Ante la falta de rigor de algunas compañías de suministro en la instalación del cableado en las fachadas, su impacto en el paisaje urbano y posible afectación en la seguridad de las edificaciones, proponemos también homogeneizar las prácticas en los diferentes distritos, realizar campañas de difusión en el vecindario y un seguimiento de las medidas implantadas.
Tras recibir varias quejas de la ciudadanía, la defensoría de la ciudad inició una actuación de oficio para analizar el impacto paisajístico del cableado que las empresas de suministro instalan en las paredes exteriores de los edificios. En paralelo, a través del programa Presencia en el Territorio, la Sindicatura ha podido comprobar los incumplimientos de muchas operadoras, especialmente en barrios con construcciones envejecidas y con un estado de conservación deficitario.
La reducción de este desbarajuste, que a menudo incomoda y hace sentir desprotegido al vecindario que lo sufre, ya era una de las diez propuestas de mejora incluidas en nuestro Informe Anual 2024 (que también se puede consultar en formato interactivo). Preservar la imagen de la ciudad además tiene una incidencia positiva en la salud física y psíquica de la población.
¿Quién tiene la responsabilidad de resolverlo?
La normativa estatal establece que la distribución del cableado en las fachadas por parte de los operadores no se permite en todos los casos; de hecho, se contempla como el último de los supuestos: sólo si no existen infraestructuras comunes de telecomunicaciones, si no se pueden enterrar, o si no se pueden pasar por los interiores de los edificios y, siempre que sea posible, deben utilizarse los despliegues y canalizaciones previamente instalados y adoptar medidas para minimizar el impacto visual.
Dicha responsabilidad recae en las empresas suministradoras, que deben impedir la provisionalidad, el desorden y la dejadez en las instalaciones.
A la Administración municipal (el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso) le corresponde, dentro de sus competencias en materia de urbanismo, proteger el paisaje urbano. También tiene potestad de inspección y control, y de aplicar el régimen sancionador cuando corresponda.
Las conclusiones y recomendaciones de la Sindicatura
Dada la normativa de aplicación, los criterios cómo aplicar y la potestad normativa de que dispone, la Sindicatura considera que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un amplio margen de mejora: en ningún caso se trata de impedir el despliegue de las telecomunicaciones, sino de preservar el derecho a un paisaje urbano armónico y respetuoso con el entorno, así como de la seguridad de las edificaciones.
Analizada la situación, y con el objetivo de contribuir a minimizar una problemática que afecta al conjunto de la ciudadanía, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emitido un pronunciamiento con las siguientes propuestas:
- Conocer el alcance de la problemática, a través de un mapa que identifique las zonas y edificaciones con mayor afectación, ya que las realidades en los distintos barrios son muy desiguales. Esto permitiría valorar las estrategias adecuadas para cada caso.
- Elaborar una guía de buenas prácticas y/o una normativa municipal específica, con la participación de los operadores de telecomunicaciones. Posteriormente, debería realizarse una difusión, implantación y seguimiento del grado de implantación. El Ayuntamiento dice que ya está trabajando en ello.
- Realizar campañas de difusión en las comunidades de vecinos y vecinas, ya que la ciudadanía debe ser partícipe y cómplice de la importancia de la situación. Según el consistorio, también se está actuando en ese sentido. Adicionalmente, sería conveniente valorar la apertura de una línea de ayudas o subvenciones específica.
- Homogeneizar las respuestas y prácticas en los distintos distritos, ya que determinadas actuaciones no responden a una estrategia común y genérica de ciudad. Aquí podría tener un papel fundamental la Gerencia de Coordinación Territorial y de Proximidad.
Imagen: Betevé
