Barcelona, 14 de marzo del 2017. — Después de una década en funcionamiento, ha quedado patente que la Ordenanza de convivencia no es eficaz para promover el civismo y castiga indebidamente a los colectivos vulnerables, dice la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumcpió Vilà. La síndica celebra que el Ayuntamiento haya empezado a trabajar en un replanteamiento de la norma y espera que el Gobierno consiga el máximo de consenso con el resto de grupos políticos para llevar a cabo los cambios necesarios.
Según la síndica, la Ordenanza de convivencia es una especie de código regulador de las diferentes actividades que pueden tener lugar en el espacio público. La norma establece los bienes jurídicos que se tienen que preservar y lo pretende hacer básicamente con multas a las personas que no los respeten.
Pero muchas de las infracciones que tipifica tienen como causa la desestructuración o exclusión social y situaciones de necesidad económica, lo que lleva a pensar que es un desacierto abordar estas cuestiones como si se tratara de un comportamiento voluntario y agresivo. Desde hace años, el Ayuntamiento, lejos de encarar las problemáticas sociales visibles en el espacio público con medidas constructivas, se limita a aplicar penalizaciones, que en muchos casos son desproporcionadas.

Nota de prensa