatura recibió varios testigos de víctimas de abusos y vejaciones en esta escuela.

Uno de los testigos que se han dirigido a la Sindicatura expone que fue alumno desde el año 1981 hasta el 1991. Explica que este profesor tuvo conductas de abuso y vejaciones desde primero hasta octavo curso de EGB. Cuando estaba en séptimo curso se dirigió a la dirección de la escuela para denunciarlo, junto con otros dos niños que sufrían la misma situación. Se produjo una reunión entre los tres niños, el profesor, la directora y la subdirectora. En este encuentro se les obligó a pedir perdón al profesor y se los advirtió que no tolerarían nuevas acusaciones como estas.

Otro de los testigos que ha recibido esta Sindicatura reitera las vejaciones, amenazas, tocamientos y violencia física y verbal que sufrió por parte de este profesor a lo largo de su escolarización. Hace un relato exhaustivo de las varias situaciones sufridas, tanto en el núcleo de la escuela, como en las actividades extraescolares, colonias y salidas. Manifiesta que no se trataba de hechos aislados, sino que este comportamiento era habitual. Este testigo detalla que, después de sufrir una situación de abuso sexual, lo explicó a sus padres. En aquel momento, tuvo lugar un encuentro con la directora, la tutora del grupo, los padres y el niño. La escuela no se lo creyó y manifestó que “esto no podía ser verdad y que seguramente había malinterpretado los hechos”.

En definitiva, las personas denunciantes compartían el relato de que la escuela era conocedora de los hechos y que no hizo nada al respecto. El equipo directivo, en particular las directoras del centro de 1982 a 1991, por un lado, y de 1991 a 2012, del otro, eran conocedoras de los abusos, según los testimonios de estas personas.

La actuación de la escuela y de las administraciones responsables

Primeramente, la Sindicatura quiere manifestar que actualmente esta escuela cuenta con las herramientas y procedimientos para prevenir, detectar y atender cualquier situación de violencia. Tiene implantado el Proyecto Educativo, al alcance y conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa. También dispone de una Comisión mixta para atender los casos que se detectan. La situación actual no es la que vivió durante más de tres décadas el alumnado de la escuela pública Barcelona.

Revisando el relato efectuado por las víctimas, se pone de manifiesto que tuvieron que afrontar la convivencia con la persona agresora durante toda su escolaridad, donde su presencia era continuada y permanente, casi omnipresente en todos los espacios.

Desde la dirección actual de la escuela se detalla que la persona denunciada finalizó su vinculación con el centro educativo alrededor del año 2010, años antes de la llegada de la actual dirección (que lleva 4 cursos como equipo directivo y que no tiene ningún nexo con el equipo directivo del momento). Desde entonces, no ha mantenido ningún vínculo con el equipo actual ni con la AFA, completamente desconocedoras de qué hacía o cómo actuaba en la escuela.

La defensoría se dirigió al Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) para conocer la formación/titulación y la situación contractual de esta persona responsable de la educación física en la escuela. Aunque la titularidad de la Escuela Barcelona siempre ha sido del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, el CEB afirma que esta persona nunca ha tenido un vínculo contractual o laboral con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña o con el Ayuntamiento de Barcelona.

La Escuela Barcelona explica que el educador estaba contratado por la AMPA para hacer las actividades deportivas extraescolares y que no formaba parte del claustro de profesorado de la Escuela Barcelona. Pero no disponen de más información, puesto que, en 2016, el AMPA destruyó la documentación en papel de años anteriores, siguiendo el reglamento que les era de aplicación.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera incomprensible que la administración haya afirmado no conocer cuál era la relación contractual o laboral de esta persona, ni de qué formación profesional disponía el responsable de dar la actividad de educación física. A pesar de que se ha comunicado que no formaba parte del claustro escolar, es evidente que esta persona formaba parte de la estructura de la escuela donde estuvo durante más de treinta años.

Otro elemento que añade gravedad es que la dirección de la escuela, ante el conocimiento de los hechos, los negó, minimizó, y recriminó a las víctimas el daño que se hacía a la honorabilidad de la persona acusada. Esto demuestra que sin la clara connivencia de la dirección de la escuela de aquel momento, estos hechos no se hubieran producido ni hubieran continuado.

Este hecho motiva la indignación de las víctimas con el equipo directivo de la escuela de aquella etapa. No es aceptable que las personas que tenían el deber de velar por su integridad y dignidad personal, cuando fueron conocedoras de muchas de las conductas de esta persona, culparan a los niños en lugar de tomar medidas para protegerlos, como cesa de manera inmediata su presencia en la escuela. Por este motivo, las víctimas reivindican que se asuman responsabilidades institucionales.

El hecho que se trate de delitos prescritos ha impedido que, desde el ámbito penal, se puedan pedir responsabilidades y llevar a cabo una investigación con más profundidad. Pero, como se ha visto en otros casos (sobre todo cuando existe una pluralidad de víctimas en una misma institución), la prescripción penal no excluye la necesidad de que estas puedan obtener algún tipo de reparación. Por este motivo, la Sindicatura considera muy importante que, más allá de la posibilidad de intervención de la jurisdicción penal, se actúe a partir del paradigma de la justicia restaurativa y la reparación del daño, tal como recoge la OG número 13 del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas.

Al respecto, el Consorcio ha informado que el consejero de Educación anunció una investigación sobre los hechos ocurridos en esta escuela. Pero no se ha informado de ninguna actuación iniciada al respecto y parece que esta no ha ido más allá de condenar los hechos ocurridos y comprometerse a continuar trabajando para su erradicación en el ámbito escolar.

De acuerdo con estas consideraciones, la Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere poner de manifiesto que la administración educativa no puede únicamente limitarse a desarrollar una tarea preventiva frente a las violencias contra la infancia y la adolescencia, sino que también debe asumir responsabilidades institucionales cuando los hechos hayan ocurrido en centros educativos.

Por este motivo, la Sindicatura entiende que la administración educativa debería realizar una investigación en profundidad encaminada a conocer el alcance de los hechos producidos durante más de tres décadas en esta escuela pública de la ciudad de Barcelona.

Esta investigación debería ir acompañada de una voluntad de reparación del daño por parte de la escuela y de la administración, en línea con lo que recomienda el Comité de los derechos de la infancia de las Naciones Unidas.

De hecho, en fecha 23 de diciembre de 2021 el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento aprobó una Declaración Institucional por unanimidad en la que se comprometía a trabajar desde el Consorcio de Educación de Barcelona, del que forma parte, para averiguar los hechos sobre las presuntas violencias sexuales en la Escuela Barcelona, y a colaborar con el proceso de investigación iniciado. De acuerdo con esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un compromiso para aclarar los hechos producidos en la Escuela Barcelona, al cual debe responder de manera efectiva.

La Sindicatura de Greuges considera que la actuación del Consorcio de Educación de Barcelona ha sido insuficiente e incompleta para aclarar los casos de violencias denunciados por numerosos exalumnos de la Escuela Barcelona. Por este motivo, recomienda a la Concejalía de Educación que inste a este organismo a ir más allá de la condena de los hechos y la muestra de solidaridad con los víctimas, y ofrezca también las disculpas reparadoras que el alumnado merece.

Col·legi del Teatre de Barcelona: La Sindicatura advierte al Consorcio de Educación de la obligación de garantizar que todas las escuelas dispongan de protocolos para erradicar las violencias machistas

Col·legi del Teatre

A raíz de la actuación de oficio abierta por el caso del Col·legi del Teatre, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertido al Consorcio de Educación de Barcelona de su obligación de garantizar que todas las escuelas dispongan de las herramientas, documentación y protocolos adecuados para favorecer una buena convivencia y clima escolar, y que se aseguren de su conocimiento e implementación.

Por otro lado, la Sindicatura también ha recomendado al Consorcio de Educación de Barcelona que, en cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas, intensifique e impulse las actuaciones de difusión y formación de toda la comunidad educativa encaminadas a erradicar las violencias en todas las escuelas, sean públicas, concertadas o privadas.

El inicio de la actuación de oficio

A través de los medios de comunicación, la Sindicatura de Greuges de la ciudad conoció la noticia de la instancia que trece exalumnos presentaron en el Col·legi del Teatre de Barcelona, en fecha 28 de diciembre de 2021. En ella se exponen situaciones de acosos, abusos, vejaciones, y vulneraciones de derechos por parte de varios profesores entre los años 2005 y 2020. Estas personas también explicaban que, en su momento, pusieron en conocimiento de la dirección de la escuela los hechos y que esta no hizo ninguna actuación al respecto.

La Sindicatura se interesó por los hechos denunciados por el antiguo alumnado del Col·legi del Teatre para evaluar si se habían vulnerado los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres recogidos, entre otros, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y en la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. En el marco de esta actuación de oficio, en fecha 19 de enero de 2022, se solicitó información al Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) y al Col·legi del Teatre de Barcelona para saber qué conocimiento tenían de los hechos y cuáles habían sido las actuaciones impulsadas para proteger y garantizar el buen trato de las jóvenes.

La normativa vinculada a la violencia machista

Los hechos que estas exalumnas han rebelado en la carta de denuncia constatan la violencia machista que sufrieron en la escuela y su entorno. Naciones Unidas afirma en el preámbulo de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) que esta constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Ley catalana 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista también la define como una violación de los derechos humanos. Además, es una manifestación de la discriminación y desigualdad existentes en el marco de un sistema de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Esta violencia se produce por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, las intimidaciones y las coacciones, y tiene como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico.

Esta Ley reconoce el entorno educativo como un ámbito específico donde se puede manifestar la violencia machista entre los miembros de su comunidad en actuaciones como el acoso, el abuso sexual, el maltrato físico, sexual, psíquico o emocional. Las denuncias efectuadas por las exalumnas del Col·legi del Teatre están relacionadas con las violencias que pueden producirse en el entorno educativo, supuesto contemplado en esta norma.

Por último, la Ley 12/2009 de educación contempla las escuelas como espacio seguros donde se deben respetar los principios democráticos de convivencia, y los derechos y las libertades fundamentales. El derecho en una educación integral incluye, entre otras manifestaciones, el derecho a la protección contra toda agresión física, emocional o moral, así como el respeto del alumnado a su integridad física, su intimidad y su dignidad personal.

Las actuaciones posteriores a las denuncias

  • El profesor vinculado a las denuncias ha presentado su dimisión. La escuela la ha aceptado y ya no forma parte del claustro del centro.
  • Se ha actualizado el Proyecto de Convivencia y el organigrama del centro con un espíritu de autocrítica y de búsqueda de vías para mejorar la calidad educativa.
  • Se han organizado reuniones con el alumnado para tratar el tema y hacer aflorar el posible malestar o situaciones que fueran reprobables, así como incitar el alumnado para que aporte sugerencias. Se han facilitado espacios y momentos para que el alumnado se pueda reunir, y se ha iniciado un plan de formación del profesorado relacionado con el acoso y el abuso de poder.
  • Se ha intensificado el Plan de Acción Tutorial, insistiendo especialmente en los valores que impregnan el centro (respeto, democracia, participación, sensibilidad…).
  • Ha aumentado el interés por parte del alumnado y del profesorado para crear un buen clima de convivencia y ser conscientes de su importancia.

Las consideraciones de la Sindicatura

En el caso del Col·legi del Teatre de Barcelona, la violencia, explícita e implícita, era ejercida por el profesorado, comportamiento que todavía añade más gravedad a los hechos. Además, las exalumnas han expuesto la complicidad y pasividad del resto del claustro y la dirección, los principales encargados de impulsar y garantizar el buen clima escolar. Han explicado que eran situaciones conocidas por todo el mundo y que las víctimas no recibieron la ayuda esperada por el centro.

El centro es el responsable más directo y próximo en la implantación y activación de los protocolos de prevención y protección de la violencia, que tienen que ser conocidos y difundidos entre toda la comunidad educativa. La misma escuela ha reconocido su responsabilidad en los déficits existentes en la prevención y atención de la violencia. Y ha informado que ha iniciado actuaciones para cambiar las dinámicas relacionales entre los miembros de la comunidad educativa.

El primer paso que esta escuela ha dado correctamente es trabajar en la elaboración de un nuevo Proyecto de Convivencia para generar un buen clima escolar. También ha fomentado actuaciones de investigación para conocer si había más alumnado afectado y para incentivar su participación en el Proyecto de Convivencia.

Es necesario recordar que implementar un Proyecto de Convivencia en el marco del Proyecto Educativo es una obligación legal que tienen todas las escuelas, ya sean públicas, concertadas o privadas, del Servicio de Educación de Cataluña (Resolución del Departamento de Educación ENS/585/2017, de 17 de marzo, modificada el 16 de julio 2020). El Proyecto de Convivencia debe incluir los protocolos de prevención, detección e intervención frente a situaciones de conflictos gravemente perjudiciales para la convivencia, como establece el punto 6 del anexo de la Resolución ENS/585/2017.

Por otro lado, la Ley 12/2009 de educación otorga a la inspección de los servicios educativos las funciones de asegurar la aplicación del ordenamiento y garantizar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los deberes que se derivan. La denuncia a esta escuela ha destapado sus deficiencias, pero también la insuficiente actuación del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) en el cumplimiento de la normativa por parte la escuela, que ni siquiera disponía de la documentación obligatoria (como un Proyecto de Convivencia adecuado). Una vez conocidos los hechos, el CEB ha iniciado un trabajo conjunto con la escuela para orientarla en el diseño de esta herramienta.

Los síndics de Barcelona y de Cataluña reclaman compatibilizar la ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar y con adicciones con la consolidación del proyecto educativo de una escuela cercana

Entorno escolar

La Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya han recibido alrededor de unas treinta quejas de familias de una escuela relacionadas con la instalación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones a poca distancia de la escuela.

En virtud del convenio de colaboración firmado recientemente, ambas instituciones han hecho una actuación coordinada y han emitido una resolución conjunta.

En las quejas recibidas, las familias y el vecindario expresan su preocupación por la afectación que puede tener este nuevo equipamiento en la demanda social de la escuela. Por su parte, la escuela incide en el hecho que los últimos años se ha trabajado mucho para dar un nuevo impulso en el centro educativo y teme que el emplazamiento de este equipamiento pueda incidir en esta trayectoria de trabajo y en las próximas matriculaciones.

En este contexto, las dos instituciones quieren recordar que los centros de acogida para la recuperación de personas sin hogar con adicciones son servicios destinados a la atención socio sanitaria de personas en situación de vulnerabilidad, y a garantizar sus derechos básicos, y que la ubicación de estos centras en zonas urbanas es necesaria para promover la accesibilidad y la normalización de su atención. Con todo, también manifiestan que las administraciones deben analizar qué impacto generan sobre los derechos de terceras personas, a fin de adoptar las medidas compensatorias o preventivas necesarias, y valorar si hay alternativas de ubicación que lo minimicen.

En relación con este asunto, los defensores constatan que la escuela en cuestión es un centro con el 41,3% de alumnado con necesidades educativas específicas, a pesar de que en los últimos años ha tendido a reducir su complejidad. La ubicación del centro de acogida junto a la escuela puede afectar a su imagen si se identifica como un hecho negativo por parte de las familias de la zona. Dicho esto, la experiencia en otra zona de Barcelona ha permitido constatar que no necesariamente la implantación de un centro de este tipo tiene que suponer un impacto negativo sobre la demanda social de una escuela, puesto que, en aquel caso, la escuela más próxima, ubicada justo junto al centro, incrementó el número de solicitudes el año siguiente.

Para estudiar el caso se pidió información al Consorcio de Educación de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona. De las respuestas recibidas de las administraciones se desprende que el Ayuntamiento ha generado un espacio de trabajo transversal con el conjunto de servicios de territorio: la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Intervención en el Espacio Público y el Consorcio de Educación de Barcelona, para valorar el despliegue del servicio a la zona.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona también ha elaborado un plan específico para la escuela en relación con la implantación del centro de acogida, que, entre otras actuaciones, prevé un trabajo con el equipo directivo de la escuela. También ha puesto los medios para asegurar la presencia de dos mediadoras en los alrededores de la escuela para atender las inquietudes de las familias en los horarios de entrada y salida escolar, y manifiesta que coordinará los servicios de limpieza, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para que la zona próxima al equipamiento sea un entorno seguro.

En vista de todo esto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya piden que se formalice la elaboración de un plan de acción integral y de coordinación entre los diferentes servicios del territorio, con la participación de las diferentes partes afectadas, especialmente los miembros de la comunidad educativa de la escuela. Uno de los objetivos prioritarios de estas actuaciones debe ser evitar el impacto de la ubicación de este equipamiento en la demanda social del centro.

También piden al conjunto de administraciones implicadas la concreción de las actuaciones previstas para la consolidación del proyecto educativo del centro y para mejorar su demanda social. Para acabar, reclaman a las administraciones que sigan invirtiendo esfuerzos para garantizar el diálogo con la dirección de la escuela y la AFA.

Las dos instituciones se comprometen a analizar el impacto que puede tener la ubicación de este centro de acogida en la escuela a partir del análisis de los datos de solicitudes de preinscripción y de oferta inicial de plazas en el proceso de admisión para el curso 2022/2023 a P3.

El síndic recomienda al IBE que establezca medidas de control para evitar la repetición de situaciones discriminatorias

Discriminacio infancia casal estiu

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la expulsión del niño de la actividad el primer día es una situación discriminatoria que vulnera sus derechos.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al Institut Barcelona Esports (IBE) que establezca las medidas de control oportunas para evitar la repetición de situaciones discriminatorias, además de valorar si los hechos de esta desigualdad son susceptibles de infracción administrativa.

Discriminación de un niño en un casal de verano

Una familia barcelonesa se dirigió a la Sindicatura de Greuges de Barcelona para trasladar el malestar por el trato recibido por su hijo a un casal de verano organizado por un centro deportivo municipal (CEM) gestionado por una entidad privada.

Exponía que su hijo de 6 años presenta dificultades en el aprendizaje, situación que no ha impedido seguir la escolarización y llevar a cabo cualquier actividad. Tiene ciertos problemas en cuanto a la lectura, la escritura o las matemáticas, en las que cuenta con una persona de apoyo en la escuela, pero actividades como la psicomotricidad, la piscina, el inglés, la música o la plástica las gestiona solo.

De acuerdo con las recomendaciones recibidas, tanto de la psicóloga de la escuela como de la psicopedagoga del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, la familia apuntó su hijo a un casal de verano para facilitar la socialización del niño y compartir el juego. Primero asistió al casal de la escuela durante dos semanas, donde todo fue bien, y posteriormente lo inscribieron una semana a este casal de verano.

Antes de iniciar la actividad, la familia contactó con el responsable del casal para explicar la situación de su hijo, y se les respondió que no había ninguna dificultad porque tenían un equipo preparado. Sin embargo, el primer día, en el momento de recoger el niño, el responsable les dijo que su hijo había dado muchos problemas; que hacía atrasar el grupo en las actividades; que no podría asistir a la salida lúdica en un parque acuático porque no se le podía dejar solo, y que no podían tener un monitor solo para un niño, de forma que la opción seria que el día siguiente no volviera al Casal.

La familia considera inadmisible la vulneración de derechos que sufrió su hijo en una instalación pública del Ayuntamiento de Barcelona, además del daño moral y la afectación para su autoestima, motivo por el cual decidieron presentar una queja por escrito en el centro.

La actuación municipal

El Institut Barcelona Esports ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que, inmediatamente después de tener conocimiento de estos hechos, se puso en contacto con la familia y con el gerente de la entidad. Desde el IBE se añade que no hay constancia de hechos similares en todos los años que esta entidad lleva gestionando el centro deportivo municipal.

Por último, el IBE contactó con la familia, lamentó los hechos sucedidos y expuso la voluntad de seguir trabajando con el club en el marco del programa Esport Inclou, para evitar que vuelva a repetirse una situación como esta.

Las valoraciones de la Sindicatura

Esta actividad de verano para niños tiene lugar en el contexto del Protocolo de la campaña de actividades de vacaciones de verano para niños y adolescentes del Ayuntamiento, que tiene el objetivo de que todas las actividades de la campaña sean inclusivas. Por este motivo, se tendrán que hacer efectivos los medios para la participación de todos los niños con independencia de sus condiciones físicas, psíquicas o sensoriales.

Para esta finalidad, el Protocolo requiere que las actividades dispongan de los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar la inclusión. En caso de que el niño presente unas necesidades de atención específicas, el Ayuntamiento apoya a la entidad promotora complementando el equipo de monitores, e incluso prevé un tanto por ciento de reservas de plazas.

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha concluido que la expulsión del niño de la actividad el primer día es una situación discriminatoria y que vulnera sus derechos, tal como lo han reconocido la entidad gestora y el IBE, que ofrecieron disculpas a la familia desde el primer momento, con la indicación que no volvería a pasar.

Las políticas del Ayuntamiento hacen énfasis y trabajan por un deporte inclusivo que permita disfrutar a todo el mundo, especialmente a los niños y adolescentes. La Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere destacar que, más allá de las disculpas, para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir y establecer mecanismos de control para evitarlo, se debe valorar si la actuación de la entidad gestora supone la vulneración del ordenamiento jurídico y la comisión de alguna infracción administrativa que requiera sanción.

Comunicado de la Sindicatura de Greuges de Barcelona

Escuela pública

La Sindicatura de Greuges de Barcelona fue conocedora ayer del inicio del proceso de denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra por parte de personas víctimas de acoso, abusos, vejaciones y vulneraciones de derechos durante 20 años en una escuela pública de nuestra ciudad. Con su valentía, las persones denunciantes dan visibilidad a realidades totalmente inaceptables, y ayudan a su erradicación y a la corresponsabilización de toda la sociedad.

Ninguna violencia tiene espacio en nuestro día a día. Se deben conseguir espacios seguros, sin agresiones de ningún tipo, y con total respeto a los derechos de los niños y jóvenes. La Sindicatura de Greuges de Barcelona pretende identificar las actuaciones del centro de titularidad pública y de los órganos educativos responsables de proteger y garantizar el buen trato.

La Sindicatura también pedirá información para constatar los protocolos actuales para conseguir unas escuelas libres de violencia; las herramientas disponibles para los niños y jóvenes en estos casos; las acciones de prevención para proteger las personas menores, y la coordinación entre la comunidad educativa y las autoridades responsables.

Ante los repetidos casos de denuncias de acoso sexual a personas menores en instituciones públicas en nuestra ciudad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recuerda que, en su papel de institución de garantía de los derechos humanos, tiene competencias para recibir las quejas y los testigos de personas que consideren que las complicidades de los organismos públicos municipales en Barcelona han servido para alentar o silenciar históricamente estas prácticas delictivas, hayan prescrito o no.

La Sindicatura insiste en destinar los recursos necesarios para conseguir que cada barrio de la ciudad cuente con una área de juego infantil accesible e inclusiva

Area juego infantil

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha cerrado la actuación de oficio iniciada en 2020 sobre la implementación de elementos accesibles e inclusivos en las áreas de juegos infantiles con dos recomendaciones: por un lado, que tanto la renovación de las áreas como la creación de nuevas zonas de juego infantil cuenten con criterios de accesibilidad e inclusión para cumplir con el objetivo del 100% en 2030: y por otro lado, que cada barrio barcelonés disponga, como mínimo, de una de estas áreas para que las familias con niños con diversidad funcional no sean discriminadas.

El propósito del Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Pla de Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 presentado en 2019, es que el 100% de las áreas de juego nuevas y renovadas sean accesibles y con elementos certificados como inclusivos.

Con una visión global de los datos, se puede llegar a la conclusión que, en caso de seguir esta tendencia, será difícil conseguir el objetivo previsto, más todavía cuando se ha reconocido que de todas las nuevas áreas de juego creadas solo una parte se han construido con criterios de accesibilidad e inclusión. Si se acota más el foco, se observa que de las 89 nuevas áreas de juego previstas para el periodo 2015-2019, solo se han creado 73, y de estas solo 26 disponen de juegos accesibles o inclusivos.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que si bien ha habido una mejora en la evolución de la renovación de las áreas de juego existentes, es primordial hacer un esfuerzo para incrementar esta progresión. La defensoría ha resaltado la necesidad de llevar a cabo las zonas de juego infantil accesibles e inclusivas: “Si se quiere consolidar una nueva visión del juego en la ciudad y que sea líder en las políticas de accesibilidad e inclusión, tenemos que perseguir el objetivo que cada barrio cuente, como mínimo, con una área con juegos infantiles accesibles, inclusivos y adaptada para los niños con diversidad funcional”.

Es de gran importancia tener en cuenta y diferenciar que no solo se trata de accesibilidad física a los espacios de juego infantil, sino que el juego en cuestión también sea inclusivo desde el punto de vista comunicativo y cognitivo. Como bien muestran las cifras, es evidente que la infraestructura lúdica de la ciudad no es bastante diversa para ofrecer propuestas inclusivas a la infancia barcelonesa.

El origen de la actuación de oficio de la Sindicatura

Las primeras denuncias recibidas en esta institución sobre esta temática datan del año 2016, cuando la síndica ya emitió una decisión en la que pedía promocionar y construir más zonas de juego infantil plenamente accesibles e inclusivas. Tres años más tarde, y después de volver a contactar con las familias, expresaron que a pesar de que había pasado el tiempo, la situación de los parques infantiles inclusivos seguía igual y no había mejorado.

Por este motivo, en 2020 la Sindicatura de Greuges de Barcelona abrió una actuación de oficio para averiguar el grado de accesibilidad e inclusividad de las áreas de juego infantil de la ciudad, con motivo de las quejas presentadas por familias con niños con diversidad funcional que tienen dificultades para encontrar parques infantiles con elementos de juegos accesibles e inclusivos.

Las intervenciones del Ayuntamiento de Barcelona

En el pleno municipal del 23 de febrero del 2018 se presentó la medida de gobierno Cap a una política de joc a l’espai públic. El documento identifica las acciones previstas para los años 2018 y 2019 para definir el Plan de juego en el espacio público 2020-2030, y tiene el objetivo de ”ampliar y diversificar las oportunidades de juego libre e inclusivo a las áreas de juego”.

El año 2019 se presentó el Pla de Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, una iniciativa con 10 hitos clave, entre ellos la de ”incrementar las oportunidades de juego de las personas con diversidad funcional favoreciendo el juego inclusivo y el entorno accesible en las áreas de juego mediante mejoras de diseño de accesibilidad universal y aumentando los elementos de juego certificados como inclusivos”. El propósito final, con fecha límite en 2030, es que el 100% de las áreas de juego sean accesibles y con elementos certificados como inclusivos.

El análisis de la Sindicatura sobre la renovación y la creación de nuevas áreas de juego infantil

Período 2015-2017

Durante el periodo 2015-2017 se crearon 59 áreas de juego: solo en 16 de estas se instalaron juegos inclusivos y no en todos los casos incluyeron elementos de accesibilidad. La creación de estas áreas se concentró en los distritos de Sant Martí y el Eixample. Por otro lado, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi y Nou Barris no contaron con ninguna nueva área de juego infantil.

En ese mismo periodo se renovaron 111 áreas de juego infantil: tan solo incluyeron elementos inclusivos 35 de ellas, y únicamente en 14 se incorporaron elementos accesibles. Cómo en el caso anterior, la mayoría de las actuaciones se concentró en el distrito de Sant Martí, mientras que Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi y Horta-Guinardó fueron los distritos con menos actuaciones.

Período 2018-2019

Entre los años 2018 y 2019 estaba prevista la creación de 10 nuevas áreas de juego infantil: solo tres de ellas disponen de juegos accesibles o inclusivos, otras tres áreas no disponen de ningún elemento accesible ni inclusivo, y las otras cuatro todavía no se han llevado a cabo (una está en proyecto y las otras tres en obras).

En ese mismo periodo se renovaron 39 áreas de juego infantil, con la constatación de un cambio de tendencia respecto las renovaciones del periodo anterior: en 32 de ellas se han incorporado elementos accesibles o inclusivos. En este caso, la mayoría de las actuaciones se ha producido en Nou Barris, Sant Martí y Sant Andreu.

En cuanto a los 20 nuevos espacios lúdicos previstos para los años 2018 y 2019, cabe destacar que solo se han construido 8, mientras que el resto de espacios proyectados han sido anulados o suspendidos y todavía se continúa sin información al respecto. De estos ocho que sí que se han llevado a cabo, uno no dispone de juegos accesibles ni inclusivos (Pla del Sol) y dos de ellos no disponen de elementos accesibles (Parc Central de Nou Barris y Parc de la Pegaso).

La Sindicatura ha denunciado la naturaleza de estas actuaciones: “Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos en el Pla de Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, no nos explicamos la razón de la inexistencia de juegos accesibles o inclusivos en espacios lúdicos de nueva creación”.

Dificultad para conocer el número total de áreas de juego infantil

En cuanto a la totalidad de áreas de juego infantil en la ciudad, el contraste es evidente entre la información que nos ha facilitado el consistorio y los datos que pueden encontrar las familias en las páginas webs municipales. Si bien el Ayuntamiento ha trasladado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que la ciudad cuenta con 856 áreas de juego, cuando las familias llevan a cabo una busca por “áreas de juego infantil”, se encuentran que Parcs i Jardins informa de 600 áreas de juego, Ecología Urbana manifiesta que la ciudad dispone de más de 800 espacios públicos dedicados al juego infantil, y la web del Ayuntamiento, si aplicas el filtro de áreas de juego infantil y espacios con juego, enumera hasta 500.

De esta manera, queda patente la dificultad para obtener información precisa sobre cuáles son las áreas de juego accesibles. Tampoco es posible conocer donde están situadas las únicas 10 áreas de juego adaptadas para niños y niñas con diversidad funcional. Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se considera necesario hacer un esfuerzo para que próximamente estas informaciones sean accesibles para las familias de una manera fácil, rápida e intuitiva.

Vilà señala la necesidad de planificar las acciones concretas para la recuperación de las barandillas históricas del acceso al metro de Palau Robert y la Casa Batlló

Barandillas historicas

Después demás de seis años desde la existencia del proyecto ejecutivo para la recuperación de las barandillas históricas del Palau Robert y la Casa Batlló, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, señala la necesidad de planificar las acciones concretas para llevar a cabo la recuperación de estas dos barandillas históricas.

El año 2014 la síndica ya mostró interés en la recuperación de estas dos barandillas históricas, y la primera respuesta municipal desestimó esta iniciativa por el elevado coste que suponía. Pero durante el mes de julio de aquel mismo año la situación cambió y el Departamento de Proyectos Urbanos encargó el proyecto ejecutivo de renovación de barandillas en dos accesos históricos al metro: Palau Robert y Casa Batlló, que suponía un gasto de 425.759,52 euros. En aquel momento, la Sindicatura de Greuges de Barcelona valoró positivamente la recuperación de estos elementos ornamentales, teniendo en cuenta el hecho que el Ayuntamiento cumplía con el mandato legal de preservar y mantener el patrimonio artístico e histórico de la ciudad.

Posteriormente, en 2015, la Tenencia de Ecología, Urbanismo y Movilidad exponía que la ejecución del proyecto de recuperación de los accesos del metro del Palau Robert y la Casa Batlló restaba a la espera de la partida presupuestaria correspondiente. Desde la Sindicatura se seguía destacando positivamente que se hubiera elaborado un estudio al respeto y que hubiera previsión de actuación. Sin embargo, se lamentaba que actuaciones anteriores, menos cuidadosas con el patrimonio de la ciudad, tuvieran que generar un gasto en aquellos momentos y por eso se recomendaba al consistorio, que para evitar que se reprodujeran situaciones similares, se velara adecuadamente por la conservación de los elementos patrimoniales o singulares en la ciudad.

Sin embargo, nos encontramos en agosto del año 2021 y persiste la misma situación, ante la falta de asignación presupuestaría para el proyecto. Se observa, por lo tanto, que han transcurrido más de 6 años desde la existencia del proyecto ejecutivo para la recuperación de las barandillas históricas de Palacio Robert y Casa Batlló. Este es un plazo excesivamente dilatado para desarrollar una actuación, sobre la cual se recibe similar explicación a lo largo de los años: la falta de presupuesto. Un periodo de seis años sin que se haya asignado el presupuesto necesario pone de manifiesto la carencia de una voluntad municipal clara para su ejecución, hecho que preocupa a la síndica.

Tanto la normativa básica como la tarea que el mismo Ayuntamiento de Barcelona asume como propia, indican la necesidad de preservar y promover el patrimonio de la ciudad. La falta de actuación en la reposición de las barandillas de metro históricas del Palau Robert y la Casa Batlló, establece una distancia clara hacia aquello que prescribe la normativa y los compromisos municipales.
Por este motivo, la síndica quiere señalar la necesidad que se planifique de forma concreta cuando se podrán desarrollar las acciones sobre las cuales ya existen estudios y proyecto, para la cierta y pronta recuperación de las barandillas históricas de acceso al metro del Palau Robert y la Casa Batlló.

La síndica recomienda al Institut de Cultura de Barcelona agilizar el proceso de otorgamiento de subvenciones y mejorar la comunicación con la ciudadanía

Agilizar subvenciones ICUB

Después de conocer retrasos muy significativos en el otorgamiento de subvenciones por parte del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la síndica de greuges ha recomendado adoptar las medidas necesarias para mejorar y agilizar el procedimiento de otorgamiento de subvenciones, con el objetivo de reducir los plazos en la resolución de recursos y adecuarse a una buena Administración. Por otro lado, la síndica también ha trasladado al ICUB que, si no le resulta posible cumplir los plazos previstos, informe a la parte interesada sobre las razones del retraso y el plazo de tiempo estimado.

Casi un año y medio para recibir una subvención otorgada

Una entidad barcelonesa se ha dirigido a la Sindicatura de Greuges de Barcelona para denunciar que, después de casi un año y medio, todavía no se ha efectuado el pago de una subvención municipal otorgada. Añade que a pesar de haber presentado varias instancias, y haber intercambiado correos electrónicos y llamadas con el ICUB, la respuesta municipal ha sido que “se está tramitando”, sin detallar en qué momento del proceso se encuentra.

La entidad promotora de la queja alega que una vez aportada la documentación requerida para optar a la subvención, y reconocido por el ICUB el derecho a obtenerla por Resolución de 19 de diciembre de 2019, en fecha 9 de marzo de 2021 todavía no se había efectuado el pago. El ICUB ha explicado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el hecho de presentar la documentación presencialmente y en formado papel es el que ha hecho que se demorara más el procedimiento. En todo caso, si el hecho de presentarla presencialmente y en papel suponía que tardara semanas a llegar al departamento de subvenciones, nada impedía que, para no perjudicar la persona interesada, esta hubiera sido requerida para que enmendara la presentación presencial de manera electrónica, tal como prevé el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por lo tanto, una vez la promotora de la queja cumplió el requerimiento, dentro del plazo y en la forma oportuna, es la Administración quien tiene que actuar con la máxima diligencia y eficacia para resolver el recurso presentado para que la subvención otorgada se pueda hacer efectiva de manera inmediata. “Se debe tener en cuenta que, a pesar de la justificación dada por el ICUB, la cantidad de la subvención otorgada tampoco se satisfizo durante el ejercicio 2020”, ha añadido la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

En este sentido, no se puede obviar que un plazo excesivamente largo en la resolución provoca que el derecho a una buena Administración acontezca irrelevante. Resulta evidente que la expectativa creada por la Administración, y la confianza del ciudadano con la actuación de esta, se han visto afectadas por el retraso en el pago de la subvención, que, además de cobrar con un retraso considerable, ha generado un agravio consistente en la pérdida de un poder adquisitivo temporal por la actuación poco ágil y eficaz de la Administración.

En cuanto a la petición de información de la entidad sobre el estado del expediente, fuentes municipales han confirmado a la síndica que a la solicitud reiterada sobre el estado del expediente, se ha respondido que “estaba en trámite”. La Sindicatura de Greuges de Barcelona defiende que esta no es la información que tiene que facilitar una Administración eficaz. El ciudadano tiene derecho a conocer los motivos del retraso en el pago de la subvención, más cuando este ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Administración. En esta línea, se debe recordar la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que reconoce el derecho de los interesados que puedan conocer en todo momento el estado del procedimiento, así como la forma y manera en las que está siendo tramitado.

Finalmente, la entidad promotora de la queja recibió la subvención del Instituto de Cultura de Barcelona el pasado 7 de mayo del 2021, casi 18 meses después de formalizar la documentación para recibirla

La síndica recuerda al Institut Municipal d’Educació la obligación de cumplir el Reglamento UE 260/2012 y la necesidad de adaptarse a la normativa SEPA

Normativa SEPA

Tras la denuncia ciudadana por la imposibilidad de pagar la escuela bressol municipal con una cuenta bancaria europea, la síndica de greuges de Barcelona ha analizado la gestión del Institut Municipal d’Educació (IMEB) y ha recordado la obligación de cumplir con el Reglamento UE 260/2012 para ajustarse a la normativa SEPA de homogeneización de pagos en toda Europa.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tenido conocimiento de esta situación gracias a una familia que manifiesta su disconformidad con la escuela bressol municipal donde tiene inscrito su hijo, puesto que no aceptan una cuenta bancaria italiana para domiciliar los gastos mensuales de la escolarización del menor.

La respuesta del IMEB a esta problemática

El IMEB nos informa que la forma de cobro es la domiciliación bancaria, por lo cual la familia tiene que facilitar en el momento de la matrícula el documento SEPA debidamente firmado donde aparezca la cuenta corriente de 24 dígitos, de acuerdo con la regulación SEPA que corresponde en el Estado español.

El problema reside en que, por motivos técnicos, la aplicación de gestión y administración de las escuelas bressol públicas de Barcelona solo admite códigos IBAN de bancos españoles, que dispongan de 24 dígitos. Cada país emite códigos IBAN diferentes, hecho que imposibilita el correcto funcionamiento del sistema por el hecho de disponer de un diferente número de dígitos. El IMEB añade que no está previsto resolver esta irregularidad para adecuarse a la normativa europea.

La valoración de la síndica

El SEPA es el área donde los ciudadanos, empresas, administraciones públicas y otros agentes económicos, pueden hacer pagos electrónicos en euros a Europa, en el interior y el exterior de las fronteras nacionales de cada país. Su finalidad es homogeneizar los pagos que no se hagan en efectivo entre los países que integran la zona SEPA, atendiendo a un único conjunto de estándares y normas establecidas por el Reglamento UE 260/2012, de 14 de marzo.

El Reglamento de la UE es aplicable de forma automática y obligatoria para todos los países de la Unión Europea desde su entrada en vigor, e incluye las administraciones públicas cuando actúen como usuarias de servicios de pago, como es el caso de las escuelas bressol municipales.

El artículo 9 de este Reglamento establece el derecho de los consumidores de no tener que especificar el estado donde se tiene la cuenta en el cual se quiere hacer la domiciliación bancaria. Esto supone que las empresas de servicios y las administraciones públicas tienen la obligación de aceptar cualquier cuenta bancaria IBAN, sin que la persona titular de la cuenta pueda ser discriminada en función de si se trata de una cuenta nacional o de cualquier otro país de la zona SEPA, como es el caso de Italia. Si no es así, las administraciones de consumo pueden estimar este incumplimiento como una irregularidad que puede ser sancionada.

En este sentido, el 14 de mayo de 2020 la Comisión Europea decidió enviar una carta de notificación formal en España para que aplicase correctamente el Reglamento SEPA, basada en el hecho que la legislación fiscal española impide a los ciudadanos pagar sus impuestos a través de débitos directos si su cuenta bancaria es una cuenta de un banco extranjero. La normativa española establece que el proveedor del servicio de pago de un ciudadano necesita ser autorizado por las autoridades españolas como “entidad colaboradora”. A la práctica, este hecho dificulta mucho a los proveedores de servicios poder establecerse para realizarlo. Por lo tanto, la normativa española impide la utilización de cuentas bancarias de fuera de España, hecho contrario a lo que prevé el Reglamento SEPA 260/2012.


El IMEB aduce que por motivos técnicos de la aplicación no puede domiciliar los recibos de las escuelas bressol municipales en una cuenta radicada en Italia. Se debe destacar que el Reglamento UE 260/2012 establece, en el artículo 4.3, que el procesamiento de transferencias y cargos domiciliados no se tendrá que ver dificultado por obstáculos técnicos.

El IMEB también manifiesta que, por motivos económicos y legales, en casos de impago o devolución de recibos de precios públicos, es el Instituto Municipal de Hacienda quien se encarga del cobro de las cuotas, desde donde pueden actuar llegando incluso al embargo de cuentas. En cuanto a esta cuestión, la Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene constancia que desde el mismo Instituto Municipal de Hacienda se ha hecho la domiciliación de impuestos en cuentas bancarias de la zona SEPA, sin que haya sido ningún impedimento una hipotética dificultad de gestión futura en caso de impago.

Finaliza la fase de apoyo ciudadano a las candidaturas a la Sindicatura de Greuges con la participación de 3.034 personas y 189 entidades

Fase de apoyo ciudadano

Este 19 de mayo ha finalizado la fase de apoyo ciudadano del proceso de elección del futuro síndico o síndica de greuges de Barcelona, con la participación de 3.034 personas y la adhesión de 189 entidades a las diferentes candidaturas. Ciudadanía y entidades han podido mostrar su apoyo a alguna de las ocho personas que diferentes entidades de la ciudad habían presentado como candidatas, en la primera fase del proceso que se hizo entre enero y marzo. Ha sido la segunda ocasión en que el proceso de elección del cargo se ha abierto al tejido asociativo y a la ciudadanía en general, que hace cinco años concluyó con la reelección de Maria Assumpció Vilà en el cargo. Para este 2021, y a diferencia del 2016, el proceso se ha llevado a cabo íntegramente a la plataforma de participación municipal Decidim.Barcelona, a través de un sistema de verificación integrado con el padrón municipal, donde han podido participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Barcelona.

Con la apertura a la ciudadanía del proceso de elección se perseguía un doble objetivo. Por un lado, acercar el órgano de defensa de derechos a la ciudadanía, y por el otro, condicionar el debate y la negociación de los grupos políticos que componen la Corporación Municipal y que, en última instancia, y de acuerdo con la normativa, tendrán que escoger entre todas las candidaturas.

El proceso de recogida de apoyo ciudadano ha ido acompañado de una campaña de comunicación en toda la ciudad, así como de diferentes debates públicos de presentación y confrontación de las propuestas de las ocho candidaturas. Así, los medios de comunicación betevé y Onda Cero organizaron y emitieron debates, el 3 y el 11 de mayo respectivamente, y el Consell de Ciutat sometió también todas las candidaturas a una audiencia en la que tuvieron que responder a diferentes cuestiones planteadas por miembros del Consejo.

Si bien el mecanismo para apoyar a una de las ocho candidaturas se ha hecho exclusivamente por internet a través de la plataforma Decidim.Barcelona, se han habilitado también cinco puntos de acompañamiento presenciales para aquellas personas sin recursos informáticos o conocimiento para participar y salvar así la brecha digital. Estos puntos han sido repartidos a diferentes puntos de la ciudad, en Sant Andreu, Gracia, Sant Martí, les Corts y Horta-Guinardó.

Además de los apoyos a títulos individuales, el proceso de recogida de apoyos también preveía que las entidades pudieran adherirse a una de las candidaturas, acción que se ha llevado a cabo por un total de 189 asociaciones (entre las que presentaron las candidaturas y las que se han adherido en la segunda fase), todas ellas inscritas en Fichero de Entidades municipal. La lista de candidaturas según el número de apoyos ha sido lo siguiente:

  • David Bondia: 1.414 apoyos ciudadanos y 57 adhesiones de entidades.
  • Ramon Nicolau: 410 apoyos ciudadanos y 73 adhesiones de entidades.
  • Jordi Giró: 288 apoyos ciudadanos y 23 adhesiones de entidades.
  • Zaida Muxí: 270 apoyos ciudadanos y 10 adhesiones de entidades.
  • Isabel Alonso: 215 apoyos ciudadanos y 6 adhesiones de entidades.
  • Ricard de la Rosa: 186 apoyos ciudadanos y 9 adhesiones de entidades.
  • Rosa Cañadell: 167 apoyos ciudadanos y 3 adhesiones de entidades.
  • Rafel López: 84 apoyos ciudadanos y 8 adhesiones de entidades.