El Consorcio no tiene información sistematizada del porcentaje de centros que han aprobado los planes, si éstos cumplen el contenido mínimo establecido, el seguimiento y evaluación que se está haciendo de ellos o las medidas previstas en caso de incumplimiento.
Las escuelas deben ser espacios seguros, puesto que el derecho a una educación integral incluye la protección contra toda agresión física, emocional o moral del alumnado, el respeto a su intimidad y dignidad personal. Las normas de organización y funcionamiento de cada centro deben incorporar medidas para promover la convivencia y los mecanismos y para prevenir y resolver conflictos, sobre todo el de la mediación. Por eso, desde junio de 2021 cada centro debe tener un proyecto de convivencia.
Para conocer su estado de implantación, esta Sindicatura decidió iniciar una actuación de oficio, solicitando información al Consorcio de Educación de Barcelona (CEB).
¿Qué son los proyectos de convivencia, y por qué son primordiales?
Estos planes forman parte de los proyectos educativos de centro y deben reflejar las acciones que la escuela desarrolla para capacitar a los alumnos y al resto de la comunidad educativa para la gestión positiva de los conflictos. También se incluyen las medidas y actuaciones de intervención educativa en casos de conductas que perjudiquen gravemente a la convivencia. Se debe recoger un contenido mínimo:
- El contexto del centro de acogida en el proyecto educativo, con los rasgos de la escuela y de su entorno en relación a los factores que pueden incidir en la convivencia.
- Un diagnóstico de la situación de la convivencia en el centro educativo.
- La formulación de los objetivos específicos y de los indicadores de evaluación de éstos.
- Las medidas (temporizadas) y los protocolos de prevención, detección e intervención. Los centros pueden adaptar sus protocolos según su realidad.
Disponer de un proyecto de convivencia es esencial para mejorar el clima escolar y, en consecuencia, se favorece el aprendizaje, se crean unas relaciones interpersonales sanas, se generan entornos más seguros y ayudan a prevenir las violencias.
Obtener la información solicitada es inasumible, según el CEB
La Sindicatura, dentro de su misión de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su facultad de iniciar actuaciones de oficio y supervisar la Administración municipal, solicitó al CEB los siguientes datos:
- Proyecto de convivencia: porcentaje de escuelas que lo han implantado; cuántos cumplen con el contenido mínimo; medidas de los centros para realizar el seguimiento y la evaluación; actuaciones previstas por el consorcio en caso de incumplimiento.
- Comisiones de convivencia: número de centros que lo han constituido y han aprobado sus normas de funcionamiento; la organización y funcionamiento (miembros, proceso de elección); actuaciones previstas por el consorcio en caso de incumplimiento.
La respuesta del CEB fue que no disponen de esta información de forma sistematizada. Obtenerla implicaría una carga de trabajo inasumible, ya que los datos proceden de fuentes diversas. El ente recordará a los centros, a través del comunicado diario a las direcciones, la normativa vigente y la obligación de disponer de un plan de convivencia.
La Sindicatura reconoce que, en los últimos años, desde el consorcio se han llevado a cabo medidas para la mejora de la convivencia y para la incorporación del enfoque restaurativo en los centros, así como programas para mejorar la igualdad, la diversidad, la comunicación entre la escuela y las familias y la mediación. También facilitan a la comunidad educativa herramientas, manuales y protocolos diversos al respecto.
Ahora bien, es preciso recordar la obligación de las administraciones educativas, sobre todo de sus servicios de inspección, de velar por el respeto y el cumplimiento de las normas reguladoras del sistema educativo y por la aplicación de los principios y valores que se recogen, y de comprobar que se dispone de la documentación obligatoria (como un proyecto de convivencia adecuado). La Administración también debe garantizar que todos los centros dispongan de las condiciones que posibiliten un entorno de relación interpersonal basado en la igualdad, el respeto mutuo, la salud y la convivencia pacífica.
Las conclusiones de la Sindicatura
Teniendo en cuenta estas obligaciones, la actuación del CEB no ha sido eficaz ni ajustada a derecho. En la actuación de oficio concluimos que es necesario:
- Recordar al consorcio que debe ser diligente para garantizar que todas las escuelas dispongan de todas las herramientas, documentación y protocolos adecuados para favorecer una buena convivencia, y asegurarse de que los ponen en práctica.
- Recomendarle que intensifique e impulse las actuaciones de difusión y formación de toda la comunidad educativa que favorezcan la convivencia y erradiquen las violencias.
